Diputados argentinos denunciarán al fiscal del caso $LIBRA por supuesto "entorpecimiento" de la investigación

El informe final de la Comisión Investigadora sobre la criptomoneda $LIBRA incluyó detalles sobre un contrato hallado en el teléfono de Mauricio Novelli, empresario señalado como intermediario entre los promotores del token y el entorno presidencial argentino. Ese documento, datado y resguardado por la comisión parlamentaria, establece el pago de 5 millones de dólares a Javier Milei a cambio de su respaldo público al activo digital. El acuerdo contemplaba tres desembolsos: dos iniciales de 1,5 millones de dólares cada uno por la promoción en redes sociales y un pago final de 2 millones asociado con la firma de un contrato posterior. El mismo texto fue incorporado como prueba en la causa judicial impulsada contra los impulsores y difusores de $LIBRA y es motivo de reclamos para que los involucrados aclaren su naturaleza ante la Justicia y el Congreso.

Según publicó el medio que reportó las declaraciones, miembros de la comisión parlamentaria que indagó el caso $LIBRA hasta noviembre de 2025 anunciaron este lunes que denunciarán al fiscal a cargo, Eduardo Taiano, por presunto “entorpecimiento” de la investigación. Maximiliano Ferraro, ex presidente de esa comisión y actual diputado por la Coalición Cívica ARI, confirmó en rueda de prensa la decisión de los legisladores de solicitar ante el Tribunal de Disciplina del Ministerio Público Fiscal el apartamiento de Taiano. Ferraro argumentó que el bloqueo a la causa impide avanzar “dadas las pruebas que confirman la responsabilidad política” y la participación “premeditada” del mandatario argentino, resaltando la necesidad de que Javier Milei rinda cuentas no solo ante la Justicia sino también ante el Congreso.

El medio detalló que el aumento exponencial del valor de la criptomoneda $LIBRA tras su promoción pública y el posterior derrumbe generaron pérdidas millonarias, motivo por el cual la comisión investigadora examinó los lazos entre operadores marginales de criptomonedas y altos funcionarios estatales. Ferraro sostuvo que el informe de la comisión documenta una “coordinación directa entre los operadores marginales del mundo cripto y el entorno más cercano del presidente, quien utilizó su investidura y poder para impulsar la criptomoneda a cambio de pagos millonarios”.

A partir de la denuncia pública, los diputados anticiparon nuevos requerimientos formales al Poder Ejecutivo. De acuerdo con la información recopilada por el medio, solicitarán por escrito que el presidente Milei, su hermana y secretaria de la Presidencia Karina Milei, y los funcionarios que contactaron al empresario Novelli expliquen los contenidos de sus conversaciones telefónicas mantenidas el día del lanzamiento del token. El objetivo consiste en esclarecer la naturaleza de esas comunicaciones y los eventuales acuerdos alcanzados con Novelli, quien figura en las investigaciones como intermediario entre los promotores de $LIBRA y el entorno presidencial.

El anuncio incluyó el compromiso de la bancada parlamentaria de promover la interpelación en el Congreso del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de Karina Milei, con el fin de que detallen en sesión pública los vínculos, movimientos financieros y eventuales participaciones relacionadas con la criptomoneda. Según indicó Ferraro, también se instará a establecer una comisión ad hoc para ejercer un seguimiento “permanente” sobre los avances y retrocesos del expediente; además, se evalúa iniciar una segunda etapa de investigación desde la Cámara de Diputados, focalizada en delimitar las responsabilidades políticas del presidente y de los funcionarios vinculados al caso.

Otra de las demandas formuladas por la Coalición Cívica ARI y otros bloques refiere a los ataques a la prensa y a periodistas que cubrieron las novedades del proceso. Ferraro defendió la importancia de que el Poder Judicial asuma el papel de "garante" de la libertad de prensa, subrayando la necesidad de “alertar y denunciar” la que definen como "grave persecución judicial" sufrida por la periodista Natalia Volosin. El legislador propuso que la Cámara de Diputados emita un repudio formal por lo que consideran presiones y obstáculos a la labor periodística en el seguimiento del caso.

Luego de la presentación de los diputados, el debate se extendió a los funcionarios del Poder Ejecutivo. Según reportó el medio, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, en declaraciones a la señal televisiva argentina A24 calificó de "imprudente" acusar de un delito al presidente sin que exista imputación formal. Mahiques resaltó que la acusación se produce “sin haber, ni siquiera, estado imputado en una causa y más cuando se trata del presidente de la Nación”, indicando que las declaraciones públicas sobre presunta culpabilidad deben evaluarse con cautela.

La causa que investiga los hechos vinculados a la criptomoneda $LIBRA fue motivo de controversias políticas y disputas en el ámbito judicial, donde los diputados acusan a Taiano de obstaculizar las pesquisas y reclaman más celeridad en la producción de pruebas. El expediente, desde su inicio, incluyó como elementos principales el análisis del rápido crecimiento del token, la promoción a cargo de referentes políticos, el derrumbe abrupto de su precio y los contratos presuntamente rubricados entre empresarios afines al mundo cripto y figuras del primer plano de la política argentina.

La discusión pública se ha centrado, según reportó el medio, en las responsabilidades de quienes promovieron la moneda y en la transparencia con la que se llevaron a cabo las operaciones financieras y comunicacionales durante el proceso. Los pedidos de informe a la Presidencia y a otras áreas del Ejecutivo buscan dilucidar si existieron beneficios personales, acuerdos no registrados o pagos extraordinarios ligados a la promoción de $LIBRA, sobre todo a la luz del contrato que establece los mencionados desembolsos millonarios.

La reacción de la ministra de Justicia y de otros funcionarios también abrió un debate sobre la presunción de inocencia y el rol de la Justicia en la imputación formal de autoridades en ejercicio. Las diferencias entre las posturas de los diputados y el Ejecutivo han incrementado la presión institucional sobre la Fiscalía y sobre el Poder Judicial, mientras se multiplican los llamados a clarificar la trama de vínculos, movimientos financieros y supuestas coordinaciones entre figuras públicas, empresarios y operadores cripto.

El desarrollo del caso continuará bajo la atención de la agenda parlamentaria, donde el seguimiento sobre el accionar de los distintos actores políticos, judiciales y empresariales persiste como uno de los ejes de mayor repercusión pública y política, según consignó el medio que cubre la disputa en torno a la investigación y la denuncia presentada contra el fiscal Taiano.