Díaz prohibirá los despidos por causas energéticas tras el alza del petróleo

El Ejecutivo tiene entre sus propuestas la activación de la prohibición de despidos por causas relacionadas con la subida del precio de la energía, una medida que, según las declaraciones recientes de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se plantea como respuesta directa al encarecimiento de los combustibles derivado de la crisis en Oriente Próximo. Los planes también contemplan la anticipación de proyectos de movilidad sostenible para empresas y un refuerzo en los mecanismos de protección ya vigentes. Según informó Europa Press, estas iniciativas serán discutidas en el próximo Consejo de Ministros.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Díaz pidió “tranquilidad” a la población española e indicó que el Gobierno está ultimando un paquete de medidas de carácter urgente para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales derivadas de la escalada del conflicto en Oriente Próximo, que ha repercutido en el precio internacional del petróleo. La ministra explicó que, en materia de protección social y laboral, la normativa española ya contempla respuestas como los ERTE y el Mecanismo RED, mecanismos que pueden aplicarse de inmediato ante situaciones de crisis para evitar la destrucción de empleo.

En sus declaraciones recogidas por Europa Press, Díaz envió un mensaje directo tanto a autónomos como a empresas, instándoles a no realizar despidos ante la coyuntura actual, y recalcó que los mecanismos de acompañamiento para empresas y trabajadores ya están en vigor. “No hay que despedir a nadie. Los ERTE y el Mecanismo RED ya están activados. Por tanto, no hay que despedir. Tienen los mecanismos, los tenemos como país, para que podamos acompañar a las empresas y no tengan que despedir a nadie”, enfatizó la ministra.

Además, según destacó Europa Press, el Gobierno estudia adelantar los planes previstos en la Ley de Movilidad Sostenible, cuyo trámite legislativo aún no ha finalizado. Entre las medidas contempladas figura la implantación de transporte colectivo obligatorio para las empresas, especialmente en aquellas de gran tamaño, con el propósito de amortiguar el aumento del coste de la gasolina y del gasóleo, cuya subida consideran inasumible para muchos sectores productivos.

Europa Press reportó también que, en el ámbito de los derechos sociales, el Ministerio de Consumo y Derechos Sociales, bajo la dirección de Pablo Bustinduy, evalúa la opción de establecer una congelación de los alquileres y una paralización de los desahucios. Paralelamente, el Ministerio de Hacienda está valorando posibles intervenciones en la fiscalidad de los combustibles fósiles, como el gasoil y la gasolina, para poder mitigar el impacto en los costes de las empresas y de los hogares que más dependen de estos productos.

La responsable de Trabajo detalló que el Gobierno realiza un seguimiento diario de la evolución de los precios y de las repercusiones económicas asociadas al conflicto, y aseguró que la respuesta será progresiva y se ajustará a la situación de cada momento, con decisiones “calmadas, exhaustivas y casi diarias”. También destacó que las medidas específicas se aprobarán oficialmente tras su aprobación en el Consejo de Ministros y entrarán en vigor una vez publicadas en el Boletín Oficial del Estado.

En relación con el equilibrio interno en el Gobierno, Europa Press consignó la admisión de Yolanda Díaz respecto a que existen desacuerdos entre los partidos de la coalición, PSOE y Sumar, sobre la propuesta de congelar los alquileres. Estos debates, manifestó la ministra, no impiden al Ejecutivo seguir desarrollando propuestas para proteger tanto a empleados como a empresas y familias ante un escenario de incertidumbre económica marcada por la volatilidad de los mercados energéticos internacionales.

Díaz subrayó que la prioridad de su departamento se centra en tres ejes: controlar el coste de la energía, evitar que las empresas lleven a cabo despidos y congelar tanto el precio de los alquileres como los procesos de desahucio. Según afirmó la ministra a Europa Press, el Ejecutivo confía en abordar la situación junto a los agentes sociales y mantiene el compromiso de apoyo a los sectores productivos y a los trabajadores afectados.