Colombia impone un arancel recíproco del 30% a más de 23 productos de Ecuador

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia formalizó la imposición de un arancel del 30% sobre más de 23 productos ecuatorianos, incluyendo arroz, pescado y plátanos, según el decreto número 0170 publicado en el Diario Oficial, en respuesta directa a las recientes medidas comerciales adoptadas por Ecuador. Con este acto, el gobierno colombiano concretó un mecanismo de reciprocidad ante la tasa del 30% aplicada desde el 1 de febrero a las importaciones colombianas por parte de Quito, en medio de tensiones impulsadas por desacuerdos en materia de seguridad y energía. La noticia fue difundida inicialmente por el medio que consigna las resoluciones oficiales y confirmada por distintas agencias de noticias regionales.

Según reportó el medio, la aplicación de la nueva tasa para productos ecuatorianos surge tras un conflicto creciente que tuvo su origen en enero, cuando el gobierno de Ecuador estableció un gravamen del 30% destinado a los bienes importados desde Colombia. Las autoridades ecuatorianas justificaron la medida con el argumento de falta de reciprocidad y de acciones contundentes por parte de Colombia en la lucha contra el narcotráfico. Este contexto de desacuerdos en torno a la seguridad fronteriza se vio agravado por la decisión de Ecuador de elevar en más de un 900% la tarifa aplicable al transporte de petróleo colombiano mediante el Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), acción que impactó directamente al sector energético y comercial del país vecino.

De acuerdo con lo publicado por el Diario Oficial y ampliado por diversas fuentes, el gobierno de Gustavo Petro optó por responder de manera simétrica mediante la implementación de un tributo idéntico al que Ecuador comenzó a aplicar apenas iniciado febrero. Dicha decisión afecta a una variedad de productos que integran el intercambio comercial bilateral y apunta principalmente a rubros agrícolas y alimenticios que forman parte de la canasta básica de exportaciones ecuatorianas hacia Colombia.

En el contexto de esta escalada, el gobierno colombiano elevó una demanda formal ante la Comunidad Andina de Naciones (CAN), foro regional encargado de la integración económica y resolución de divergencias comerciales entre países miembros. Según consignó la prensa, la iniciativa legal busca invalidar la imposición de la tasa del 30% creada por Ecuador, denunciando el presunto desconocimiento de acuerdos y principios que rigen el comercio intrarregional dentro de la CAN. El recurso legal presentado por el Ejecutivo de Petro apela a los mecanismos institucionales andinos con el objetivo de resolver la disputa a través de la vía jurídica, salvaguardando los intereses de los exportadores colombianos e insistiendo en la necesidad de mantener la integridad del marco comercial regional.

La tensión entre ambos países sudamericanos se evidenció a partir de la decisión de Quito de elevar abruptamente el costo del transporte de crudo colombiano a través de la infraestructura ecuatoriana, medida que supuso no solo un impacto económico sino también un punto de inflexión en la relación energética bilateral. Dicha acción fue seguida por la imposición del arancel del 30%, que Ecuador denominó “tasa de seguridad”, justificándola por la presunta insuficiencia de participación colombiana en el enfrentamiento de amenazas transfronterizas como el narcotráfico. A esto respondió Colombia con la implementación del arancel espejo, profundizando una disputa que ahora atraviesa tanto el comercio de bienes como la cooperación energética y de seguridad.

Medios oficiales detallaron que tanto el arroz como el pescado y los plátanos se encuentran entre las mercancías más impactadas por la reciente decisión arancelaria. Estos productos representan una parte significativa de las exportaciones ecuatorianas dirigidas al mercado colombiano y forman parte esencial del comercio entre ambos países desde hace décadas. La afectación de estos sectores introduce incertidumbre para los productores y exportadores, que ahora se enfrentan a sobrecostos y posibles reducciones de cuota de mercado debido a la barrera comercial establecida por ambas naciones.

El desencadenamiento de esta disputa bilateral tiene lugar en un contexto regional complejo, donde la CAN y otros bloques buscan promover la integración y la solución pacífica de controversias. Según refirió el medio que dio cuenta de la publicación del decreto colombiano, los equipos diplomáticos y económicos de los dos países continúan analizando alternativas y recursos legales disponibles en el marco andino, en un intento de evitar una espiral de represalias que pueda poner en peligro el flujo bilateral de bienes y servicios.

Entre las reacciones surgidas, destaca la postura del gobierno de Petro, que comunicó su decisión de actuar conforme a los instrumentos jurídicos de la Comunidad Andina y persistir en la defensa de los intereses exportadores colombianos. De igual modo, fuentes oficiales ecuatorianas ratificaron la vigencia y justificación de la “tasa de seguridad”, reiterando su preocupación por los desafíos de seguridad en la frontera común.

Esta serie de acontecimientos intensificó el debate sobre los términos de la cooperación antinarcóticos y energética entre Colombia y Ecuador, así como sobre la efectividad de los mecanismos regionales para resolver diferencias comerciales. El episodio apunta a la necesidad de revisiones periódicas en las políticas fronterizas y en la coordinación de esfuerzos para enfrentar problemáticas compartidas, dentro del respeto mutuo y en el marco normativo de la integración andina.

La progresión de este conflicto comercial y su tránsito por las instancias de la Comunidad Andina determinarán el alcance de las repercusiones para la relación bilateral en los ámbitos comercial, energético y de seguridad, así como para el equilibrio en la región andina.