Zarzuela deja en manos del Rey Juan Carlos su regreso a España: "Es una decisión personal"

Las recientes declaraciones sobre los informes desclasificados del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 han reactivado el debate en torno al regreso del Rey Juan Carlos a España. Tras la publicación de estos documentos, que confirmaron el papel del entonces monarca como defensor del orden democrático, la posibilidad de que el padre del actual rey decida establecerse de nuevo en el país ha tomado fuerza, según informó RTVE. Este contexto se da cuando están a punto de cumplirse seis años desde que el Emérito fijó su residencia en Abu Dabi tras alejarse de la vida institucional.

Diversas voces de la escena política y social han emitido opiniones respecto a la conveniencia de que el Rey Juan Carlos retorne a España. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, expresó por medio de su cuenta de X que considera “deseable” ese regreso, en línea con la información publicada por RTVE. Feijóo argumentó que la desclasificación de los informes del 23F “debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado”, subrayando que Juan Carlos I fue determinante para “sostener la democracia y las libertades en un momento clave” y recordando que el Emérito “ha reconocido errores innegables en su trayectoria” y merece “pasar la última etapa de su vida con dignidad y en su país”.

A la par de estas declaraciones, Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, declaró en el Congreso de los Diputados que la decisión sobre el regreso del Rey Juan Carlos corresponde exclusivamente al propio interesado y, en su caso, a la Casa Real. Bolaños remarcó que se trata de un asunto que queda fuera de la competencia tanto del Gobierno como del líder de la oposición, enfatizando la autonomía de la decisión.

La Casa de Su Majestad el Rey, consultada por RTVE, confirmó que no existe impedimento legal para el regreso de Juan Carlos I. Ese despacho también señaló que la determinación de volver a fijar residencia en España depende únicamente del propio Emérito. Además, se puntualizó que Juan Carlos I visita el país siempre que así lo desea y su estado de salud lo permite. Según consignó RTVE, el ex jefe de Estado desmintió los rumores recientes sobre un empeoramiento de su salud, asegurando que se encuentra “fenomenal” aunque reconoce tener “achaques propios de su edad”, que suma ya 88 años.

En torno a la situación fiscal reciente del Rey Juan Carlos, fuentes de la Zarzuela detallaron a RTVE que las irregularidades atribuidas al Emérito en los últimos años fueron ya objeto de regularización ante la Agencia Tributaria. Estas fuentes destacaron que dichas cuestiones no guardan relación con su papel constitucional durante la intentona golpista de 1981, motivo por el que se reavivó la discusión pública sobre su figura, según reportó el citado medio. El alejamiento de la vida institucional y la retirada de su asignación anual tuvieron lugar como respuesta a esos hechos fiscales, medidas tomadas por decisión de su hijo, Felipe VI.

Si el Rey Juan Carlos opta por residir de nuevo en España, informaron las mismas fuentes de la Casa de S.M. el Rey a RTVE, deberá ajustarse al marco normativo vigente y volver a declarar su patrimonio y pagar impuestos en territorio español. El propio Emérito inició su estancia en Abu Dabi hace cinco años y medio, en medio de investigaciones y debates políticos y judiciales sobre su patrimonio, pero nunca ha existido una prohibición oficial para su regreso.

Respecto a la opción de que el esposo de la Reina Sofía vuelva a vivir en el Palacio de la Zarzuela si decide retornar, la Casa de S.M. el Rey explicó a RTVE que esta posibilidad recae en Felipe VI en tanto jefe de la Corona. La residencia en Zarzuela sería una determinación que corresponde al actual monarca, en caso de que el Emérito la solicitara.

El debate público sobre el futuro del Rey Juan Carlos continúa en un momento en que personas de distintos ámbitos renuevan los llamamientos para su regreso, citando el papel que tuvo durante el golpe de Estado de 1981 y los recientes reconocimientos a su defensa de la democracia. El Gobierno y la Casa Real insisten, según información de RTVE, en el carácter personal de la decisión, sin intervención de autoridades gubernamentales ni de partidos políticos, limitando el margen de acción al propio interesado y a la jefatura del Estado.