Bogotá, 11 mar (EFE).- La Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó este miércoles la detención de los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique, reelegidos el domingo pasado, por su vinculación con el escándalo de corrupción en la entidad estatal de atención de emergencias, caso que también salpica a varios miembros del Gobierno.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema señaló en un comunicado que imputó por el delito de cohecho impropio al senador Manzur y a Manrique, representante a la Cámara.
El alto tribunal también llamó a juicio a Manzur y Manrique, así como a los senadores Liliana Bitar y Juan Pablo Gallo, el representante a la Cámara Julián Peinado y el excongresista Juan Diego Muñoz, pero estos responderán al proceso en libertad.
La Corte acusa a los congresistas y al exrepresentante de supuestamente "conceptuar las operaciones de crédito que interesaban" al Ministerio de Hacienda a cambio de coimas que se hacían efectivas en contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
"Para la Sala, el amplio material recaudado durante la investigación permite concluir que los procesados pudieron cometer el delito de cohecho impropio", agregó la información.
Manzur, del departamento caribeño de Córdoba, fue el segundo senador más votado del Partido Conservador en las elecciones del domingo y logró la reelección con 134.914 votos, según el preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad organizadora de las elecciones.
Manrique, por su parte, fue reelegida como representante a la Cámara de la Circunscripción Transitoria Especial de Paz del departamento de Arauca por la Asociación de Víctimas Intercultural Regional, con 5.640 votos.
El escándalo de corrupción en la UNGRD, organismo que se encarga de atender y prevenir emergencias causadas por desastres naturales en el país, fue destapado por la prensa en febrero de 2024 y desde entonces ha ido creciendo hasta alcanzar a altos funcionarios del Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Entre los procesados figuran el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla -cercano a Petro- que, según la Fiscalía, fue determinante, en coordinación con el exdirector de la UNGRD Olmedo López, para la adjudicación de tres contratos por 92.000 millones de pesos (unos 24 millones de dólares).
Según la investigación, los dos funcionarios supuestamente buscaban beneficiar a los cinco congresistas y al entonces representante Juan Diego Muñoz a cambio de que apoyaran la ampliación del cupo de endeudamiento del Gobierno.
Tanto Bonilla como el exministro del Interior Luis Fernando Velasco fueron enviados a la cárcel el año pasado como medida de aseguramiento mientras avanzan las investigaciones por los delitos de concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos.
La Fiscalía los acusa de haber liderado una "organización criminal" que, entre 2023 y 2024, habría destinado más de 612.000 millones de pesos (unos 165 millones de dólares) para comprar apoyos legislativos mediante la asignación de contratos y proyectos.
El caso de la UNGRD es considerado el mayor escándalo de corrupción del Gobierno de Petro y también ha derivado en la detención de los expresidentes del Senado Iván Name y de la Cámara de Representantes Andrés Calle, así como en condenas contra exdirectivos del organismo. EFE
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