Movistar elude pago millonario de impuestos al fisco mexicano tras fallo de la Corte

La Suprema Corte de Justicia determinó que la Secretaría de Hacienda no puede recurrir el amparo otorgado a la firma española, consolidando así la protección definitiva que impide la recuperación de más de 4.400 millones de pesos

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El convenio que Telefónica Movistar mantiene con AT&T México hasta 2030 marca un punto de inflexión en la estrategia operativa de la firma española en el país, al permitirle continuar su actividad como operador móvil virtual tras haberse desprendido de espectro y activos clave. Según informó la agencia EFE, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México determinó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no puede impugnar el amparo concedido previamente a la empresa, con lo que Movistar asegura la protección definitiva frente al cobro de un crédito fiscal que asciende a 4.442 millones de pesos, equivalentes a aproximadamente 253,7 millones de dólares.

La resolución, tomada el jueves por mayoría de los ministros de la Suprema Corte, se dio en el marco de la revisión del recurso 1172/2025, presentado por la SHCP en un intento por revertir la protección judicial otorgada antes a la compañía española de telecomunicaciones. El medio EFE detalló que, al fallar en contra de la legitimidad de la autoridad fiscal para interponer el recurso de revisión, la Corte dejó en firme el amparo que impide al fisco recuperar el monto en cuestión.

El conflicto legal comenzó tras la negativa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de aceptar ciertas deducciones relativas a una fusión corporativa de Telefónica realizada en 2014. Esta postura derivó, en 2019, en la determinación de un crédito fiscal millonario por concepto de Impuesto sobre la Renta (ISR), junto con actualizaciones, recargos y sanciones económicas, informó EFE. Movistar acudió entonces a la vía judicial en busca de amparo, que ahora, tras la resolución de la SCJN, queda consolidado.

Antes de esta decisión, el proceso fiscal representaba un factor de incertidumbre en la posible venta de las operaciones de Movistar en México. Según especialistas citados por EFE, este aspecto complicaba la búsqueda de compradores para un negocio que dejó de operar infraestructura propia —como torres y redes— y pasó a centrarse en la administración de una cartera de clientes que accede al servicio móvil a través de acuerdos mayoristas con la red de AT&T.

La salida de Telefónica de México ha transcurrido de manera gradual desde 2019, según recopiló EFE. Ese año, la empresa inició la venta de activos, como el traspaso de 250 torres a American Tower y la transferencia de infraestructura de fibra óptica a Neutral Works y Even Telecom. Posteriormente, Telefónica devolvió espectro radioeléctrico y renunció a frecuencias para brindar servicios celulares, lo que obligó a la compañía a adoptar el modelo de operador móvil virtual.

El acuerdo estratégico con AT&T México, pactado en 2019 y vigente hasta 2030, sustenta la continuidad de Telefónica Movistar en el mercado mexicano bajo el nuevo modelo operativo. En una etapa más reciente, la firma completó la venta de sus últimos activos de centros de datos, pertenecientes a su unidad Telefónica Tech, que fueron adquiridos por Hiberus, detalló EFE.

Dentro del mercado nacional, Telefónica Movistar reportó en 2025 una base de más de 23,5 millones de usuarios en el país, aunque enfrenta dificultades en términos de rentabilidad debido a la preponderancia de Telcel, perteneciente a América Móvil. De acuerdo con EFE, la presión del entorno competitivo y las limitaciones impuestas por la falta de espectro han influido en la decisión de la multinacional de tender hacia la desinversión en México.

El reciente fallo de la SCJN asegura a Telefónica que el fisco mexicano no podrá exigirle el pago de los más de 4.400 millones de pesos dispuestos en el crédito fiscal, consolidando la protección judicial y eliminando uno de los principales obstáculos para la reorganización o venta de su negocio en el país. La agencia EFE concluyó que, tras esta resolución, el principal reto de la firma radica en encontrar un comprador para un negocio que ahora funciona sobre la infraestructura de un tercero y opera bajo una fórmula distinta a la que contemplaba servicios y activos propios.