Cuba autoriza la creación de empresas público-privadas por primera vez en 60 años en plena crisis económica

El nuevo decreto-ley emitido y publicado en la Gaceta Oficial de la República establece que las compañías público-privadas en Cuba podrán determinar tanto el tipo de productos o servicios que comercializan como los precios que fijan y la cantidad de empleados que integran su plantilla, así como los salarios que perciben. La disposición marca un cambio en las políticas económicas del país, limitado hasta ahora a empresas estatales y a un sector privado con fuertes restricciones. Según reportó la agencia Europa Press, las sociedades mixtas podrán operar en cualquier sector del país con excepción de los relacionados con salud, educación y defensa nacional, aunque se contemplan excepciones para actividades específicas con los sistemas empresariales de los sectores excluidos.

Esta medida surge en un contexto de profunda crisis económica y energética en la isla, agravada por las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos y la imposibilidad de acceder de manera regular al suministro de petróleo venezolano. Tal como informó Europa Press, desde la intervención militar estadounidense en Venezuela y la correspondiente interrupción de la llegada de crudo a Cuba, el gobierno dirigido por Miguel Díaz-Canel ha enfrentado severas dificultades para abastecer de energía y combustibles a la población y las industrias nacionales. En febrero, la administración cubana implementó un paquete de medidas urgentes específicamente diseñado para paliar el desabastecimiento agudo de combustible.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, el decreto-ley abre la puerta para que empresas estatales y privadas, tanto nacionales como extranjeras, participen en la formación de sociedades mixtas con margen para fijar su propio régimen de contratación y remuneración. La nueva normativa no establece límites estrictos al número de trabajadores con los que puede contar cada empresa, ampliando así la flexibilidad laboral respecto al marco previo. La legislación excluye de forma expresa la posibilidad de que las nuevas entidades gestionen servicios en los ámbitos de la salud y la educación, sectores tradicionalmente reservados al Estado cubano. También quedan fuera las actividades consideradas sensibles para la seguridad nacional, vinculadas a instituciones armadas, aunque podrán establecerse sociedades en áreas no estratégicas relacionadas con estos organismos.

El medio Europa Press precisó que el endurecimiento de las sanciones estadounidenses y la advertencia del expresidente Donald Trump respecto a la imposición de aranceles sobre cualquier país que suministrara petróleo a la isla han impactado negativamente en la capacidad productiva del sector energético cubano. Ante este escenario, el gobierno consideró imprescindible explorar fórmulas que incentivaran la inversión y flexibilidad en la economía interna, en la búsqueda de vías para garantizar servicios y producción en casi todos los sectores de actividad lícita.

A partir de la promulgación de este instrumento legal, las autoridades han definido un marco más permisivo para la actividad empresarial privada, que había permanecido prácticamente suprimida desde el triunfo de la Revolución Cubana. Europa Press detalló que la nueva legislación formaliza la posibilidad de cooperación entre capital estatal y privado, señalando una apertura económica orientada a captar recursos y tecnología y a dinamizar el sector productivo nacional. Esta apertura constituye un cambio de rumbo respecto al enfoque predominante en las últimas seis décadas, marcado por el control estatal sobre los principales resortes de la economía.

El gobierno cubano ya había advertido sobre la gravedad de la crisis energética y de suministros y, según consignó Europa Press, identifica a la situación internacional y las presiones externas como factores determinantes de la escasez actual. Al mismo tiempo, el decreto-ley deja claro que toda actividad empresarial mixta quedará circunscripta a marcos legales, normativos y de supervisión estatal, manteniendo el Estado atribuciones centrales en la fiscalización y definición de garantías jurídicas y laborales.

La adopción de este nuevo modelo empresarial reconoce la necesidad de introducir incentivos para la mejora de la eficiencia y competitividad, según los lineamientos publicados en la Gaceta Oficial y reportados por Europa Press. Las sociedades podrán acceder a un diseño propio en materia de términos de contratación, con acceso para definir su política salarial autónomamente, lo que introduce un elemento de competencia entre compañías que no existía en el pasado reciente.

La reacción a esta reforma incluye expectativas respecto a su funcionalidad en el contexto económico restringido causado por factores externos, según relató Europa Press. El objetivo declarado del gobierno consiste en generar nuevas oportunidades para dinamizar la economía interna y hacer frente al deterioro en las condiciones de vida de la población, especialmente ante las dificultades para importar recursos básicos derivados de limitaciones comerciales y financieras impuestas desde el exterior. Las nuevas empresas podrían adquirir un papel relevante en la generación de empleo, la mejora del suministro de bienes y servicios y la atracción de inversión extranjera, de acuerdo con la información disponible.

En suma, el decreto-ley representa la concreción de un giro relevante en la estrategia de desarrollo económico en Cuba, en un intento por afrontar el impacto de las restricciones internacionales y buscar alternativas que permitan la supervivencia financiera y el progreso interno, según lo ha descrito Europa Press. La exclusión de los sectores de salud, educación y defensa responde a una decisión política de preservación de los espacios considerados esenciales y estratégicos para la soberanía y el sistema político nacional, mientras que el resto de los sectores económicos quedan habilitados para la integración de capital privado bajo control estatal.