El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicita al tribunal la anulación de una orden ejecutiva de la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, y exige cualquier otra medida que considere pertinente, después de acusarla de interferir con la legislación federal en materia de inmigración. Según informó la agencia EFE, el Gobierno federal presentó la demanda argumentando que la normativa instaurada por Sherrill impide a los agentes de inmigración efectuar detenciones en propiedades estatales no abiertas al público y prohíbe la utilización de estas instalaciones por parte de las fuerzas federales como bases operativas o áreas de preparación.
La demanda, presentada este martes en una corte federal de Nueva Jersey, expone que la orden ejecutiva emitida por Sherrill tiene como objetivo, de acuerdo con el Departamento de Justicia, obstaculizar deliberadamente la puesta en marcha de las leyes federales de inmigración y complicar el cumplimiento de la obligación constitucional del presidente para que la normativa migratoria se aplique correctamente. Tal como detalló la información difundida por EFE, el Departamento de Justicia sostiene que las políticas conocidas como “santuario”, implementadas por Nueva Jersey, contravienen el marco legal estadounidense y facilitan la liberación de personas consideradas peligrosas y sujetas a deportación.
El Gobierno presidido por Donald Trump recurre ante los tribunales en busca de que se declare inviable la orden ejecutiva estatal. Además, exige del tribunal cualquier otro tipo de resolución que considere justa ante la situación, siguiendo la línea de su política de enfrentamiento con los denominados estados santuario. El comunicado oficial del Departamento de Justicia estadounidense, citado por EFE, acusa a las autoridades de Nueva Jersey de dificultar el trabajo de los agentes federales encargados de hacer cumplir las leyes de inmigración. La fiscal general Pam Bondi manifestó que “los agentes arriesgan sus vidas para garantizar la seguridad de los ciudadanos de Nueva Jersey y aun así sus líderes están implementando políticas diseñadas para obstruir y poner en peligro a las fuerzas del orden”.
El litigio surge tras un episodio similar ocurrido en 2023, cuando el Gobierno federal encabezado por Donald Trump presentó otra demanda contra el estado de Nueva York. Según publicó EFE, en esa ocasión las autoridades federales cuestionaron diversas normativas estatales que prohibían a los agentes de inmigración hacer detenciones dentro de juzgados locales y estatales. Sin embargo, el reclamo fue desestimado por un juez federal meses después, en noviembre, quien concluyó que tales políticas estatales no se consideraban inconstitucionales según los argumentos presentados por la administración.
Sherrill, quien asumió la gobernación de Nueva Jersey en enero, aún no ha emitido comentarios públicos sobre la demanda que se formalizó el lunes en los tribunales federales del estado, de acuerdo con los datos suministrados por EFE. Esta acción judicial amplía el esfuerzo federal dirigido a confrontar medidas estatales que limitan la cooperación con las autoridades migratorias nacionales y pone de relieve la pugna entre la administración central y gobiernos estatales que defienden su autonomía frente a las políticas federales de inmigración.
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