El PP fuerza una votación en el Congreso para rechazar la regularización de migrantes emprendida por el Gobierno

Según publicó el medio, la diputada popular Sofía Acedo reclamó que el Gobierno proporcione las cifras exactas de las personas que se verían beneficiadas por el proceso de regularización extraordinaria de migrantes. Durante la interpelación dirigida a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, Acedo señaló que mientras el Ejecutivo menciona una cantidad de 500.000 beneficiarios, existen estudios independientes que estiman que la cifra podría llegar a 840.000 personas. Estas declaraciones formaron parte de una comparecencia en la que el grupo parlamentario popular manifestó su rechazo al procedimiento impulsado por el Ejecutivo, poniendo en cuestión la falta de información pública y acentuando sus dudas sobre la magnitud real del proceso, informó el medio.

El Partido Popular ha decidido llevar al Pleno del Congreso una moción que busca forzar una votación con el fin de detener la regularización extraordinaria de migrantes promovida por el Gobierno. De acuerdo con el medio, la votación sobre esta iniciativa está prevista para la semana del 16 de marzo en la Cámara Baja. La moción representa la respuesta formal del PP a una interpelación urgente que la diputada Acedo dirigió a la ministra Saiz durante la sesión plenaria de la semana anterior.

Según reportó el medio, el texto presentado por el PP solicita al Ejecutivo que “renuncie de manera inmediata al proyecto normativo de regularización masiva” de extranjeros. Los populares argumentan que dicha propuesta “carece de requisitos” y que se opone tanto a los principios de la Unión Europea como a los objetivos trazados en el Pacto Europeo de Migración y Asilo. Además, instan a que el Gobierno ejecute las órdenes de retorno de migrantes conforme a la normativa vigente y revise los acuerdos en materia migratoria con países externos a la Unión Europea para garantizar su cumplimiento. La moción también insiste en que se realicen expulsiones en casos de extranjeros condenados por delitos graves o reincidentes.

Durante la sesión parlamentaria, la diputada Acedo exigió que el Gobierno “tenga la valentía” de someter el proceso de regularización a la voluntad de las Cortes Generales, espacio donde reside la soberanía nacional, según manifestó. Según detalló el medio, Acedo calificó el decreto del Ejecutivo como “inasumible e injustificable”, además de considerarlo una decisión que supone una “auténtica irresponsabilidad”. Afirmó que la operación responde a intereses políticos del Gobierno, con el objetivo de mantener el control del poder en lugar de buscar soluciones al fenómeno migratorio.

Por su parte, Elma Saiz, ministra involucrada en el intercambio de acusaciones, hizo énfasis en la postura política de los populares, acusando a la bancada del PP de asumir el discurso de Vox y de adoptar estrategias que, desde su punto de vista, contribuyen a polarizar la política migratoria. “Está quedando claro esta mañana que ustedes, señores del PP, le hacen la campaña a Vox y, a cambio, Vox les escribe las interpelaciones”, expresó la ministra, según consignó el medio. En sus declaraciones, Saiz advirtió que la competición por los votos basada en posturas confrontadas daña a la sociedad española. En palabras de la ministra, ambas formaciones políticas han convertido la inmigración en “arma arrojadiza”, un escenario en el que “solo pierde la sociedad española”.

Saiz matizó, respecto al proceso de regularización, que el Gobierno planea analizar cada caso de manera individual, siempre bajo los requisitos que fijará el Real Decreto correspondiente. Añadió, según citó el medio, que “la regularización hay que hacerla porque es política decente, es lo que ayuda al presente y al futuro de nuestro país, a nuestras calles, a nuestros pueblos y, por supuesto, a las personas, poniendo en el centro su dignidad”.

El medio detalló que, además de la interpelación sobre cifras, el Partido Popular extendió sus críticas a las bases legales y filosóficas de la medida. El partido considera que la regularización extraordinaria no se apoya en criterios definidos dentro del marco europeo y contrasta sus objetivos con los previstos en la normativa europea vigente, en particular en lo referente al Pacto Europeo de Migración y Asilo. Como parte de sus demandas, los populares solicitaron que se refuercen los controles sobre los convenios internacionales en materia de migración y sugirieron la necesidad de mecanismos más severos para deportar a personas extranjeras condenadas por delitos graves.

La iniciativa del PP ha suscitado un nuevo enfrentamiento político en el Parlamento en torno a la dirección de las políticas migratorias en España. Según consignó el medio, durante el intercambio, mientras los populares argumentaban que el plan de regularización del Gobierno pretende responder más a estrategias internas de supervivencia política que a objetivos de interés general, los responsables del Ejecutivo defendieron el proceso como parte de una estrategia integral de inclusión y respeto a los derechos humanos, subrayando la intención de garantizar la dignidad de todas las personas implicadas.

En el contexto de la votación impulsada por el PP, la formación popular sitúa así en el centro del debate público la gestión actual de la política migratoria nacional, y busca frenar la puesta en marcha del procedimiento de regularización extraordinaria. El resultado de la votación en la Cámara Baja definirá el próximo paso legislativo sobre este tema.