Por Andalucía propone al Parlamento el rechazo del acuerdo UE-Mercosur y que Moreno lo impulse en Comité de las Regiones

El Grupo Por Andalucía ha solicitado que el Parlamento andaluz reclame expresamente el cumplimiento de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos (UNDROP) en todas las políticas comerciales y agrarias desarrolladas en la región, proponiendo además que el Acuerdo UE-Mercosur se suspenda hasta el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acerca del dictamen solicitado por el Parlamento Europeo. Esta propuesta forma parte de una Proposición no de Ley (PNL) debatida por el Pleno de la Cámara autonómica, cuyo objetivo central es que el órgano legislativo exprese un rechazo frontal al Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y el bloque del Mercosur, compuesto por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay.

Según informó el medio, la PNL impulsada por Por Andalucía sostiene que el acuerdo representa una amenaza directa tanto para la agricultura y la ganadería como para la soberanía alimentaria, el medio ambiente, la seguridad alimentaria y los derechos laborales del sector rural. El grupo considera necesario que el parlamento regional rechace la aplicación provisional del pacto, siguiendo la decisión previa de la Comisión Europea que lo aprobó aun sin conocer la decisión final del Tribunal de Justicia europeo, organismo que deberá emitir un dictamen tras la consulta elevada por el Parlamento Europeo.

El medio detalló que la iniciativa incluye la solicitud de trasladar una queja formal al Parlamento Europeo respecto al procedimiento llevado a cabo por la Comisión Europea en relación con la aprobación provisional del acuerdo, así como la remisión de esta reclamación directamente a la Comisión Europea. Por Andalucía pide además que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, utilice su posición como vicepresidente del Comité Europeo de las Regiones para impulsar el debate sobre el acuerdo en la Mesa de este organismo, solicitando una reunión extraordinaria en la que se adopte un pronunciamiento político o un dictamen en contra de la aplicación provisional del Acuerdo UE-Mercosur.

La propuesta también aboga por que la Junta de Andalucía solicite la convocatoria de una Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural. Los impulsores del texto buscan que en esa instancia, que reúne a representantes del Gobierno central y de las comunidades autónomas, la región lidere una posición de rechazo y promueva una postura unificada en el Estado español en contra del acuerdo con el Mercosur.

En relación con las políticas agrícolas europeas, la iniciativa defendida por Por Andalucía reclama que el Parlamento regional exija una Política Agraria Común (PAC) que resulte fuerte, adecuada y con recursos suficientes, enfocada en un modelo justo y redistributivo. La propuesta contempla establecer límites superiores en la asignación de ayudas, con el objetivo de asegurar que los recursos lleguen de manera efectiva a los productores de menor tamaño.

El texto sostiene, según consignó el medio, que la Junta debe encabezar un rechazo a los eventuales recortes presupuestarios en la PAC que, según la formación, se encontrarían motivados por una “orientación belicista del presupuesto europeo”, en referencia a lo que consideran una estrategia de rearme impulsada por Partido Popular y Vox que, afirman, se llevaría a cabo a costa de los fondos agrarios, así como del equilibrio territorial, la protección ambiental y la soberanía alimentaria.

Por Andalucía subraya la necesidad de garantizar la coherencia entre la política comercial común de la Unión Europea y los objetivos marcados en estrategias como “De la Granja a la Mesa”. De acuerdo con la PNL, una falta de alineamiento entre ambos marcos normativos podría poner en riesgo las metas ambientales, sociales y vinculadas a la seguridad y transición agroecológica perseguidas por la UE.

Además, Por Andalucía formula la recomendación para que la Junta ponga en marcha un programa autonómico específico que complemente el esquema actual de la PAC y corrija, según indica, “fallas en el modelo de distribución de recursos”. Este programa estaría orientado a fortalecer la agricultura y la ganadería social y tradicional, implementando ayudas económicas directas dirigidas a explotaciones pequeñas y medianas.

El medio reportó que la iniciativa también exige que tanto la Administración General del Estado como la autonómica fortalezcan los recursos humanos y materiales destinados a tareas de control e inspección. La finalidad de esta demanda radica en garantizar la seguridad alimentaria y la trazabilidad de las importaciones agrícolas y ganaderas provenientes de terceros países, a fin de proteger los estándares regionales.

Por Andalucía expone en su iniciativa que el acuerdo con Mercosur, en sus términos actuales, podría suponer un perjuicio para la agricultura y la ganadería locales, además de poner en riesgo la calidad de los productos alimentarios y la protección ambiental, al tiempo que considera la protección social y laboral de los trabajadores del sector como una prioridad. La formación sostiene que las políticas comerciales deben cumplir estrictamente con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y derechos laborales reconocidos por Naciones Unidas y la normativa europea.

Por último, la petición encabezada por Por Andalucía incluye el llamamiento a que la suspensión provisional del Acuerdo UE-Mercosur se mantenga vigente hasta conocer el dictamen definitivo del Tribunal de Justicia europeo, subrayando la necesidad de que cualquier decisión relevante sobre el pacto contemple tanto los intereses de la agricultura y la ganadería andaluzas como los estándares de protección ambiental, seguridad alimentaria y derechos laborales del sector.