La CUP apoya la huelga de profesores y recrimina al Govern la actuación de Mossos

Durante la consulta organizada por el sindicato Ustec·Stes, un 95% de los 42.965 docentes participantes expresó su rechazo al acuerdo alcanzado entre la Generalitat y los sindicatos CC.OO. Educació y UGT. A partir de este dato, Su Moreno, portavoz de la CUP, ha señalado que el Govern optó por aliarse con sindicatos que carecen de representación suficiente en el ámbito educativo, lo que, en su opinión, constituye una respuesta inadecuada frente a las demandas legítimas de los profesionales del sector y representa un intento de reducir la movilización docente.

Según informó el medio que cubrió la rueda de prensa de Moreno, la CUP manifestó un respaldo explícito a la jornada de huelga convocada este lunes por el profesorado en Catalunya. Moreno cuestionó de manera directa la actuación del Departament d’Interior y, específicamente, de los Mossos d'Esquadra durante las protestas. La portavoz afirmó: “Interior ha vulnerado el derecho a hacer huelga del profesorado. Se permiten cortes de vías en función de quién las hace. Nos preocupa cómo actúan los Mossos como herramientas de poder y del Govern”. El comentario remite a situaciones donde, según denunció la diputada, la actuación policial habría respondido a intereses políticos y no a la preservación de derechos fundamentales, en particular el derecho a la huelga.

El medio que cubrió la conferencia detalló que Moreno criticó los pactos sindicales promovidos por la administración catalana con CC.OO. Educació y UGT; calificó estos acuerdos de “un intento de desmovilización y una tomadura de pelo a la población”. Argumentó que la respuesta del Govern se mantuvo alejada de las verdaderas preocupaciones del colectivo docente y acusó al Ejecutivo de “dar la espalda a las necesidades del sector y de pactar con los sindicatos cómplices del poder”. La CUP, a través de Moreno, insistió en que no se pueden considerar representativos los acuerdos alcanzados con organizaciones sindicales que, según ella, no cuentan con suficiente implantación entre el profesorado.

De acuerdo con el reporte del mismo medio, Moreno abordó también cuestiones de contexto más amplio. Tras la reunión mantenida el viernes entre el Govern y los partidos catalanes tras la cumbre convocada para analizar las consecuencias de la guerra en Oriente Próximo, advirtió sobre la especial vulnerabilidad de la economía catalana ante el escenario internacional. Para la CUP, las crisis actuales representan “un reflejo de las debilidades del capitalismo”, lo que, a juicio de Moreno, exige reformas de fondo tanto en el modelo productivo como en las políticas de protección social y laboral.

Tal como consignó el medio, Moreno abogó por intensificar el control sobre los precios de los productos considerados esenciales y por condicionar cualquier tipo de ayuda pública destinada a empresas privadas. En su intervención, la portavoz declaró: “Los servicios esenciales no pueden estar sometidos a los intereses de los especuladores”. Añadió que las clases trabajadoras catalanas no deberían asumir el costo de crisis, como la generada por el actual conflicto internacional, de la que no son responsables.

Durante sus declaraciones, Moreno trasladó también la preocupación de la CUP por el papel que desempeñan los cuerpos policiales autonómicos cuando, en su percepción, actúan bajo criterios políticos y no de salvaguarda de derechos. Al criticar la gestión del Departament d’Interior y del Ejecutivo catalán, la representante de la CUP buscó enfatizar su rechazo hacia aquellas acciones que, según la formación, priorizan los intereses ajenos sobre los sociales y laborales en un momento de crisis.

El medio señaló que el foco de la intervención de Moreno se mantuvo tanto en la defensa del derecho de huelga como en la denuncia de la gestión política sobre las movilizaciones, reclamando una revisión de los acuerdos adoptados por las autoridades autonómicas y una mayor atención a las demandas reales de los colectivos docentes y trabajadores. Además, la diputada pidió la adopción de políticas que garanticen la protección de los servicios públicos fundamentales frente a sectores privados y a posibles dinámicas especulativas.