El expresidente surcoreano Yoon Yuk Seol recurre su condena a cadena perpetua por la ley marcial de 2024

La defensa del exmandatario surcoreano registró un recurso ante las autoridades judiciales insistiendo en que la sentencia resultó injusta y política, señalando importantes errores legales y calificando la acusación de excesiva y contradictoria respecto al caso

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La defensa del expresidente surcoreano Yoon Seok Yeol ha sostenido que la sentencia dictada contra su cliente contiene errores legales importantes y decisiones contradictorias relacionadas con las aportaciones de la Fiscalía y antecedentes políticos del caso. Según detalló la agencia Yonhap, los abogados presentaron este martes un recurso ante las autoridades judiciales con el objetivo de dejar constancia de las presuntas deficiencias no solo ante los tribunales, sino también para la historia. Esta acción legal responde a la condena a cadena perpetua impuesta al exmandatario el pasado jueves, tras declararse que lideró una insurrección en el contexto de la implementación de la ley marcial en Corea del Sur en diciembre de 2024.

El análisis del equipo jurídico de Yoon Seok Yeol, consignado por Yonhap, expone que el fallo de primera instancia incluyó una interpretación inadecuada tanto de los hechos como de la aplicación de la legislación vigente. En un comunicado, los abogados puntualizaron que su labor consiste en exponer públicamente los desaciertos judiciales y lo que calificaron como una acusación “excesivamente celosa” por parte del Ministerio Público. El recurso argumenta, además, que existe una contradicción en la decisión del tribunal, cuyo fallo se habría visto influido por los antecedentes políticos de Yoon, según la defensa.

Durante su primera declaración posterior a la sentencia, el expresidente manifestó que la declaración de la ley marcial buscó un beneficio para el país, aunque también reconoció la existencia de errores en su ejecución. Según documentó Yonhap, Yoon presentó disculpas y transmitió su pesar a la ciudadanía por las consecuencias originadas a raíz de aquellas decisiones tomadas en el contexto de la crisis de diciembre de 2024.

En la nota difundida un día después de su condena, Yoon expresó sus dudas respecto al sentido de disputar su caso a través de los procedimientos de apelación, indicando que no observa garantías de independencia judicial ni perspectivas de una resolución basada en parámetros legales y éticos independientes en las actuales circunstancias. Estas declaraciones, recogidas por la agencia de noticias surcoreana, apuntan a la falta de confianza del exmandatario en el sistema judicial de su país ante casos de alta carga política y social.

La condena a cadena perpetua fue emitida el día viernes por el tribunal correspondiente, el cual desestimó la solicitud de la Fiscalía que proponía la pena de muerte para Yoon Seok Yeol, acusado de encabezar actos de insurrección. Aunque el Código Penal surcoreano contempla la pena capital y la cadena perpetua (sin obligatoriedad de trabajos forzados) para tales delitos, el tribunal optó por esta última, según registró Yonhap.

El equipo legal de Yoon insistió, de acuerdo con la agencia Yonhap, en que su responsabilidad profesional y ética les motivó a emprender este recurso, cuyo objetivo es corregir lo que consideran una decisión injusta y política. El comunicado de la defensa cuestiona la congruencia del fallo y señala la presión supuestamente ejercida por la Fiscalía y la influencia de elementos políticos al momento de emitir la sentencia.

La situación de Yoon Seok Yeol, documentó Yonhap, surge tras la declaración de la ley marcial durante diciembre de 2024, un hecho que generó profunda polémica en Corea del Sur y desencadenó procedimientos judiciales que concluyeron en la sentencia de cadena perpetua. El caso ha suscitado debate sobre la interpretación de la legislación en materia de insurrección, el papel de las autoridades en situaciones de emergencia nacional y los límites de la actuación presidencial de acuerdo con la legislación surcoreana.

Yonhap reportó que la defensa continuará presentando sus argumentos ante instancias superiores, alegando errores en la valoración de los hechos, interpretación errónea de las leyes aplicadas y parcialidad en la sentencia inicial. Las próximas etapas del proceso judicial podrían definir el curso definitivo de la causa, cuyo desenlace es motivo de atención tanto en el ámbito político local como en el internacional.