La Fiscalía del TPI abre una investigación contra Bielorrusia por posibles delitos de lesa humanidad

El caso presentado por Lituania ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) destaca la acusación de que altos funcionarios de Bielorrusia habrían impulsado medidas represivas como parte de una estrategia de Estado, afectando tanto a opositores políticos como a ciudadanos considerados enemigos por el propio Gobierno. Según informó el TPI este jueves, este sería uno de los contados episodios en que un Estado parte de la corte eleva formalmente una denuncia por delitos como persecución política, deportaciones forzadas y desplazamientos masivos en la frontera, responsabilizando directamente a la dirigencia de un país vecino.

De acuerdo con la información publicada por el TPI, la Fiscalía de la corte internacional determinó la existencia de "fundamento razonable" para sostener que los hechos denunciados configuran crímenes contra la humanidad. El organismo sostuvo que los presuntos actos coercitivos que derivaron en las deportaciones estarían dirigidos a silenciar o castigar a quienes representen una amenaza, real o percibida, a las autoridades bielorrusas. El informe precisa que estos hechos no se trataron de incidentes aislados, sino que formarían parte de una política estatal focalizada en la eliminación y persecución de la disidencia interna.

El procedimiento judicial se centrará en varios hechos denunciados en 2024, año en el que Lituania, apoyada por otros Estados fronterizos, presentó formalmente la acusación ante el tribunal. El texto de la denuncia sostiene que Minsk, bajo aprobación o aliento de los máximos niveles del Gobierno, llevó a cabo acciones organizadas que desembocaron en el desplazamiento forzado de miles de personas, muchas de las cuales buscaron refugio en países vecinos, especialmente a raíz del incremento de tensiones tras la invasión rusa a Ucrania.

El informe de la Fiscalía del TPI, publicado este jueves y citado por diversas fuentes, indica que los crímenes apuntados en la denuncia presentan las características de un ataque "generalizado y sistemático" contra la población civil. Entre los aspectos mencionados por la Fiscalía, se incluye la "gran escala" de los hechos, el elevado número de personas afectadas y la compleja organización que permitió su ejecución.

Según detalló el Tribunal Penal Internacional, la mayoría de los episodios documentados se dieron en territorios próximos a la frontera entre Bielorrusia y Lituania, una región que en los últimos años se transformó en foco de crisis migratorias. Estas circunstancias coincidieron con crecientes denuncias por parte de Lituania y otros Estados de la región sobre la supuesta utilización de flujos migratorios por parte de Minsk como herramienta de presión política, en respuesta al apoyo brindado por estos países a Ucrania en el contexto del conflicto con Rusia.

Las denuncias presentadas por Lituania, y recogidas por el TPI, vinculan la intensificación del fenómeno migratorio en la frontera con una estrategia más amplia diseñada por las autoridades de Minsk. Los testimonios y documentos aportados plantean que las campañas de deportación habrían estado acompañadas por hostigamientos, detenciones arbitrarias y otras prácticas destinadas a eliminar la resistencia interna o castigar el respaldo a iniciativas opositoras.

El medio Tribunal Penal Internacional consignó en su declaración que la apertura de la investigación representa un hecho infrecuente en la historia reciente de la corte debido a la implicancia directa de un Gobierno nacional en la orquestación de crímenes de esta naturaleza contra sus propios ciudadanos, así como el desafío diplomático que implica instruir causas con dimensiones transfronterizas.

Además, el informe del organismo internacional menciona que la postura adoptada por Lituania se sustenta en el deterioro de la situación de los derechos humanos en Bielorrusia durante los últimos años. El documento señala que, tras el incremento de represalias contra manifestantes y opositores luego de las elecciones presidenciales, se aceleró la implementación de políticas de expulsión que incluyeron el traslado forzado de personas a zonas fronterizas, como parte de una práctica que el gobierno reclamaba por razones de seguridad nacional.

De acuerdo con el Tribunal Penal Internacional, la investigación se enfocará en determinar si existe suficiente evidencia para identificar responsabilidades penales individuales entre funcionarios y líderes bielorrusos involucrados en la elaboración, ejecución o encubrimiento de las acciones señaladas. El TPI enfatizó que el procedimiento mantendrá como prioridad la protección de potenciales víctimas y la recopilación exhaustiva de pruebas documentales y testimoniales.

El medio Tribunal Penal Internacional detalló, además, que otros países limítrofes con Bielorrusia han manifestado preocupación por el impacto humano y social derivado de las presuntas deportaciones y prácticas de represión interna, y afirmaron su respaldo a Lituania ante la jurisdicción internacional. Algunos gobiernos europeos denunciaron previamente lo que describen como una "guerra híbrida" promovida por Minsk, en la que los movimientos migratorios serían utilizados con fines de desestabilización regional y represalia política vinculada al conflicto en Ucrania.

Mientras avanza la investigación, la Fiscalía del TPI subrayó en su declaración la relevancia de abordar supuestas violaciones a los derechos humanos cometidas por actores estatales y la importancia de la cooperación entre las instituciones de justicia internacional y las autoridades nacionales de los países afectados. El Tribunal Penal Internacional anticipa, además, que la instrucción del caso podría sentar precedentes en la interpretación de crímenes transfronterizos facilitados por el uso de políticas migratorias como método de presión diplomática.

El TPI concluyó su comunicado reiterando el compromiso del organismo con la supervisión imparcial y el seguimiento estricto del proceso establecido para crímenes de su competencia, en cumplimiento de lo dispuesto por el Estatuto de Roma y en colaboración con los países miembros y con las entidades responsables de la protección de derechos humanos a nivel internacional.