El detenido por el crimen machista de Pedreña había sido condenados por dos casos de violencia de género en Madrid

El hombre arrestado en Pedreña, Cantabria, bajo sospecha de haber asesinado a su pareja el sábado, enfrentó en el pasado dos condenas firmes por delitos de violencia de género en Madrid, según informes de la Delegación del Gobierno en Cantabria citados por El País. Los antecedentes corresponden a denuncias de dos mujeres diferentes, presentadas en 2011 y 2019 en la capital española. Ambas sentencias, según la autoridad, ya no figuraban activas en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGen) al momento de su reciente detención.

El medio El País detalló que el sospechoso, de 52 años, fue arrestado el domingo en Pedreña, localidad ubicada en el municipio cántabro de Marina de Cudeyo, después del hallazgo sin vida de una mujer de 64 años con signos de violencia, quien era originaria de Madrid y, según datos oficiales, era su pareja sentimental. La Delegación del Gobierno precisó que la víctima no vivía en matrimonio con el detenido, ni tenía familiares residiendo en Cantabria. Además, confirmaron que no existían denuncias previas por parte de la víctima contra el hombre, situación que la excluyó de los protocolos de seguimiento de protección inmediatos.

Según consignó El País, la ausencia de denuncias por parte de la víctima y la conclusión de los expedientes anteriores en el sistema VioGen dificultaron la activación de medidas preventivas. La Delegación del Gobierno en Cantabria subrayó que los procedimientos judiciales por maltrato en 2011 y 2019 finalizaron y no mantenían vigencia a efectos del control policial o judicial. Ese historial, aunque inactivo, fue detallado por autoridades para contextualizar la gravedad del reciente crimen.

El arresto del sospechoso generó inquietud en la comunidad local, de acuerdo con lo publicado por El País. El homicidio se sumó a los casos de violencia de género que preocupan tanto a las autoridades como a la sociedad, al constatarse que no existía una denuncia vigente ni un seguimiento actualizado sobre el agresor. La Delegación del Gobierno insistió en que, pese a los antecedentes, no se pudieron activar alertas por la falta de acciones judiciales recientes y por la no existencia de denuncias en la relación actual.

El sistema VioGen resulta fundamental para el seguimiento y protección de víctimas de violencia de género. Según informó El País, en este caso el proceso de control no se aplicó al tratarse de situaciones anteriores ya archivadas. Autoridades remarcaron que el historial judicial del arrestado estaba cerrado y no contemplaba notificaciones de riesgo para su actual pareja. La edad y el origen de la víctima –una mujer de 64 años nacida en Madrid, pero residente en Cantabria– también fueron confirmados por fuentes oficiales citadas por dicho diario.

El homicidio, cometido presuntamente por el detenido, se constituye en un caso donde los mecanismos formales de protección no se activaron, pese a que el implicado había sido condenado dos veces en el pasado por hechos similares. El País reportó que, según portavoces de la Delegación del Gobierno, la inactividad de sus antecedentes judiciales responde a la conclusión de los procedimientos, por lo que no estaba bajo vigilancia específica y no existía ninguna orden de alejamiento ni protección con respecto a la víctima.

Las investigaciones policiales continuaban para esclarecer todos los factores que rodearon el asesinato en Pedreña. El periódico añadió que la Delegación del Gobierno valoró la importancia de la denuncia previa en estos casos para que los sistemas de alertas, seguimiento y protección operen de manera adecuada. Autoridades insistieron en la ausencia de notificación de riesgo por parte de la víctima como una de las razones que impidió la actuación preventiva antes del homicidio.

El caso permanece en proceso judicial y policial, mientras que la Delegación del Gobierno reiteró en sus declaraciones la relevancia de que posibles víctimas denuncien cuando se produce maltrato, para que los dispositivos de protección activos puedan intervenir y ofrecer acompañamiento y vigilancia, según datos recogidos por El País.