Miles de mujeres de Zimbabue exigen justicia e indemnizaciones por graves matanzas étnicas

Chengetai Zvauya

Harare, 7 mar (EFE).- Miles de mujeres zimbabuenses reclaman justicia, disculpas e indemnizaciones por la masacre de tintes étnicos de Gukurahundi, perpetrada por soldados entre 1982 y 1987 y que causó unos 20.000 muertos en Zimbabue, además de graves agresiones a niñas y mujeres.

Unas 25.000 personas han declarado hasta ahora en las audiencias convocadas en Zimbabue para investigar la masacre, que comenzaron en junio de 2025 en las provincias de Matebeleland Norte, Matebeleland Sur y Midlands bajo la dirección de 72 jefes tradicionales.

El presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa, anunció en julio de 2024 la apertura de las investigaciones por las matanzas contra la minoría ndebele, sospechosa de simpatías con la oposición, que la ONG estadounidense Genocide Watch (GW) consideró un genocidio.

De los participantes en las audiencias, unos 15.000 son mujeres, confirmó la fiscal general de Zimbabue, Virginia Mabiza.

"Las mujeres siguen liderando el proceso de esclarecimiento de la verdad, con 15.200 testimonios (60,72 %), mientras que 9.834 (39,28 %) fueron presentados por hombres", declaró Mabiza recientemente.

Las mujeres supervivientes de las matanzas creen que el Programa de Extensión Comunitaria de Gukurahundi, como se conoce formalmente a la investigación, puede ayudar a sanar las heridas emocionales que las han atormentado durante años.

Además, exigen justicia, disculpas y compensación por el trauma sufrido.

Ellen Bhebhe, de 63 años y procedente de Matebeleland Norte, confesó a EFE su alivio por haber testificado.

"Este programa era muy necesario, me está ayudando mucho a aliviar toda la carga que tenía en la vida. Estos sucesos ocurrieron hace más de cuatro décadas, cuando era niña, y ahora soy madre", declaró Bhebhe.

"Tengo mucho que contar sobre estos terribles sucesos -subrayó- para que no vuelvan a ocurrir. Las personas que nos hicieron sufrir deben disculparse para que la sanación sea significativa para nosotros".

Edith Moyo, de 60 años y oriunda de Matebeleland Sur, también reclama rendición de cuentas. "Creo que los soldados que abusaron de mí cuando era niña en la aldea siguen vivos hoy, y exijo justicia y compensación por todos los agravios que ocurrieron", comentó a EFE.

"Alguien debe rendir cuentas y pagarnos una compensación por todo lo agraviado. Este es el punto de partida para sanar, pero es un proceso lento y doloroso", agregó Moyo.

Tras las audiencias que empezaron el pasado año, Matshane Khumalo, presidente del Consejo de Jefes Tradicionales, organización que lidera el proceso, señaló a EFE que "ahora esperamos el calendario del Gobierno para reanudar la segunda fase de las audiencias".

El vicepresidente del Consejo, Fortune Charumbira, destacó a EFE que "el programa comenzó bien, con una gran cantidad de personas participando sin temor ni favoritismo".

"La mayoría -remarcó Charumbira- son mujeres que comparten su experiencia con nosotros".

Entre los testimonios recopilados se encuentran algunos de miembros del partido opositor Unión Popular Africana de Zimbabue (ZAPU), que criticó las audiencias por su opacidad e incluso impugnó su legalidad en 2024, mediante una demanda que fue desestimada.

"Miembros de nuestro partido participaron a título individual. Seguimos oponiéndonos a las audiencias, ya que son muy secretas y restringen la cobertura mediática para que pueda ser un proceso abierto y transparente", declaró a EFE el portavoz de la ZAPU, Richard Gandari.

La operación de limpieza étnica contra los ndebeles fue ejecutada por la Quinta Brigada del Ejército Nacional de Zimbabue bajo las órdenes del entonces presidente del país, Robert Mugabe (1987-2017), según Genocide Watch (GW).

Mugabe, líder de la Unión Nacional Africana de Zimbabue - Frente Patriótico (Zanu-PF), pertenecía a la mayoría étnica shona y ordenó las matanzas para derrotar a su rival, Joshua Nkomo -de origen ndebele y fundador de la ZAPU- para formar un Estado unipartidista.

El presidente Mnangagwa, de 82 años y que dirige Zimbabue desde 2017, cuando un golpe militar derrocó a Mugabe, era ministro de Seguridad del Estado durante las matanzas.

El líder de ZAPU e hijo de Joshua Nkomo, Sibangilizwe Nkomo, dijo a EFE que su partido "quiere que los implicados en las atrocidades testifiquen, ya que algunos de ellos siguen vivos", sin mencionar a Mnangagwa.

El activista Obert Masaraure, de la ONG Zimbabue Foro de Derechos Humanos, apoya a ZAPU porque "las audiencias organizadas por el Gobierno son un intento desesperado de encubrir y blanquear las atrocidades de Gukurahundi", y propone "nombrar una comisión internacional independiente dirigida por ciudadanos creíbles". EFE

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