RDC responsabiliza al grupo rebelde M23 de las decenas de muertos en una zona minera en Kivu Norte

Las autoridades congoleñas acusan a fuerzas rebeldes apoyadas por Ruanda de fomentar actividades extractivas ilegales, originando derrumbes fatales y condiciones extremas en explotaciones minerales, mientras advierten sobre el control limitado y la urgencia de restaurar la protección estatal en la región

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La falta de acceso para los equipos de emergencia en la localidad de Rubaya ha dificultado la evaluación precisa de víctimas tras un gran deslizamiento de tierra que sepultó varias galerías mineras en el territorio de Masisi. Según informó Europa Press, el Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) situó el origen de esta catástrofe en las lluvias torrenciales y en la intensa y descontrolada explotación mineral impulsada por el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), al que Kinshasa acusa de actuar con apoyo de Ruanda.

En un comunicado difundido a través de redes sociales, el Ministerio de Comunicación y Medios de RDC expresó condolencias a las familias afectadas por lo que describió como una "tragedia humana" ocurrida el 7 de marzo. El documento oficial, citado por Europa Press, detalló que los deslizamientos en esta zona minera de Kivu Norte ya han provocado la muerte de varios cientos de personas durante las últimas semanas. Las autoridades señalaron que la seguridad en la región permanece comprometida debido a la acción conjunta de los rebeldes del M23 y el Gobierno de Ruanda, lo que dificulta la presencia estatal y la asistencia humanitaria.

El comunicado recogido por Europa Press destacó que la zona donde ocurrieron los deslizamientos se considera “una zona roja” por los peligros asociados a las labores extractivas. Estas condiciones extremas se atribuyen, de acuerdo con el Gobierno congoleño, a un sistema organizado y sostenido de explotación mineral ilegal, instrumentado por el M23 con respaldo de Ruanda, cuyo objetivo sería mantener una economía de guerra mediante la extracción y comercialización de recursos naturales fuera de la regulación oficial.

Las autoridades congoleñas subrayaron ante Europa Press que el acceso a la zona continúa restringido por la presencia de fuerzas hostiles y el terreno inestable, lo que imposibilita precisar el balance total de víctimas y daños estructurales. El Gobierno de RDC insistió en que las prácticas mineras ilegales desafían las políticas de seguridad y provocan tragedias recurrentes, y señaló que estos incidentes están relacionados con la ausencia de supervisión estatal y la imposición de sistemas productivos paralelos por parte de grupos armados.

El texto del Ejecutivo recogido por Europa Press advierte que la explotación ilegal de los recursos naturales no solo alimenta el conflicto armado, sino que además impide cualquier control sobre las condiciones laborales y de seguridad para los trabajadores mineros, quienes operan bajo altos riesgos. El gobierno de Kinshasa denunció que la extracción no regulada del M23 se orienta a financiar su actividad bélica, perpetuando la inestabilidad regional y el deterioro de las condiciones de vida de la población local.

Las autoridades de RDC reiteraron, según publicó Europa Press, su compromiso de trabajar para restituir la integridad territorial y restaurar el control estatal sobre las áreas bajo dominio rebelde, condición que consideraron imprescindible para acabar con la explotación ilegal y garantizar un entorno minero seguro. Además, insistieron en que llevarán ante la justicia a todas las personas que se beneficien de esta estructura ilícita de extracción mineral.

En sus declaraciones al medio, el gobierno congoleño apeló a la comunidad internacional a atender la magnitud de la tragedia, que calificaron como una “consecuencia directa de la explotación ilegal de los recursos naturales en zonas bajo ocupación armada”. El Ejecutivo reiteró que sus prioridades incluyen la defensa de la soberanía nacional, la protección de los recursos y la seguridad de los ciudadanos.

Por su parte, el grupo rebelde M23 refutó en reiteradas ocasiones las acusaciones realizadas por el gobierno. De acuerdo con Europa Press, los insurgentes han responsabilizado a Kinshasa de una gestión deficiente del sector minero, incluso en áreas que se encontraban bajo administración gubernamental antes de pasar al control del M23. El conflicto respecto al manejo de los recursos mantiene una tensión constante en las relaciones entre ambas partes.

De acuerdo con Europa Press, el sector minero de la República Democrática del Congo ha registrado múltiples incidentes mortales en los últimos años. La ausencia de medidas adecuadas de seguridad y las deficientes condiciones laborales forman parte de un panorama en el que numerosas explotaciones operan fuera de las normativas estatales. Estos factores, según el reporte, contribuyeron al saldo mortal de la tragedia en Rubaya y continúan afectando a los trabajadores de las minas en diversas provincias del país.