
Durante la sesión de la comisión de Hacienda en el Senado, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, destacó que la experiencia de España en la guerra de Irak bajo el gobierno de José María Aznar resultó en consecuencias graves para el país, vinculando esa intervención con los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, que dejaron 193 muertos y más de 2.000 heridos. Según informó el medio que cubrió la sesión, Montero enfatizó que el Ejecutivo actual mantiene una postura de firme rechazo hacia nuevas acciones militares sin respaldo de la comunidad internacional, situando la oposición al conflicto actual entre Estados Unidos, Israel e Irán en el contexto de las lecciones extraídas de la participación española en Irak hace dos décadas.
De acuerdo con la información publicada, Montero recordó que España ya conoce el costo de participar en conflictos armados sin el aval de organismos internacionales, aludiendo a la decisión del gobierno de Aznar de seguir la estrategia estadounidense sobre la supuesta posesión de armas de destrucción masiva por parte de Irak. La vicepresidenta subrayó que aquella intervención derivó en una crisis energética y una sensación global de inseguridad y temor, haciendo hincapié en que el ataque yihadista del 11-M en Madrid se produjo como resultado directo de esa política exterior.
La ministra señaló que, coincidiendo el aniversario de los atentados de Atocha, se hace evidente la necesidad de recordar las consecuencias de ignorar el derecho internacional. Entre sus críticas, Montero acusó al Partido Popular de haber introducido a los españoles en una guerra considerada ilegal, organizada bajo una justificación que denomina como “farsa” en torno a las armas de destrucción masiva y la autoría de los atentados del 11-M. También resaltó que el Gobierno de Pedro Sánchez utiliza el eslogan ‘No a la guerra’, siguiendo la línea del PSOE durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
Según publicó la fuente, Montero defendió la posición del Ejecutivo actual frente a la crisis con Irán señalando que la respuesta española se coordina con socios de la Unión Europea, la OTAN y otros aliados internacionales, y que el objetivo prioritario consiste en abogar por la desescalada y el restablecimiento de la paz tanto en Oriente Próximo como en Ucrania y Palestina. Reiteró el apoyo de España a las tareas de evacuación de civiles y a misiones de mantenimiento de la paz, asegurando que cualquier actuación cuenta siempre con el respaldo y el marco de los organismos multilaterales.
En su intervención, Montero sostuvo que el Gobierno no justifica el uso de la fuerza fuera de los parámetros establecidos por la ONU, argumentando que las acciones unilaterales generan ciclos de violencia que se perpetúan y dificultan la convivencia entre los pueblos. Condenó de manera categórica la represión ejercida por el régimen iraní sobre su población y señaló que ningún país puede proclamarse defensor de los derechos humanos mientras recurre a prácticas que los vulneran, citando el ataque atribuido a potencias occidentales contra una escuela de niñas que, según datos consignados por el medio, provocó la muerte de un centenar de personas.
La vicepresidenta añadió que no es posible proteger los derechos de las mujeres iraníes bombardeando instalaciones educativas y reafirmó que el Ejecutivo mantiene su compromiso con el derecho internacional, la legalidad multilateral y la cooperación con otros países miembros de la UE, la OTAN y la ONU.
La relación entre el actual contexto y el antecedente de la guerra de Irak motivó también una fuerte crítica desde el PSOE al liderazgo del Partido Popular. Montero aseguró que el actual PP liderado por Alberto Núñez Feijóo repite estrategias que alinean la política exterior española con los intereses de Estados Unidos y, en concreto, con las presiones del expresidente estadounidense Donald Trump. Según detalló el medio, Montero acusó a la formación opositora de estar dispuesta a permitir el uso de las bases militares de Rota y Morón para operaciones militares y de mostrarse insegura en sus planteamientos sobre la guerra, mostrando una actitud que, a su juicio, repetiría las decisiones que precedieron a los acontecimientos trágicos del 11 de marzo de 2004.
Durante la comparecencia, el senador socialista Mario Soler también intervino para cuestionar la postura del PP, aludiendo a que España se vio afectada en el pasado por decisiones gubernamentales alineadas con intereses extranjeros. De acuerdo con lo consignado por el medio, Soler defendió que el presidente Pedro Sánchez ha adoptado una postura clara de oposición a los planes de intervención militar promovidos por Trump, argumentando que estos responden a intereses particulares y no al bienestar del país.
Soler expresó su preocupación por la posibilidad de que una futura administración liderada por Feijóo llevase al país de nuevo a un escenario bélico, acusando tanto al líder del PP como al de Vox, Santiago Abascal, de estar demasiado dispuestos a seguir la agenda impuesta por la administración estadounidense.
La sesión en el Senado reflejó así el debate sobre las implicancias que tiene para España la toma de decisiones en materia internacional sin el aval de la legalidad internacional y la cooperación multilateral, según reportó el medio. Las intervenciones destacaron el papel de los organismos internacionales como garantes de la seguridad y la estabilidad global, y pusieron de relieve la experiencia pasada de España como advertencia frente a la repetición de políticas exteriores que derivan en conflictos de larga duración y consecuencias graves para la población.
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