Una orden de búsqueda y detención emitida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Málaga motivó la detención de un joven de 23 años en el centro de acogida Princesa Letizia de Santander. Según informó la Policía Local de Santander, los agentes identificaron al individuo cuando este solicitó refugio en el mencionado albergue de la Avenida Candina y verificaron que sobre el solicitante recaía una orden judicial vigente procedente de Andalucía.
De acuerdo con el comunicado difundido por la Policía de Santander y recogido por medios locales, la detención tuvo lugar el domingo alrededor de las 17:20 horas dentro de las instalaciones del centro. El joven, cuya identidad no se ha hecho pública, se encontraba en proceso de gestionar su acceso al albergue cuando los agentes accedieron a sus datos y confirmaron la requisitoria judicial activa.
El medio detalló que a raíz de la localización, la Policía Local procedió a organizar el traslado del detenido y la apertura de diligencias judiciales, conforme al protocolo establecido para estos casos. Las autoridades consignaron que la orden de búsqueda comprendía no solo la detención del individuo, sino también su puesta a disposición judicial, dado el carácter de la causa pendiente en Málaga.
El Princesa Letizia, conocido como uno de los principales recursos asistenciales para personas en situación de vulnerabilidad en Santander, atiende regularmente a personas que requieren alojamiento de emergencia. En este contexto se produjo la identificación y posterior detención del joven, lo que implicó la colaboración entre los responsables del centro y los agentes municipales para realizar el procedimiento de manera inmediata y conforme a la legalidad vigente.
Según consignó la Policía de Santander, concluidas las actuaciones relacionadas con la identificación y la notificación de la situación judicial al detenido, se iniciaron los trámites para su comparecencia ante la autoridad judicial correspondiente, en sintonía con los procedimientos que regulan las órdenes de localización y personación dictadas por órganos judiciales de otros territorios.
El parte policial distribuyó la información de lo ocurrido tanto internamente como a los organismos judiciales que reclamaban la intervención, asegurando de esta manera el cumplimiento de la requisitoria, la continuidad del proceso judicial y el seguimiento de las garantías legales para la persona detenida.
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