
La asignación de un paquete de ayuda financiera por 9 millones de euros destinado a aliviar las consecuencias de la crisis de refugiados y el sufrimiento de la población libanesa se suma a la solicitud expresa de España para que se proteja la soberanía, la integridad territorial de Líbano y la seguridad de los civiles en la zona. El Gobierno español calificó de ilegal y desproporcionada la orden del Ejército israelí que obliga a la evacuación de civiles en áreas del sur de Líbano, según reportó Europa Press. Esta medida, vigente tras la ampliación de la orden de evacuación hacia zonas al norte del río Litani e incluyendo ahora áreas al sur del río Zahrani, se considera contraria al Derecho Internacional, ha señalado el Ministerio de Exteriores español en un comunicado.
Tal como publicó Europa Press, la reacción oficial del Ejecutivo incluyó una condena a los ataques lanzados por Hezbolá e Irán hacia territorio israelí. El Ministerio dirigido por José Manuel Albares destacó, según consignó el medio, que España exige el cese inmediato de las acciones militares y un respeto integral al territorio libanés. Exteriores subrayó además que la medida adoptada por las fuerzas militares israelíes ha generado alarma internacional por el impacto humanitario, y advirtió que la evacuación forzosa de la población civil supone una respuesta excesiva que vulnera normativas internacionales.
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La declaración ministerial recogida por Europa Press subrayó el compromiso del Gobierno español con la aplicación de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU y reiteró el respaldo al mandato de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL). Según manifestaciones oficiales recogidas por el medio, España demanda el respeto a la seguridad del contingente internacional desplegado en la región. Además, el comunicado informó que la entrega de ayuda humanitaria buscará mitigar la crisis desencadenada por la escalada del conflicto y el agravamiento de la situación humanitaria en Líbano.
El Ministerio de Asuntos Exteriores condenó además los ataques israelíes sobre territorio libanés y, en particular, los bombardeos sobre Beirut que han tenido como objetivo zonas residenciales densamente pobladas, provocando múltiples víctimas civiles. Europa Press detalló que la condena incluyó también los ataques de Hezbolá contra Israel definidos como “indiscriminados”. El Gobierno español reconoció los esfuerzos del Ejecutivo libanés por consolidar el monopolio de la fuerza en manos del Estado, advirtiendo que la ofensiva de Hezbolá podría perpetuar o agravar el ciclo de violencia y sufrimiento en la región.
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El anuncio por parte de Hezbolá del inicio de la Operación Paja Devorada dio lugar a un incremento de los ataques con misiles contra bases militares israelíes, movimiento que fue acompañado por una intensificación en la respuesta israelí, de acuerdo con los reportes publicados por Europa Press.
El jefe de la diplomacia española, José Manuel Albares, ha intensificado, según informó Europa Press, la ronda de contactos diplomáticos con sus homólogos de los Estados más afectados por la inestabilidad en Oriente Próximo. El ministro entabló diálogo con los responsables de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí, Qatar, Líbano, Omán y Bahréin, con el objetivo de trasladar la solidaridad de España y explorar vías que permitan impulsar la desescalada y la negociación política entre los actores involucrados. Según detalló el medio, el Gobierno no descarta continuar estableciendo nuevas conversaciones en las próximas horas y días, lo que podría implicar la apertura de canales diplomáticos adicionales en busca de una resolución pacífica a la crisis.
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Por medio de estas acciones, el Ejecutivo español reafirmó, según publicó Europa Press, su postura crítica hacia las partes en conflicto mediante condenas explícitas a las operaciones militares que afectan a la población civil. Al mismo tiempo, planteó medidas concretas de asistencia internacional y diplomacia para intentar contener la escalada, proteger a los civiles y salvaguardar los compromisos internacionales relativos a la soberanía y la protección de los territorios en disputa.