ONG denuncian "trabas" de ayuntamientos para empadronar migrantes y cobros de hasta 500 euros en pisos sobreocupados

Decenas de mujeres migrantes han visto dificultades para acceder a cuidados médicos básicos durante el embarazo, mientras que menores han enfrentado retrasos en sus calendarios de vacunación y personas con enfermedades crónicas permanecen sin el debido control sanitario. Tal como publicó la Coordinadora Estatal Padrón por Derecho a través de un informe presentado recientemente, estos hechos se relacionan directamente con los problemas de empadronamiento que afectan a la población sin documentación regular en España, quienes quedan apartados de servicios fundamentales como sanidad, educación, vivienda y ayudas sociales. Según consignó el medio, la situación deriva del creciente fenómeno de barreras y trabas administrativas que diversos ayuntamientos imponen para registrar a las personas migrantes en el padrón municipal.

El informe “El derecho a tener derechos”, elaborado por la Coordinadora —integrada por entidades como Red Solidaria de Acogida, Coordinadora de Barrios, Sindicato de Manteros, Regularización Ya Valencia, Oxfam Intermón y Red Acoge, entre otras— advierte que la exclusión en el empadronamiento ha propiciado un mercado clandestino en el que migrantes deben pagar hasta 500 euros para figurar en domicilios sobreocupados, como reportó la ONG Murcia Acoge. Según el documento citado por la Coordinadora, en algunos pisos se inscribe a decenas de personas y el pago por acceder a empadronarse constituye un coste adicional para quienes ya enfrentan precariedad económica. De acuerdo con las ONG, este sistema ilegal favorece la explotación y el endeudamiento de las personas migrantes, quienes recurren a redes informales ante la imposibilidad de cumplir los requisitos exigidos en los ayuntamientos.

Tal como detalló la Coordinadora Estatal Padrón por Derecho, el padrón municipal no representa un documento que acredite la situación legal en el país, sino que simplemente certifica la residencia efectiva en determinada localidad. La exigencia de presentar contratos de alquiler, escrituras de propiedad o permisos de residencia vigentes para acceder al registro entra en contradicción con la normativa vigente. Las organizaciones firmantes señalan que estas prácticas administrativas no solo contravienen la ley, sino que además dejan a la población migrante en un “limbo administrativo” que obstaculiza su acceso a derechos esenciales.

De acuerdo con el informe, la administración pública, al poner obstáculos para el empadronamiento, genera una demanda que se canaliza a través de actores informales, quienes ofrecen el registro a cambio de elevadas sumas de dinero. En las ciudades donde estas prácticas proliferan, la consecuencia se traduce en una consolidación de la “mercantilización” del padrón y en la normalización de la sobreocupación de viviendas. Médicos del Mundo aportó datos en este sentido al informar, según recogió el documento, que en los últimos tres años al menos 28.700 personas vieron restringido su acceso a la atención sanitaria o a tratamientos esenciales debido a problemas vinculados con el empadronamiento. De este conjunto, 885 eran menores y 363 mujeres embarazadas que encontraron dificultades para recibir asistencia.

El análisis presentado por la Coordinadora evidencia además que el 61,4% de las restricciones en el acceso sanitario impactaron específicamente en mujeres, lo que apunta a una dimensión de género en la exclusión derivada de la falta de padrón. Entre los efectos descritos en el informe aparecen los embarazos sin seguimiento prenatal, menores sin completar los calendarios de vacunación recomendados y personas con enfermedades crónicas que no accedieron al control o al tratamiento adecuado. El medio refleja también que, en la esfera educativa, el no estar empadronado puede demorar la escolarización de niños y niñas durante varios meses.

El acceso a empleo regular y la posibilidad de regularización administrativa por arraigo también se ven obstaculizados por la falta de certificado de empadronamiento, según alertó la Coordinadora Estatal Padrón por Derecho en el documento citado. La exclusión del padrón lleva a muchas personas a participar en la economía informal ante la imposibilidad de acceder al mercado laboral en condiciones legales. La ausencia de registro en los censos municipales impide además solicitar ayudas sociales, acceder a viviendas públicas y, en ocasiones, hasta abrir cuentas bancarias, como detalló la Coordinadora.

El informe también pone de manifiesto que estas dificultades no solamente afectan a las personas físicamente excluidas del padrón, sino que repercuten en la gestión de los propios municipios. Un ayuntamiento que no registra a todos sus vecinos termina recibiendo menos recursos económicos del Estado del que correspondería en función de su población real, limitando su capacidad para financiar y prestar servicios.

En el texto difundido por la Coordinadora Estatal Padrón por Derecho se analiza además el papel que desempeña el padrón como mecanismo de control migratorio bajo determinados contextos políticos. Para las entidades firmantes, impedir que personas migrantes se inscriban en el padrón no produce una disminución de los flujos migratorios, sino que genera más irregularidad, impulsa la economía sumergida y dificulta los procesos de regularización administrativa, como indicó el informe.

Frente a la problemática detectada, la Coordinadora propone distintas medidas destinadas a garantizar el acceso universal al padrón. Entre las recomendaciones recogidas en el documento figuran la creación de unidades municipales especializadas con personal formado en empadronamiento y la supresión de requisitos no previstos en la normativa vigente. Además, sugiere establecer protocolos claros y específicos para quienes carecen de domicilio fijo o residen en asentamientos, así como la puesta en marcha de un observatorio nacional que supervise y controle las prácticas de los ayuntamientos en la materia. Otra propuesta apunta a la necesidad de desarrollar mecanismos administrativos accesibles, ágiles y comprensibles para toda la población migrante y vulnerable.

El informe enfatiza que la exclusión padronal afecta de manera estructural la vida de muchas personas migrantes y sus familias, y limita el funcionamiento democrático si parte de la población permanece invisible en los registros oficiales. Según las entidades agrupadas en la Coordinadora, es necesario abordar la situación desde la voluntad política, la coordinación interadministrativa y lo que definen como una empatía social. El documento concluye con una cita señalando: “Mientras existan mujeres que crían, cuidan, trabajan y viven en nuestras ciudades sin constar en los registros, la democracia estará incompleta”.