Fiscalía no descarta una "eventual responsabilidad penal" de Mazón pero cree que la jueza debe seguir investigando

El informe del ministerio público señala la posibilidad de que surjan nuevas pruebas o declaraciones durante la investigación en torno a la gestión de emergencias realizada por la Generalitat Valenciana el 29 de octubre de 2024, fecha en que unas riadas ocasionaron 230 víctimas mortales y una más en estudio. Según consignó Europa Press, el Fiscal Superior de la Comunitat Valenciana, José Francisco Ortiz Navarro, ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que la causa vuelva al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja para que prosiga la instrucción sobre estos hechos.

De acuerdo con fuentes de la Fiscalía citadas por Europa Press, el ministerio público no descarta la "eventual responsabilidad penal" del expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, aunque estima que, en este momento, no existen datos o indicios con solidez suficiente para iniciar una investigación formal en su contra. Esta postura se encuentra detallada en un informe en respuesta a la exposición razonada presentada por la magistrada instructora ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV, en la que se apuntaba la necesidad de investigar a Mazón por supuestos indicios de responsabilidad penal relacionados con la gestión de la dana.

La magistrada de Catarroja había propuesto la investigación de Mazón argumentando una supuesta "inactividad negligente" durante la emergencia generada por las lluvias torrenciales y las consecuentes riadas en la provincia de Valencia. Según publicó Europa Press, en la exposición razonada se incluyó que la reacción desde la Presidencia de la Generalitat dejó de avanzar a partir del momento en que Mazón se trasladó a un restaurante para comer con la periodista Maribel Vilaplana. Esta referencia se apoya en la jurisdicción y en la regulación sobre actuaciones de protección civil en casos de catástrofe.

El TSJCV será el órgano que decida el futuro judicial del expresidente, dado que, pese a haber cesado como máximo responsable de la Generalitat, Mazón mantiene su acta de diputado en Les Corts, lo cual otorga la competencia a este tribunal para una eventual investigación. La causa original cuenta también con la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y con su entonces número dos, Emilio Argüeso, ambos en calidad de investigados.

En los escritos que forman parte del caso, Pradas y Argüeso han solicitado al TSJCV hacerse cargo del proceso en el que se les investiga, pidiendo además el archivo definitivo sobre sus personas. Argumentan que la magnitud de las riadas fue una "desgracia natural" cuya dimensión real no resultó previsible, ni siquiera para quienes, por cargo y obligaciones, deben anticipar fenómenos así, según indica la información recogida por Europa Press. En el supuesto de que el tribunal vea motivos suficientes para investigar al expresidente, ambos solicitan que toda la investigación recaiga sobre la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV, reclamando la unidad de la causa. Justifican este enfoque en la necesidad de prevenir nulidades procesales o la posibilidad de sentencias contradictorias en distintos juzgados.

El fiscal superior remarca en su informe que "no puede obviarse que a lo largo del procedimiento se puedan producir declaraciones o que puedan aparecer elementos documentales que pudiesen avalar la tesis de que el expresident de la Generalitat Valenciana hubiese dado órdenes o instrucciones concretas y referidas a la gestión de la emergencia". Sin embargo, hasta el momento, la Fiscalía sostiene que carecen de pruebas sólidas para atribuir responsabilidad penal directa a Mazón, aunque considera necesario que la instrucción judicial siga adelante para esclarecer los hechos y determinar si surgen nuevos elementos.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana conformó una sala especial de cinco magistrados para deliberar sobre este caso. Según describió Europa Press, el tribunal está presidido por Manuel Baeza y conformado, además, por Pía Calderón como ponente, José Francisco Ceres, Antonio Ferrer y Vicente Torres. Serán ellos quienes analicen el informe del ministerio público, las alegaciones de las partes y la petición de la magistrada instructora para dictar una resolución sobre la eventual investigación contra Mazón.

En las distintas fases del proceso, la exposición razonada de la jueza instructora y los informes de la Fiscalía se sumaron a las consideraciones y solicitudes presentadas por las acusaciones populares y particulares, así como a las defensas de los investigados. Todos los actores jurídicos de la causa han intervenido expresando su postura ante los hechos sucedidos durante el desastre natural que golpeó la provincia de Valencia en octubre de 2024.

El requerimiento de la Fiscalía para que el juzgado de Catarroja retome la instrucción implica que la fase de recopilación y análisis de pruebas todavía está abierta, sin que por ahora se haya determinado formalmente la existencia de responsabilidades penales atribuibles al expresidente Mazón. La decisión final corresponde al TSJCV, que evaluará si existen nuevas pruebas o indicios para asumir la competencia y dar curso a las peticiones de las partes.