
El caso de Perkins Rocha, abogado y exrepresentante del Comando con Venezuela durante el proceso electoral del 28 de julio de 2024, permanece en el centro del debate sobre la aplicación de la Ley de Amnistía en Venezuela. Según informó Europa Press, María Corina Machado, líder opositora venezolana, denunció que Rocha continúa en arresto domiciliario y porta un grillete electrónico en el tobillo, a pesar de las solicitudes y los argumentos en favor de concederle la amnistía. Machado argumentó que “el régimen lo secuestró durante 17 meses por la potencia y precisión de su palabra. Por decir y defender la verdad”, y exigió su liberación plena junto con la de todos los prisioneros por motivos políticos.
La aplicación selectiva de la Ley de Amnistía se ha convertido en motivo de controversia y ha generado denuncias de represión por parte de la oposición. De acuerdo con Europa Press, Machado advirtió que negar el beneficio de la amnistía a algunos detenidos constituye un acto de represión. En palabras de Machado, “negar la amnistía selectivamente es represión. El régimen encabezado por Delcy Rodríguez pretende prolongar el terror para quebrar la moral de quienes luchan por la democracia y la libertad en Venezuela, que ya están tan cerca”.
Machado sostuvo que el gobierno, con la presidenta Delcy Rodríguez al frente, busca utilizar la justicia de manera selectiva como mecanismo de control y demostración de poder sobre la disidencia. Según publicó Europa Press, Machado añadió: “El régimen cree que a través de su ‘justicia’ selectiva demuestra que tiene poder y control. Los venezolanos sabemos que en realidad ellos temen a una nación que ha decidido ser libre”.
La dirigente opositora insistió en que esta estrategia estatal no conseguirá el objetivo que persigue. Machado expresó que Venezuela ha avanzado significativamente en su lucha política y que hoy, frente a cada nuevo abuso, lejos de paralizarse, aumenta la convicción de que el proceso hacia la libertad es irreversible. La líder opositora recalcó: “No podrán” porque “Venezuela decidió ser libre”.
La situación de Perkins Rocha se ha presentado como representativa de aquellos casos que, a criterio de organizaciones y actores opositores, demuestran la arbitrariedad en la aplicación de la Ley de Amnistía. Según consignó Europa Press, Machado subrayó la necesidad no solo de excarcelar sino de liberar plenamente a Rocha y al resto de los denominados presos políticos: “Perkins Rocha y todos los presos políticos deben estar plenamente libres. No excarcelados, no judicializados: ¡Libres!”.
La ONG Foro Penal proporcionó datos sobre la magnitud de las libertades concedidas tras la aprobación de la amnistía. De acuerdo con dicho organismo, citado por Europa Press, desde el anuncio oficial de excarcelaciones el 8 de enero de 2026 se han contado un total de 690 liberaciones de presos políticos en el país. Sin embargo, la organización, en voz de su presidente Alfredo Romero, ha denunciado que la negativa a conceder la amnistía a Rocha constituye “una grave violación de los derechos humanos”, según recogió Europa Press.
En contraste, las autoridades venezolanas afirman haber otorgado la “libertad plena” a más de 7.365 personas desde la promulgación de la Ley de Amnistía el 20 de febrero, legislación que permite la excarcelación de individuos condenados o procesados por delitos ocurridos desde 1999. Según publicó Europa Press, hasta la fecha el gobierno ha recibido 1.557 solicitudes formales para la aplicación de dicha ley.
La Ley de Amnistía contempla trece eventos específicos, según el artículo 8 del texto normativo, como criterios para la elegibilidad de la medida. Entre estos eventos se encuentran el golpe de Estado de abril de 2002 contra el expresidente Hugo Chávez, el paro petrolero entre 2002 y 2003, el referéndum revocatorio de 2004 contra Chávez y varias protestas antigubernamentales ocurridas en 2007, 2013, 2017 y 2024, de acuerdo con la información divulgada por el Gobierno de Venezuela y reportada por Europa Press.
La existencia de discrepancias entre el número de beneficiarios y los casos que siguen pendientes de resolución ha contribuido a profundizar el debate sobre la imparcialidad y alcance real de la amnistía. Europa Press detalló que, mientras el gobierno destaca el impacto positivo de la liberación de miles de personas, tanto movimientos de derechos humanos como sectores de la oposición denuncian la persistencia de criterios restrictivos y la continuidad de represalias contra líderes y activistas opositores.
En su balance, María Corina Machado manifestó que cada nueva violación de derechos representa no una derrota sino un incentivo para la movilización y la lucha en Venezuela, reafirmando su exigencia de libertad plena y sin condiciones para todos los detenidos por motivos políticos. La situación ilustra el ambiente político y judicial tras la aprobación de la Ley de Amnistía y anticipa nuevos desafíos en el entorno de los derechos fundamentales y la justicia en el país, de acuerdo con la información presentada por Europa Press.
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