Yolanda Díaz replica a Julio Iglesias que, aunque la demande, no dejará de señalar a quien vulnere derechos laborales

Insiste la titular de Trabajo en su defensa a las mujeres empleadas tras recibir un aviso legal del intérprete y subraya que “no dejará de actuar” frente a conductas que, a su juicio, afecten la dignidad o derechos ajenos

Guardar

El letrado José Antonio Choclán ha solicitado que Yolanda Díaz rectifique públicamente un mensaje que publicó en la red social Bluesky, además de exigir a la vicepresidenta que indemnice a Julio Iglesias por el “grave daño social” provocado por lo que califica de “comportamiento injurioso y calumnioso”. El escrito al que tuvo acceso Europa Press, revela que, según el equipo jurídico del cantante, la titular de Trabajo incurrió en una vulneración que requiere compensación y disculpa pública, motivo por el cual se ha interpuesto una demanda contra la ministra.

Tal como reportó Europa Press, Yolanda Díaz, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo, respondió a la demanda presentada por Julio Iglesias subrayando que una actuación legal en su contra no impedirá que continúe señalando a aquellas personas que, en su opinión, vulneren los derechos e integridad de las trabajadoras. Díaz expuso su posición a través de un mensaje en su cuenta de Bluesky, donde afirmó que mantiene la defensa de las mujeres empleadas y no cesará en esa tarea pese a las acciones legales. “Defiendo a las mujeres trabajadoras ante cualquiera que vulnere su integridad y sus derechos y no voy a dejar de hacerlo. Con denuncias o sin denuncias, las mujeres ya no nos callamos”, escribió, según recogió Europa Press.

La controversia entre la vicepresidenta de Trabajo y el artista surgió tras unas declaraciones de Díaz en las que acusó a Iglesias de mantener a sus empleadas “en situación de esclavitud” y de someterlas a “abusos sexuales”. Iglesias ha exigido la retirada de estas afirmaciones y ha advertido públicamente que procederá con acciones legales si la ministra no rectifica, según publicó Europa Press.

El caso, según detalló el medio Okdiario, implica la exigencia de una respuesta pública por parte de Díaz en la misma plataforma en la que realizó las declaraciones inicialmente. El escrito presentado por el equipo legal de Iglesias indica que la reparación del daño causado debe plasmarse en “la cantidad que se establezca” y estar condicionada a la gravedad del perjuicio que el acto ha generado, siempre con el foco en el carácter social de las manifestaciones que se consideran agravantes.

La polémica se centra en el uso de redes sociales por parte de autoridades públicas para realizar acusaciones de especial gravedad, lo que ha motivado el inicio de un proceso legal en defensa del honor del cantante, según consignó Europa Press. El conflicto no solo interpela a las partes directas, sino que también ha abierto el debate sobre el alcance de las declaraciones públicas y la responsabilidad institucional respecto a los derechos laborales y la dignidad de las trabajadoras, asunto al que Díaz ha notablemente dedicado mensajes en sus redes, expresando su voluntad de mantener la protección del colectivo femenino trabajador.

El equipo jurídico de Iglesias sostiene que las afirmaciones de Díaz implican acusaciones que dañan la imagen y reputación del cantante, por lo que su abogado solicita tanto la retractación como la compensación económica correspondiente. En el escrito remitido a la titular de Trabajo, se precisa la solicitud de que la rectificación se realice bajo términos similares y a través de la misma red social para asegurar el mismo grado de difusión, según reportó Europa Press.

La ministra de Trabajo mantiene su decisión de continuar defendiendo públicamente los derechos de las mujeres empleadas, evidenciando que la interposición de demandas no alterará su postura, tal como ha remarcado en sus perfiles sociales y lo recoge Okdiario. El caso sigue abierto y plantea interrogantes sobre el desarrollo futuro tanto en el terreno judicial como en el debate sobre responsabilidad pública, exposición mediática y límites de la libertad de expresión de altos cargos políticos en España.