La ONU denuncia las atrocidades que acompañan a las operaciones de estafas informáticas en la región del Mekong

Un testimonio recogido por la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos describe la existencia de “cárceles submarinas”, celdas casi sumergidas y herméticas donde las víctimas de redes de estafas informáticas permanecen durante horas en castigo, apenas con aire suficiente para respirar. El informe publicado este viernes alerta sobre la realidad de personas atrapadas mediante engaños en centros de estafa ubicados principalmente en la región que recorre el río Mekong —China, Birmania, Laos, Tailandia, Camboya y Vietnam—, y revela el uso de tortura, explotación laboral y sexual, amenazas y presiones para obtener rescates por familiares, como parte de las prácticas de estos grupos.

Según consignó la Oficina de Naciones Unidas y tal como difundió el medio original, estos delitos se concentran en zonas donde las operaciones de estafas informáticas adquirieron peso económico relevante. En Laos, por ejemplo, estas actividades representan más del 68,5% del Producto Interior Bruto, con ingresos por encima de los 10.500 millones de euros. El auge de los llamados centros de estafa, también denominados “scam farms”, se relaciona con el impacto global de la pandemia por coronavirus y las restricciones que llevaron a grupos criminales a instalarse en hoteles y casinos vacíos durante 2021, según publicó la fuente. Estos espacios, que existen en los países atravesados por el Mekong y con “escalas” en lugares como Emiratos Árabes Unidos, actualmente funcionan como enclaves donde operarios viven, comen y duermen dentro de los mismos recintos.

El informe de Naciones Unidas señala que la expansión de estos centros ha sido posible en parte por la diversificación de grupos armados y organizaciones criminales que buscaron nuevas formas de ingresos durante los cierres provocados por el COVID-19. El medio detalló que los empleados captados por engaño provienen no solo de la región del Mekong, sino también de países africanos —incluido Zimbabue— y de estados surasiáticos como Bangladesh. Al llegar, descubren situaciones muy distintas a las prometidas: la región acapara más del 60% de la actividad global del delito informático, y la huida para estas personas resulta prácticamente imposible.

De acuerdo con lo expuesto por Naciones Unidas, las mafias que controlan estas “granjas” de estafas han sofisticado sus métodos mediante tecnologías avanzadas. Utilizan inteligencia artificial para replicar voces de familiares de víctimas, así como herramientas de falsificación facial, con el objetivo de perfeccionar fraudes y presionar por rescates, llegando a realizar videollamadas a parientes obligados a presenciar el maltrato infligido, en busca de pagos millonarios. El testimonio de un representante adjunto de la ONU contra la Droga y el Delito para el Sureste Asiático y el Pacífico, Benedikt Hofmann, ilustra la vida dentro de estos enclaves, donde existen restaurantes, peluquerías y hasta karaoke, pero desde donde escapar resulta extremadamente difícil.

Los abusos que enfrentan estas personas incluyen castigos físicos, privación de alimentos, explotación sexual y abortos forzados, detalla el informe citado. Las cuotas impuestas por los grupos criminales pueden superar los 9.000 euros diarios, según el reporte, y quienes no las alcanzan sufren tormentos, como narra una víctima de Sri Lanka. Otros testimonios relatados por la ONU incluyen la obligación de presenciar o cometer abusos físicos para asegurar la sumisión de los cautivos. Una víctima originaria de Bangladesh contó que le obligaron a golpear a otros trabajadores, mientras que otra de Ghana relató la experiencia de ver cómo maltrataban a un amigo delante de ella.

El castigo por intentos fallidos de escape puede ser severo. Una mujer vietnamita narró a la ONU que su hermana fue golpeada, sometida a descargas eléctricas y encerrada sin alimentos durante siete días, después de que un intento de huida resultara frustrado. Además de las amenazas físicas, los delincuentes recurren a la presión emocional y económica, contactando a familiares para exigir rescates bajo amenaza de dañar a la víctima, utilizando tecnología para incrementar la efectividad de las extorsiones.

A pesar de la promesa de salarios, ningún entrevistado por el equipo de Derechos Humanos de Naciones Unidas recibió la totalidad de la paga prometida. Todos describieron un sistema de deducciones progresivas y obstáculos para acceder a su sueldo, consignó la organización internacional.

Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresó que la lista de atropellos documentados es extensa y compleja. El funcionario subrayó en el informe, según citó la fuente, que “en lugar de recibir protección, atención y rehabilitación, así como las vías de acceso a la justicia y la reparación a las que tienen derecho, las víctimas con demasiada frecuencia se enfrentan a la incredulidad, la estigmatización e incluso a un castigo mayor”. Türk llamó a los estados y organismos regionales a intensificar la lucha contra la corrupción institucional enraizada en estas operaciones y a perseguir judicialmente a las organizaciones criminales responsables.

El informe considera fundamental la labor de los medios independientes, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, quienes, según la fuente, deben poder actuar contra la trata de personas y la explotación sin sufrir interferencias. La documentación presentada por Naciones Unidas enfatiza la necesidad de abordar tanto el tráfico de seres humanos como el blanqueo de capitales y la impunidad sistémica que soportan las víctimas.

Las redes criminales continúan diversificando sus métodos y adaptando nuevas tecnologías con rapidez, mientras los flujos de explotación afectan a países en Asia y África y extienden su amenaza a familias que se ven obligadas a efectuar pagos onerosos para liberar a sus allegados. El fenómeno descrito por la ONU combina componentes económicos, sociales y tecnológicos, y plantea nuevos desafíos a la cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional.