Entre los cambios contemplados en la nueva regulación sobre publicidad del sector público se incluye la creación de un registro público en el que los medios deberán inscribirse y detallar información sobre sus propietarios y los fondos públicos percibidos. Esta medida responde a la intención del Ejecutivo de dotar de mayor transparencia al sector mediático y limitar la dependencia económica de los medios respecto a la financiación institucional. Según publicó Europa Press, el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de la Ley de Publicidad del Sector Público, limitando a un máximo del 35% la proporción de ingresos que un medio de comunicación o una plataforma digital puede obtener anualmente por publicidad pública, sumando aportaciones de ayuntamientos, comunidades autónomas y la Administración central.
Con esta norma, los medios que superen el nuevo límite del 35% de facturación anual procedente del sector público no podrán acceder a campañas o contratos de publicidad estatal, según informó Europa Press. El texto legal reconoce una “salvaguarda” específica: aquellas empresas cuya facturación total se mantenga por debajo de dos millones de euros y operen en una, dos o tres comunidades autónomas podrán quedar exentas de esa restricción, permitiendo al Gobierno sostener la diversidad mediática en distintos territorios. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, expresó en conferencia de prensa que “la publicidad del sector público cumple un papel esencial de información a los ciudadanos pero no se puede convertir nunca en un medio de compra de medios”, según consignó Europa Press. López argumentó que la independencia de los medios podría verse comprometida en situaciones de dependencia excesiva de recursos públicos.
El límite del 35% surge tras un análisis de reportes de organismos internacionales, incluyendo estudios de la UNESCO y de la agencia Reuters, acorde con lo comunicado por el ministro. Europa Press detalló que, en el proceso de elaboración del anteproyecto, se mantuvieron conversaciones con actores del sector, aunque el propio ministro reconoció la falta de transparencia existente en la actualidad sobre qué empresas podrían verse directamente afectadas por la nueva disposición. López destacó que “un medio de comunicación privado que tenga un 50, un 60, un 70% de financiación del sector público no es un medio de comunicación, será otra cosa”.
Otra de las novedades incluidas en este anteproyecto es la incorporación expresa de las plataformas digitales dentro de la normativa sobre publicidad del sector público, sumando así a nuevos actores digitales al marco regulatorio. Según publicó Europa Press, se establece la obligación de que todos los medios y plataformas realicen su inscripción en un registro público bajo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que servirá para acreditar oficialmente a los medios y controlar la información clave sobre su titularidad y financiación pública.
El anteproyecto estipula que los medios inscritos deberán declarar datos como su razón social, la identidad de los titulares con capacidad de influencia sobre la gestión y el importe anual de fondos públicos adjudicados para campañas institucionales. Además, se implementa un sistema público y transparente de medición de audiencias, así como la obligación de publicar con claridad las tarifas empleadas para la contratación de publicidad institucional, reportó Europa Press.
En cuanto al uso de los fondos públicos, el Gobierno y las comunidades autónomas estarán obligados a realizar y publicar anualmente un informe detallando el destino de toda la inversión publicitaria. “Se hará un informe anual con toda la publicidad y con todos los datos para que los ciudadanos sepan a qué se destinan sus impuestos”, subrayó López en sus declaraciones recogidas por Europa Press. Dicho informe será aprobado por el Ejecutivo y presentado ante las Cortes antes del 30 de junio, incluyendo de forma explícita la información sobre la identidad de los propietarios finales de los medios beneficiarios.
El ministro López aclaró que el espíritu de la ley no es sancionador, sino orientado a sentar las bases para una distribución objetiva y transparente de los recursos estatales destinados a la publicidad. Puso como ejemplo que si un medio digital obtiene el 60% de sus ingresos anuales de campañas procedentes de una comunidad autónoma, la consecuencia directa no será una sanción, sino la exclusión de ese medio de futuras campañas de publicidad institucional de la Administración General del Estado. Europa Press informó que, según lo estipulado, si alguna comunidad autónoma no cumple con la obligación de revelar información sobre su inversión publicitaria, corresponderá a la Comisión Europea la apertura de un procedimiento formal por incumplimiento de reglamentos europeos en la materia.
El régimen básico de la futura ley resultará de aplicación para todas las administraciones públicas e instituye mecanismos de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas para el control del gasto en campañas institucionales. Las autoridades autonómicas o sus organismos reguladores deberán remitir datos sobre el control y seguimiento del gasto a la CNMC. En aquellos casos donde las comunidades autónomas no cuenten con una autoridad de control independiente, corresponderá a la CNMC recabar y centralizar toda la información relativa a la publicidad institucional, según describió Europa Press.
El origen de esta nueva norma radica en la necesidad de adaptar el ordenamiento jurídico español al Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA), argumentó el Gobierno en la información recopilada por Europa Press. La Ley de Publicidad del Sector Público sustituirá así a la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional vigente desde 2005, previsiblemente ampliando el marco regulatorio no solo a la publicidad institucional sino también a campañas de carácter industrial, comercial o mercantil.
La implantación de sistemas transparentes, la exigencia de conocer la identidad de los propietarios de los medios y la restricción de la dependencia económica respecto a fondos públicos forman parte de los mecanismos previstos por el Ejecutivo para fortalecer la autonomía informativa y evitar interferencias en la libertad de prensa, tal como reflejó Europa Press en su cobertura de la aprobación del anteproyecto.
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