Llorca avisa del "efecto llamada" de la regularización masiva de migrantes y aboga por que España no sea un "coladero"

Las recientes resoluciones judiciales sobre las transferencias de menores extranjeros a la Comunitat Valenciana, dictadas por el Tribunal de Instancia de lo Contencioso Administrativo 1 de Ceuta, han generado debate en el ejecutivo autonómico y nacional. Según reportó Europa Press, estas decisiones señalan supuestas vulneraciones de derechos en los procedimientos aplicados para asignar menores a diferentes comunidades autónomas y exigen transparencia sobre los criterios utilizados. El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha exigido que el Gobierno central aclare si prioriza los intereses de los menores o consideraciones políticas. En este contexto, Llorca reafirmó que mantiene su compromiso de “cumplir con la palabra dada” durante el debate de investidura, asegurando la continuidad de las iniciativas ya adoptadas respecto a la inmigración y la acogida de menores.

El medio Europa Press detalló que durante una sesión de control en Les Corts, Pérez Llorca calificó de “irresponsable” la propuesta del Gobierno central orientada a una regularización masiva de personas migrantes. Según argumentó el president, la medida podría acarrear un “efecto llamada” con consecuencias negativas para el país y convertir a España en un “coladero”. Llorca subrayó que la gestión migratoria debe evitar improvisaciones y carecer de controles, y consideró que ningún país europeo ha implementado una regularización de este tipo sin supervisión penal. Durante su intervención, defendió que las instituciones autonómicas trabajan para “no permitir” una entrada descontrolada de migrantes e instó a abordar este asunto de manera transparente y directa, sin eludir el debate público.

En respuesta a una pregunta planteada por el síndic de Vox, José Mª Llanos, acerca de la violencia asociada a inmigrantes irregulares, Llorca identificó la okupación ilegal como un “problema real” que requiere atención. Reafirmó que las instituciones públicas tienen la obligación de intervenir y buscar soluciones que conduzcan a la eliminación de este fenómeno. Según Europa Press, el president destacó la reciente creación de una Oficina de Atención a las Víctimas de la Okupación, diseñada para prestar apoyo integral y gratuito a quienes se vean afectados por la ocupación ilegal de viviendas en toda la Comunitat Valenciana.

Llorca también subrayó las acciones emprendidas por la Generalitat para garantizar controles más estrictos en las pruebas de edad de los menores migrantes atendidos en la región, asegurando que se están reforzando estas medidas. Además, mencionó la importancia de avanzar en los planes de reunificación familiar, y anunció que la administración autonómica ya se encuentra en fases finales de negociación para formalizar acuerdos de repatriación con uno de los países de origen, a la vez que mantiene abiertas negociaciones con otros.

En el campo de la seguridad, la Generalitat sigue reclamando al Ministerio del Interior la implementación inmediata de un sistema integrado de vigilancia para la costa valenciana, con el objetivo de mejorar el control de entradas irregulares por vía marítima. Asimismo, el Consell ha solicitado que la nacionalidad figure en los registros y estadísticas de delincuencia, al igual que ocurre en territorios como el País Vasco y Cataluña. Según Europa Press, Llorca insistió en la necesidad de ampliar y ejecutar los fondos destinados a modernizar y crear nuevas dependencias para la Guardia Civil y la Policía Nacional en la región, así como en el aumento de efectivos para fortalecer la respuesta ante situaciones vinculadas al control migratorio y la seguridad ciudadana.

El president de la Generalitat hizo referencia a su postura ante la política migratoria actual del Gobierno central, tildando de “errática” la estrategia nacional y destacó que la reciente intervención judicial “da la razón” a la Generalitat en la impugnación de los procedimientos de transferencia de menores. Según informó Europa Press, todas las resoluciones de traslado de menores a la Comunitat Valenciana han sido anuladas, lo que refuerza, a juicio de Llorca, la posición del ejecutivo valenciano frente al Gobierno central en este asunto.

Por su parte, el portavoz de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, reiteró la preocupación de su grupo parlamentario acerca del impacto de la inmigración irregular en la seguridad de las calles valencianas y defendió la necesidad de recuperar condiciones de bienestar para los ciudadanos. Llanos afirmó frente al pleno: “Quien venga ilegalmente, deportación inmediata; quien venga legal o ilegalmente y cometa delitos en España, repatriación inmediata; y quien venga a vivir del esfuerzo de los españoles, imponer sus costumbres y denigrar las nuestras, nuestra cultura, nuestro modo de vida, y a no trabajar, repatriación inmediata. A su casa. Así de claro. Así de lógico. Así de sentido común. Y los menores, con sus padres”. Según consignó Europa Press, Llanos consideró que los datos sobre delincuencia cometida por inmigrantes irregulares “asustan en Europa” y concluyó que en otros países europeos se ha optado por revertir el denominado “efecto llamada” asociado a políticas migratorias laxas.

Por último, Pérez Llorca aseguró ante Les Corts que la Generalitat mantendrá su exigencia al Ejecutivo central para que actúe con rapidez en la planificación y dotación de recursos en materia migratoria y de seguridad. Además, defendió que el abordaje de la gestión migratoria debe realizarse de manera abierta y sin ocultar los desafíos existentes, mientras continúan los esfuerzos autonómicos dirigidos al cumplimiento de los compromisos adquiridos en materia de reunificación y control de la inmigración.