(AMP2) Sumar pide al PSOE aprobar un nuevo 'escudo social' por el conflicto en Irán y retomar el tope al gas

Alberto Ibáñez, diputado de Compromís y portavoz adjunto del grupo plurinacional Sumar, planteó la urgencia de aprobar medidas que amparen a las 60.000 familias cuyo contrato de alquiler termina próximamente, insistiendo en la necesidad de buscar soluciones concretas ante la volatilidad socioeconómica derivada de la escalada en Oriente Medio. El grupo parlamentario liderado por Yolanda Díaz exige al Gobierno de Pedro Sánchez la puesta en marcha de un nuevo paquete de medidas urgentes para mitigar el impacto del conflicto en Irán, propuesto específicamente para reforzar la protección frente al aumento de los precios en alquileres, energía y garantizar el resguardo de colectivos vulnerables en el contexto económico actual. Tal como publicó Europa Press, Sumar reclamó a su socio de coalición la tramitación inmediata de un decreto ley que incluya un escudo social adaptado a esta nueva coyuntura internacional.

Según consignó el medio Europa Press, el portavoz de Sumar pidió al Ministerio de Vivienda llevar al Consejo de Ministros una normativa con acciones directas, al tiempo que instó a mantener las negociaciones en curso para incluir soluciones amplias que abarquen tanto la emergencia habitacional como las medidas energéticas. Tras el reciente rechazo del primer decreto del escudo social por parte del Partido Popular, Vox y Junts, Ibáñez expresó que el Ejecutivo central no debe mostrar reticencias a presentar los decretos necesarios para salvaguardar a los sectores más expuestos económicamente, incluso si esto requiere multiplicar los instrumentos normativos disponibles para atender la situación.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, había anticipado el día previo una serie de propuestas para proteger a los trabajadores y responder a las eventuales repercusiones socioeconómicas del enfrentamiento entre Israel, Estados Unidos e Irán. Ante este escenario, Sumar instó a abordar la situación de emergencia con una respuesta legislativa extraordinaria, tomando como referencia la experiencia acumulada durante la pandemia y la invasión de Ucrania que motivaron iniciativas similares. El grupo considera que el actual conflicto puede propiciar un aumento en los precios de las materias primas, requiriendo la activación urgente de herramientas de protección social.

Entre las medidas detalladas por Europa Press se encuentran la recuperación de la excepción ibérica con un tope de 50 euros en el mercado mayorista del gas, una medida que estuvo activa en 2022 y se prolongó hasta fines de 2023. Sumar también aboga por restablecer el mecanismo de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para trabajadores y empresas si fuera necesario, en línea con lo que se hizo durante la pandemia. El paquete demandado incluye la extensión de la moratoria en desahucios, la prórroga de contratos de alquiler, y el fortalecimiento del bono energético para amortiguar el encarecimiento de la energía causado por la escalada bélica.

El medio Europa Press reportó que Sumar solicita limitar los márgenes de las compañías energéticas y evitar que el oligopolio sectorial se beneficie mediante “operaciones especulativas y crecimiento injustificado de sus márgenes”, así como alentar el desarrollo de energías renovables para reducir la dependencia de los combustibles fósiles. A pesar de que desde octubre el grupo venía solicitando la prolongación del control sobre el precio de los alquileres, esta demanda no recibió respuesta favorable del PSOE hasta el momento. Sectores de la confluencia advierten que el contexto extraordinario podría provocar que formaciones como Junts reconsideren su voto y posibiliten la aprobación de las nuevas medidas sociales.

En un comunicado citado por Europa Press, Sumar expuso que la ofensiva estadounidense e israelí se orienta, desde su perspectiva, a disputar la hegemonía en el mercado de la energía frente a China, desligando cualquier vínculo con procesos de democratización en Irán. Según el grupo, el aumento de los precios energéticos golpeará la economía mundial, con afectación especial para Europa, dada la dependencia de hidrocarburos y los primeros incrementos observados en los precios del gas y del petróleo.

Sumar reiteró, según publicó Europa Press, que la responsabilidad del actual Ejecutivo reside en impedir que la población trabajadora y los sectores con menos recursos soporten el coste social de la guerra, remarcando que ya se adoptaron medidas excepcionales en etapas anteriores vinculadas al conflicto en Ucrania. El grupo sostiene que estas iniciativas deben centrarse en la protección de la renta familiar y asegurar una respuesta estatal efectiva ante el agravamiento de la coyuntura internacional.

Aina Vidal, portavoz adjunta de Sumar y dirigente de Comuns, respaldó en conferencia de prensa las propuestas presentadas por Ibáñez. Vidal alertó que el contexto geopolítico obligará a la Cámara a aprobar sucesivos marcos legislativos de escudo social conforme cambie la situación internacional, considerando probable el impacto inflacionario en sectores estratégicos y en servicios como el transporte, que podrían experimentar subidas notables de precios.

El paquete planteado aspira a mantener y ampliar las líneas de protección introducidas durante crisis previas, vinculando los argumentos a la excepcionalidad y a la urgencia que requiere la situación. Sumar insiste en que el Consejo de Ministros debe dar curso a un nuevo decreto, intensificando la negociación política e incorporando medidas directas que aborden tanto el mercado de la energía, el acceso a la vivienda y las condiciones de los trabajadores, ante las consecuencias socioeconómicas del conflicto en Oriente Medio, según informaciones recabadas por Europa Press.