El TPI permite a Duterte ausentarse de las vistas previas al juicio por crímenes contra la humanidad

La Corte Penal Internacional (TPI) ha determinado que Rodrigo Duterte, expresidente de Filipinas, tiene la facultad de decidir si asiste o no a las audiencias judiciales previas al proceso en su contra por presuntos crímenes contra la humanidad, relacionados con la campaña antidrogas ejecutada durante su mandato. Según reportó el TPI en un comunicado citado por Europa Press, dicha autorización responde a una solicitud formal presentada por el equipo legal de Duterte ante el tribunal con sede en La Haya.

De acuerdo con Europa Press, el tribunal aclaró que estas vistas previas al juicio no constituyen un juicio en sí, sino que representan una fase preliminar enfocada en determinar si existen pruebas suficientes para llevar el caso a la siguiente etapa. La Sala Primera de lo Preliminar de la corte agregó que, durante estas audiencias, los jueces no deliberarán sobre la inocencia o culpabilidad de Duterte, sino que se centrarán únicamente en valorar el material presentado para decidir la continuación del proceso judicial.

Europa Press detalló que las sesiones preliminares han sido programadas para los días 23, 24, 26 y 27 de febrero. Pese a la oposición expresa de la fiscalía y los representantes legales de las presuntas víctimas, los jueces avalaron la petición del equipo de Duterte. El tribunal se pronunció de esta manera: “Tras una solicitud de la defensa (...), los jueces han decidido que la audiencia se celebrará en ausencia del sospechoso”.

La investigación del TPI comenzó tras una denuncia presentada en 2018 por organizaciones no gubernamentales y familiares de personas fallecidas durante la operación antidrogas, según consignó Europa Press. La gestión de Rodrigo Duterte frente a la llamada “guerra contra las drogas” incluyó acciones que las autoridades filipinas cifran en aproximadamente 6.000 fallecidos. Este balance, ampliamente cuestionado por organismos internacionales y activistas por los derechos humanos, ha mantenido el debate sobre la responsabilidad de altos funcionarios en la política de seguridad filipina.

Las decisiones del TPI han surgido en el contexto de la retirada unilateral de Filipinas de la jurisdicción del tribunal en 2019, una medida adoptada por Duterte como respuesta a las investigaciones iniciadas desde La Haya, informó Europa Press. A pesar de la salida formal, el TPI argumentó que conserva la competencia para juzgar presuntos delitos cometidos durante el periodo en que Filipinas era parte del tribunal.

Según indicó el medio internacional, Duterte permanece bajo custodia en la ciudad neerlandesa de La Haya después de su traslado en marzo de 2025, fecha en la que quedó oficialmente a disposición del TPI. Familiares de las víctimas y diversas organizaciones han manifestado su desacuerdo con la decisión del tribunal, subrayando su demanda de justicia y de una comparecencia directa del expresidente en las vistas de la corte.

El caso centra nuevamente la atención global en el alcance de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y los límites de las obligaciones de comparecencia para personas señaladas por crímenes de alta gravedad. Los jueces del TPI fundamentaron su decisión en las normativas que contemplan la posibilidad de que el acusado esté ausente en fases preliminares, mientras que la fiscalía y representantes de las víctimas han objetado esta interpretación al considerar que afecta el derecho de las víctimas a la verdad y la justicia, según informó Europa Press.

La estructura de estas audiencias previas contempla, además de la exhibición de pruebas, la revisión por parte de los magistrados para determinar la solidez del caso antes de iniciar un proceso judicial completo. Europa Press puntualizó que, en cualquier caso, será en una etapa posterior donde se decida si existe responsabilidad penal individual por parte de Rodrigo Duterte, en función del análisis del material probatorio y de los testimonios que se presenten durante el juicio.

Las implicaciones de esta decisión se extienden al examen del papel de otros funcionarios y agentes estatales involucrados en la campaña antidrogas, ya que los procedimientos en la Corte Penal Internacional suelen abordar la responsabilidad no solo de altos cargos, sino también de mandos intermedios cuando existe evidencia que así lo amerite, según describió Europa Press en su cobertura del proceso.