El Ayuntamiento acusa al subdelegado de "prohibir" una visita a la obra del soterramiento y PSOE lo niega

Durante un acto paralelo relacionado con una visita de la consejera de Fomento a una promoción de viviendas sociales en Almería, el subdelegado del Gobierno, José María Martín, solicitó información clara para la ciudadanía sobre el origen de los fondos destinados a esa promoción, subrayando que parte de los recursos provienen del Ejecutivo central y acusó de ocultar este dato. Esta discusión sobre la transparencia financiera se produjo en un contexto marcado por nuevas acusaciones políticas relativas a las obras de la nueva estación ferroviaria en la capital almeriense.

Según consignó el medio, la concejal de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, Eloísa Cabrera, del Partido Popular, reprochó en declaraciones realizadas durante el pleno municipal que el subdelegado prohibió explícitamente el acceso de la consejera andaluza de Fomento, Rocío Díaz, y de la alcaldesa, María del Mar Vázquez, a las obras del proyecto de soterramiento este martes. Cabrera afirmó que pese a contar con la cofinanciación de tres administraciones, la visita fue desautorizada, y calificó este hecho como un "atropello institucional". En el pleno, la concejal sostuvo que ni Adif puso objeciones, atribuyendo la negativa únicamente al subdelegado de Gobierno y anotó que se trata de fondos conjuntos, donde tanto el Ayuntamiento como el gobierno autonómico y el central participan.

De acuerdo con la información publicada por el medio, Carmen Aguilar, representante socialista, matizó esta versión al asegurar que no se ha producido ningún veto y que la única petición realizada fue la de modificar la fecha de la visita prevista, solicitando a la Junta al menos dos alternativas para su realización. Aguilar puntualizó que hasta la fecha no han recibido respuesta al respecto. Añadió que la fecha inicialmente propuesta coincidía con la presencia de la Reina Letizia en El Ejido, a la que asistía el subdelegado como representante institucional, por lo que resultaba inviable que pudiera acudir a la capital para la visita.

Tal como reportó el medio, la polémica se amplió durante la discusión de una moción impulsada por el Partido Popular en el ayuntamiento. En esta ocasión, Cabrera insistió en que la negativa a la visita representa un desprecio a la participación de las instituciones andaluzas en la gestión de los trabajos ferroviarios y reiteró la reivindicación de poder acceder a las obras cofinanciadas. Expresó que “no vamos a ser unos pagafantas”, transmitiendo así la sensación de que desde la administración autonómica se exige reconocimiento tanto en el acceso como en la visibilidad institucional sobre estos proyectos.

El Partido Socialista, por su parte, negó de forma reiterada que el subdelegado hubiera impedido la visita y pidió a la Consejería de Fomento nuevas fechas para poder organizarla. Según publicó el medio, desde la Junta no se había propuesto ninguna fecha alternativa tras la petición de modificación, aunque la solicitud se había formalizado a finales de la semana anterior.

La controversia acerca del acceso a los trabajos del soterramiento se produce mientras el foco político también recaía sobre la financiación de las promociones de viviendas protegidas en la provincia de Almería. Durante la visita realizada por la consejera Díaz y la alcaldesa Vázquez a la promoción impulsada por la empresa municipal Almería XXI, José María Martín puso énfasis ante los medios en la relevancia de informar correctamente a la ciudadanía sobre el origen estatal y europeo de los fondos aplicados, en alusión a los 1,5 millones de euros transferidos desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana mediante el Plan de rehabilitación residencial y vivienda social, financiado con recursos del instrumento Next Generation.

El subdelegado resaltó, según consignó el medio, que buena parte de los proyectos en la provincia llevan el sello de los programas europeos del Gobierno de España y criticó que durante la visita a las viviendas sociales no hubiera representantes del Ejecutivo central, a pesar de su participación financiera en la iniciativa, acusando a las administraciones locales y autonómicas de omitir esta información en la comunicación pública.

En el trasfondo, tanto la polémica sobre el acceso institucional a las obras ferroviarias como el debate por el reconocimiento de los fondos estatales y europeos en proyectos de vivienda social han motivado un intercambio de acusaciones entre el Partido Popular y el Partido Socialista en Almería. Ambos partidos han incrementado la presión para obtener aclaraciones públicas sobre la gestión, los criterios de autorización de visitas a obras y la visibilidad en el reparto de responsabilidades y créditos en los proyectos financiados con fondos públicos.