La Policía Federal de Brasil suspendió a Eduardo Bolsonaro de sus funciones administrativas en la delegación de Angra dos Reis y le abrió un proceso disciplinario tras registrar su ausencia injustificada. Tal como reportó el medio de comunicación, Eduardo Bolsonaro dispone de quince días para presentar alegaciones ante la investigación interna, luego de haber dejado su puesto sin autorización, al tiempo que permanece en Estados Unidos bajo autoexilio y prófugo de la Justicia brasileña por acusaciones impulsadas por el Tribunal Supremo.
Según publicó la fuente, Eduardo Bolsonaro fue notificado formalmente por la Policía Federal este lunes, dando así inicio a un procedimiento que podría derivar en su destitución definitiva. El hijo del expresidente Jair Bolsonaro fue suspendido en febrero y hasta la fecha no ha regresado a Brasil ni entregado su placa ni su arma de dotación, a pesar de la directiva emitida por la institución tras su salida injustificada del puesto de administrativo.
El proceso disciplinario, consignó el medio, se abrió después de que Eduardo Bolsonaro perdiera su escaño como diputado ante la Cámara de Diputados en diciembre de 2025 por reiteradas ausencias sin justificación. Durante su mandato parlamentario, ejercido desde 2015, la Policía Federal le otorgó licencia sin goce de sueldo, condición que terminó con el cierre de su gestión legislativa y la instrucción inmediata de reincorporarse a su cargo policial.
El medio detalló que desde febrero de 2025, Eduardo Bolsonaro reside en Estados Unidos. El exparlamentario había viajado con el fin declarado de interceder por su padre ante las autoridades estadounidenses tras la apertura de investigaciones judiciales relacionadas con el intento de golpe de Estado de 2022 en Brasil. En noviembre del mismo año, la Justicia lo acusó formalmente de dificultar los procedimientos relacionados con dicha causa, lo que, según la Policía Federal, agrava su situación legal.
De acuerdo con lo informado, el Tribunal Supremo sostiene que Eduardo Bolsonaro ha empleado su permanencia en territorio estadounidense para fomentar desconfianza respecto a las instituciones judiciales brasileñas y promover cuestionamientos sobre la imparcialidad de autoridades como el juez Alexandre de Moraes. Este magistrado había sido objeto de sanciones internacionales impulsadas por la administración de Donald Trump, que posteriormente fueron levantadas. Según las investigaciones presentadas, se atribuye a Eduardo la difusión de mensajes y declaraciones críticos hacia el sistema judicial brasileño, principalmente en el contexto del proceso judicial enfrentado por su padre.
Como parte de las consecuencias directas de estos hechos, el magistrado De Moraes decretó en agosto de 2025 el arresto domiciliario de Jair Bolsonaro, decisión que precedió a la condena a 27 años de prisión del exmandatario por el caso del intento de golpe de Estado. El medio consignó que los meses iniciales de Eduardo Bolsonaro en Estados Unidos coincidieron con un período de elevada tensión diplomática entre Brasil y Estados Unidos. En ese intervalo, Washington impuso aranceles a productos brasileños, sanciones y restricciones de movilidad a la delegación oficial que asistió a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Asimismo, el entonces presidente Donald Trump criticó abiertamente el proceso judicial contra Bolsonaro ante este foro internacional.
El desarrollo del caso disciplinario contra Eduardo Bolsonaro forma parte de un entramado más amplio de investigaciones y disputas políticas generadas tras los acontecimientos de 2022, donde las instituciones brasileñas han reforzado sus investigaciones y acciones disciplinarias contra exfuncionarios y altos cargos relacionados con el expresidente. La situación legal del hijo de Jair Bolsonaro permanece vinculada tanto a procedimientos administrativos en el ámbito policial como a cargos de índole judicial, destacando el cruce de acusaciones entre el exdiputado, los tribunales de Brasil y las gestiones diplomáticas ante Estados Unidos.
La Policía Federal, en su comunicación, advirtió que la no comparecencia y el incumplimiento de los procedimientos puede derivar en sanciones adicionales, incluida la destitución definitiva del cargo administrativo. Eduardo Bolsonaro, por el momento, permanece fuera del país y sin entregar sus efectos personales oficiales, situación que continúa siendo monitoreada tanto por las autoridades policiales como judiciales.
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