'Stop Killing Games' creará una ONG en Europa y otra en Estados Unidos para frenar la "destrucción de videojuegos"

La campaña ‘Stop Killing Games’ prepara la publicación de un análisis jurídico de 500 páginas que abordará los desafíos y oportunidades legales para la protección de los videojuegos considerados bienes culturales, documento que busca fundamentar la lucha frente al cierre de servidores que afecta la disponibilidad y la conservación de videojuegos. Según informó el medio Europa Press, este texto jurídico forma parte de las acciones que la iniciativa, liderada por Ross Scott, desarrollará mediante la fundación de dos organizaciones no gubernamentales: una en la Unión Europea y otra en Estados Unidos.

A través de la creación de estas dos ONG, ‘Stop Killing Games’ tiene como objetivo central ejercer presión sostenida sobre la industria del videojuego y fomentar cambios regulatorios que garanticen el acceso y preservación de los videojuegos, incluso después del cese en el soporte de los servidores de juego. La campaña denuncia que muchas compañías venden videojuegos sin establecer una fecha de caducidad explícita, aunque, según especifica la organización en su página web, estos productos resultan inaccesibles para los usuarios una vez que se cierran los servidores, ya que la adquisición solo otorga una licencia de uso y no una propiedad permanente.

El creador de contenido y principal impulsor de la iniciativa, Ross Scott, detalló en un vídeo de YouTube que la estructuración de una ONG en cada continente permitirá desarrollar acciones a largo plazo y explorar la posibilidad de futuras expansiones a otras regiones fuera de Europa y Estados Unidos. Ross Scott explicó que este enfoque internacional pretende coordinar esfuerzos para frenar lo que considera una práctica de “obsolescencia planificada”, que no solo afecta a los consumidores, sino que impide preservar los videojuegos como parte de la cultura digital.

Desde abril de 2024, ‘Stop Killing Games’ ha expandido su radio de acción internacional, promoviendo diferentes actividades orientadas a desafiar la legalidad de los editores que, tras vender un videojuego, finalizan el acceso al mismo sin ofrecer alternativas de conservación o uso público. El movimiento busca situar este asunto en la agenda pública y legislativa, planteando la necesidad de normativas que protejan los derechos de los consumidores y la memoria histórica de la industria.

En septiembre del año anterior, la campaña logró reunir 1,45 millones de firmas en Europa, una cifra que, según reportó Europa Press, abrió la puerta para que la Comisión Europea y el Parlamento Europeo consideren formalmente la propuesta. Este respaldo ciudadano permite que la iniciativa acceda a los procesos legislativos y logre la atención de las principales instancias de decisión del continente.

El sitio web de ‘Stop Killing Games’ sostiene que la desaparición de videojuegos tras el cierre de servidores es consecuencia directa de un modelo de negocio en el que el usuario solo adquiere una licencia, perdiendo el acceso cuando la empresa decide discontinuar el servicio. La organización señala en sus materiales informativos que esto dificulta cualquier esfuerzo de preservación, dado que los usuarios y entes culturales no pueden garantizar la supervivencia de estos productos, aún cuando no se especifica una expiración en el momento de la compra.

La campaña plantea que la protección de los videojuegos debe abordarse tanto como un problema de derechos del consumidor como una cuestión cultural, demandando que los títulos descontinuados sean accesibles para su estudio y disfrute posterior, más allá de intereses comerciales inmediatos. ‘Stop Killing Games’ aspira a ejercer influencia directa en la elaboración de marcos normativos que impidan a las empresas eliminar juegos tras la venta, presentando argumentos técnicos, legales y culturales en los foros adecuados.

Este movimiento ciudadano, según consignó el medio Europa Press, refuerza la idea de que los videojuegos constituyen parte del patrimonio digital, cuyo acceso y conservación deben preservarse incluso cuando los modelos de negocio evolucionan o cambian. Cuenta con el impulso de organizaciones y personas preocupadas por la protección de la memoria digital y el derecho de los consumidores a seguir utilizando los contenidos adquiridos.

La estrategia internacional trazada ahora por ‘Stop Killing Games’, además de integrar las dos nuevas ONG y el análisis jurídico en proceso, prevé sumar el apoyo de comunidades y expertos jurídicos para mantener la vigilancia sobre las prácticas empresariales y promover cambios legislativos duraderos tanto en Europa como en Estados Unidos. Según describen sus impulsores, el esfuerzo busca dotar a las autoridades de argumentos legales y datos técnicos que faciliten intervenciones normativas y garanticen la preservación de los videojuegos frente a la práctica extendida de cerrar el acceso tras el cese de los servidores.