EEUU designa a Afganistán como un "Estado patrocinador de las detenciones injustas"

Washington denunció el martes “tácticas terroristas” del gobierno talibán y reclamó la liberación de ciudadanos estadounidenses arrestados en territorio asiático, mientras Kabul rechaza las acusaciones y asegura que mantiene conversaciones para buscar una solución negociada

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El Departamento de Estado de Estados Unidos solicitó el martes la liberación inmediata de Dennis Coyle, Mahmud Habibi y otros ciudadanos estadounidenses arrestados en Afganistán, subrayando que el gobierno talibán continúa aplicando detenciones injustas y prácticas consideradas como “diplomacia de rehenes”. Según comunicó el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, y de acuerdo con lo publicado por el medio original, Estados Unidos ha designado oficialmente a Afganistán como un “Estado patrocinador de detenciones injustas”, una categorización con escasos precedentes en la política exterior estadounidense.

El medio detalló que Rubio acusó a las autoridades talibán de emplear tácticas terroristas orientadas a la obtención de rescates o concesiones políticas internacionales. En el comunicado difundido este lunes, Rubio afirmó: “Hoy designo a Afganistán como Estado patrocinador de detenciones injustas”, agregando que “los talibán continúan empleando tácticas terroristas, secuestrando personas para pedir rescate o buscando concesiones políticas”. El jefe de la diplomacia estadounidense recalcó la peligrosidad para los ciudadanos de su país de viajar a Afganistán bajo la administración talibán, y urgió el cese inmediato de estas prácticas. También exigió de manera explícita la liberación de Coyle y Habibi, además de todos los estadounidenses detenidos por motivos considerados arbitrarios por Washington.

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La respuesta oficial del Emirato Islámico de Afganistán no se hizo esperar. A través de un comunicado publicado en redes sociales, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Abdulqahar Balji, calificó la decisión estadounidense de “lamentable” y sostuvo que “no hay extranjeros detenidos con el fin de lograr un acuerdo”. Según consignaron las autoridades afganas al medio citado, los arrestos de ciudadanos extranjeros han respondido a supuestas violaciones de la ley afgana, y se ha procedido a la liberación de algunos de ellos tras cumplirse los procedimientos legales respectivos.

Balji indicó que como parte de los contactos mantenidos en el último año entre Kabul y Washington —facilitados por Qatar— el gobierno talibán ha tomado medidas positivas como gesto de buena voluntad en el tratamiento de algunos casos de arresto de ciudadanos estadounidenses, aunque no aportó detalles adicionales sobre cuáles medidas ni en qué casos concretos. Además, Balji comunicó que ambas partes han celebrado discusiones en distintos niveles y se han comprometido a continuar con una interacción constructiva orientada a resolver los casos pendientes. Según el comunicado recogido por el medio, Kabul manifestó su deseo de lograr una solución negociada a la situación actual, aunque, hasta el cierre de la publicación, Washington no había formulado nuevas declaraciones tras la respuesta talibán.

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En cuanto a los estadounidenses detenidos, el caso de Dennis Coyle resulta representativo de la situación que denuncia la administración estadounidense. De acuerdo con la información publicada por el medio original, Coyle, investigador académico especializado en lingüística, residía en territorio afgano desde hacía casi veinte años cuando fue arrestado por la inteligencia talibán en enero de 2025. Familiares del detenido han señalado a través de un sitio web creado para allegar apoyos que Coyle permanece en condiciones de aislamiento, con acceso restringido al baño y sin atención médica adecuada.

Por su parte, Mahmud Habibi, también ciudadano estadounidense pero de origen afgano, comenzó a enfrentar su detención en agosto de 2022 cuando las autoridades talibán realizaron una redada en su compañía, arrestando a una treintena de empleados. Según la Fundación Foley —ONG estadounidense dedicada a casos de secuestros y detenciones de estadounidenses en el extranjero y citada por el medio— la mayoría de los trabajadores recuperó la libertad, aunque Habibi permanece privado de ella, sin contacto con su esposa o su hija y sin acceso a representantes consulares. Hasta el momento, las autoridades del Emirato Islámico no han presentado cargos concretos en su contra.

El Departamento de Estado reiteró, según informó el medio, su preocupación por la ausencia de garantías para ciudadanos estadounidenses y extranjeros en Afganistán, así como la falta de transparencia en los procesos de detención. Además, la diplomacia de Estados Unidos insistió en que la política talibán vulnera los compromisos asumidos por ese gobierno ante la comunidad internacional y perpetúa un clima de inseguridad para extranjeros presentes en el país. La designación de Afganistán como “Estado patrocinador de detenciones injustas” agrega presión a una relación bilateral ya marcada por la desconfianza y la ausencia de reconocimiento formal del régimen talibán por parte de Washington.

El medio precisó que la interacción entre Estados Unidos y los talibán en relación con los detenidos ha involucrado la mediación de Qatar y se ha desarrollado a “varios niveles”, aunque no han trascendido detalles sobre la naturaleza de las conversaciones ni sobre los acuerdos propuestos por ambas partes. Mientras tanto, familiares y organizaciones humanitarias continúan reclamando transparencia y el respeto a los derechos humanos básicos para los ciudadanos estadounidenses retenidos, cuyas condiciones de reclusión han sido calificadas de deficientes por distintas ONG.

La situación de Coyle, Habibi y otros ciudadanos extranjeros mantiene en tensión la agenda diplomática entre ambos países. Las autoridades estadounidenses recalcaron la necesidad de que Kabul “se comprometa a cesar la práctica de la diplomacia de rehenes para siempre” y aseguraron que seguirán exigiendo la liberación incondicional de sus ciudadanos. Por su parte, el gobierno talibán manifestó su disposición a resolver los casos pendientes mediante el diálogo, aunque el desacuerdo en torno a la naturaleza y legalidad de las detenciones continúa generando fricciones.