Denver ordena a su policía proteger a manifestantes en contra de las redadas migratorias

La firma de una Orden Ejecutiva en Denver surge tras los recientes operativos migratorios en Mineápolis, los cuales resultaron en la muerte de dos ciudadanos estadounidenses el mes pasado. Según consignó la agencia EFE, estas medidas adoptadas por la administración local buscan dar respuesta a situaciones de violencia vinculadas a la actuación de agentes federales de inmigración, estableciendo una serie de directrices para limitar posibles extralimitaciones durante las redadas impulsadas bajo la presidencia de Donald Trump.

De acuerdo con la información publicada por EFE, el alcalde demócrata de Denver, Mike Johnston, firmó este jueves la orden que faculta tanto a la policía como a los alguaciles locales para intervenir en operativos migratorios federales cuando se registre un uso de fuerza que pueda resultar en la muerte o lesiones corporales graves. La nueva directriz estipula que el cuerpo policial tiene la responsabilidad de documentar las acciones de los agentes de inmigración utilizando cámaras corporales, así como de iniciar investigaciones sobre denuncias y posibles infracciones que se presenten en el desarrollo de estos operativos.

El medio EFE detalló que la medida instruye expresamente a la policía de Denver a proteger a los manifestantes pacíficos que decidan protestar o documentar redadas migratorias, subrayando la importancia de preservar el derecho a la libertad de expresión y la integridad de quienes asistan a estas manifestaciones.

Ninguna agencia municipal compartirá información contenida en sus bases de datos ni acuerdos para el uso de tecnología con el Departamento de Seguridad Nacional ni sus oficinas de inmigración, según lo dispuesto en la nueva orden ejecutiva referida por EFE. Además, se restringe el acceso de agentes federales de inmigración a instalaciones municipales, exigiendo la presentación formal de una orden judicial para que puedan ingresar a dichos recintos en el transcurso de sus operativos.

Johnston expresó en un comunicado, citado por EFE, que “Nuestros equipos policiales y legales defenderán las libertades civiles y, de ser necesario, intervendrán para proteger la vida y la seguridad de nuestros residentes”. Esta afirmación se enmarca en el esfuerzo de la ciudad por fortalecer la supervisión sobre los operativos migratorios federales y prevenir situaciones que atenten contra los derechos civiles de su población.

El jefe del Departamento de Policía de Denver, Ron Thomas, sostuvo que la entidad a su cargo tiene el deber de intervenir y de abrir investigaciones cada vez que miembros de la comunidad resulten dañados como consecuencia de los procedimientos efectuados por los agentes federales, publicó EFE.

De acuerdo con la cobertura de EFE, el fiscal de Denver, Miko Brown, también manifestó la disposición de su oficina para actuar en defensa de los derechos de la comunidad. Brown enfatizó que la fiscalía tomará medidas en favor de todos los residentes “independientemente de su lugar de nacimiento”.

La decisión de la administración municipal en Denver se da en un contexto nacional marcado por el incremento de redadas y operativos migratorios federales, intensificados durante la administración de Donald Trump, lo que generó preocupaciones sobre posibles violaciones a las garantías constitucionales de los residentes, en especial aquellos pertenecientes a comunidades de inmigrantes. La implementación de estos protocolos representa un cambio en la postura gubernamental local respecto a la cooperación con las autoridades federales migratorias, orientado a evitar nuevos episodios de violencia y a garantizar la protección de los derechos civiles en la ciudad, según lo reportado por EFE.

El medio EFE también consignó que la ciudad tomó distancia formal respecto a la prestación de facilidades o recursos tecnológicos que pudieran emplear los agentes de inmigración, estableciendo como requisito la orden judicial previa para toda colaboración. Esta estrategia busca limitar los recursos y el margen de acción de las autoridades federales dentro del ámbito municipal de Denver, enfocándose en la prevención de abusos y en la transparencia durante los procedimientos.

Las nuevas directrices permiten que cualquier denuncia de uso excesivo de la fuerza o violaciones a los derechos de los residentes en el contexto de redadas migratorias sea documentada y revisada bajo los estándares de la policía local, incrementando la visibilidad y el seguimiento de estos incidentes. EFE señaló que la decisión de implementar estas medidas responde directamente a los antecedentes recientes ocurridos en otras ciudades del país, marcados por pérdidas humanas asociadas a operativos migratorios.

El anuncio de la administración de Denver ha generado acciones inmediatas entre los cuerpos policiales y organismos de supervisión local, quienes deberán responder a las nuevas exigencias en materia de protección de manifestantes, registro audiovisual de las intervenciones, y revisión sistemática de los operativos migratorios federales.

La medida también incluye disposiciones claras para la custodia de la información municipal, planteando normas para evitar cualquier intercambio o utilización de datos o tecnología local a favor de las agencias de inmigración federales en ausencia de una orden legal expresa. Según el reporte de EFE, el enfoque de la Orden Ejecutiva busca equilibrar el cumplimiento del marco legal federal con la salvaguardia de los derechos reconocidos en la Constitución y las leyes estatales y locales, especialmente frente al posible uso de la fuerza letal o desproporcionada.

La administración local subrayó la prioridad de prevenir muertes y minimizar riesgos en los operativos federales realizados dentro del territorio de Denver, responsabilizando a la policía municipal de adoptar un papel activo tanto en la protección directa de las personas como en la vigilancia y fiscalización de los procedimientos. Tal como reportó EFE, la medida también responde a reiteradas demandas de las organizaciones comunitarias en torno a la protección de minorías y de residentes afectados por la política migratoria nacional.

El medio EFE relató que la normativa se produce tras incidentes recientes en otras ciudades que suscitaron debates a nivel nacional acerca de la adecuada supervisión de los agentes federales durante las detenciones y las intervenciones de carácter migratorio, así como sobre la necesidad de mayores salvaguardias institucionales para la defensa de los derechos civiles de todas las personas, independientemente de su estatus migratorio o nacionalidad.