EE.UU. deporta a 86 inmigrantes amparados por DACA, admite el Gobierno de Trump

Entre las personas detenidas bajo el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) se registró que la gran mayoría, según cifras del Gobierno estadounidense, contaban con antecedentes penales. De acuerdo con la información citada por la agencia EFE, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, informó al senador demócrata por Illinois, Richard Durbin, que un total de 261 beneficiarios de DACA fueron detenidos entre el 1 de enero y el 19 de noviembre de 2025, y que al menos 241 de ellos presentaban antecedentes, aunque no precisó la naturaleza de los delitos.

El medio EFE reportó que el Gobierno encabezado por el presidente Donald Trump admitió que se procedió con la deportación de 86 inmigrantes protegidos anteriormente por DACA. La justificación oficial para estas expulsiones se centró en que los afectados enfrentaban cargos criminales. DACA, instaurado durante la administración del expresidente Barack Obama entre 2009 y 2017, se concibió para proteger a inmigrantes que llegaron al país en su infancia, otorgándoles tanto protección temporal frente a la deportación como autorización para trabajar en Estados Unidos.

Aunque la administración Trump destacó el argumento de los antecedentes criminales, defensores de los inmigrantes pusieron en tela de juicio estas detenciones. Según mencionó EFE, activistas denunciaron que algunos de los beneficiarios de DACA fueron apresados bajo acusaciones que resultaron infundadas o finalmente desestimadas por las autoridades judiciales. Estas afirmaciones han reavivado el debate sobre el uso de cargos criminales como base para la cancelación de la protección migratoria, particularmente cuando las acusaciones no culminaron en condenas.

El medio citó una carta enviada por la secretaria Noem, en la que defendió las deportaciones e hizo referencia a una decisión judicial relevante. Noem sostuvo que la medida se respalda jurídicamente, ya que un juez federal en Texas concluyó que DACA es ilegal en tanto se trata de una disposición administrativa. Además, remarcó que el programa otorga solo “una suspensión temporal de la deportación” y no garantiza el derecho de permanecer indefinidamente en territorio estadounidense. Según consignó EFE, la funcionaria subrayó estas limitaciones legales en su comunicación oficial al Senado.

Las acciones del gobierno de Trump sobre DACA se enmarcan en una política migratoria más restrictiva respecto al programa. El propio Trump buscó dar por terminado DACA durante su primer mandato entre 2017 y 2021. Sin embargo, el Tribunal Supremo impidió en su momento la cancelación del programa al determinar que el proceso instruido por el ejecutivo republicano vulneró procedimientos legales necesarios para tales decisiones, explicó EFE.

El senador Richard Durbin ha manifestado su interés en esclarecer posibles casos de deportaciones consideradas injustas por familias y organizaciones defensoras de derechos migratorios. EFE expuso que Durbin inició una investigación formal tras recibir diversas denuncias referidas a expulsiones de beneficiarios de DACA en circunstancias en las que las bases criminales para la detención, según quienes los representan, no estaban debidamente sustentadas.

El Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia nació con el propósito de ofrecer una vía temporal de protección a jóvenes migrantes que arribaron a Estados Unidos siendo menores de edad, otorgándoles la posibilidad de regularizar su estatus laboral y evitar la deportación mientras se mantenía vigente la cobertura del programa. El escenario político y jurídico en torno a DACA continúa siendo objeto de debate, sobre todo ante la persistencia de acciones que afectan a sus beneficiarios, entre las cuales se incluyen las recientes deportaciones reconocidas oficialmente por el actual gobierno, conforme los datos aportados por EFE.