La Justicia dicta 90 días de prisión preventiva contra la exgerente de YPFB por usurpación de funciones

La relación de Gabriela Delgadillo con el llamado caso 'Botrading', identificado por la presunta compra de combustibles con sobreprecios que habrían favorecido a extrabajadores de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), ha incidido en la decisión judicial sobre su situación. Según consignó el diario 'El Deber', tras la última audiencia cautelar, la Justicia de Bolivia impuso 90 días de prisión preventiva a la exgerente de la empresa estatal de hidrocarburos, mientras continúa la investigación en su contra por usurpación de funciones y conducta antieconómica. La Fiscalía fundamentó la imputación en que Delgadillo habría ejercido atribuciones reservadas para la vicepresidencia de YPFB, firmando documentos en esa calidad sin contar con el cargo formal, lo cual se presenta como núcleo del caso.

El fiscal Daniel Ortuño detalló que los elementos recabados hasta el momento sustentan la presunta comisión del delito de usurpación de funciones en contra de Delgadillo. Además, informó que otro funcionario también se encuentra bajo investigación en el marco de este proceso, tal como recogió 'El Deber'. Según la Fiscalía, la firma de documentos oficiales bajo la investidura de vicepresidenta habría excedido las competencias asignadas formalmente a la exgerente, motivando así la solicitud de medidas restrictivas durante la instrucción judicial.

La imputación formal contra Delgadillo y la consiguiente prisión preventiva se decidieron tras la audiencia celebrada este miércoles, fase en la que la defensa cuestionó tanto el fondo como la forma del proceso. Frente al fallo judicial, Delgadillo declaró a medios de comunicación que la resolución tiene un trasfondo político y manifestó su desacuerdo sobre la forma en que el tribunal valoró las evidencias presentadas. "Mi actuar en YPFB siempre fue dentro de la normativa y con todas las designaciones lícitas", sostuvo la exgerente, señalando que la acusación responde a la utilización de un sello para firmar documentos, supuestamente sin la designación correspondiente.

El abogado defensor, Ariel Góngora, explicó según 'El Deber' que en los documentos involucrados no existen contratos firmados, sino únicamente sellos. Góngora argumentó que la exgerente actuó en suplencia y contaba con la respectiva designación. Según detalló, se encuentra en trámite la obtención de documentación probatoria mediante requerimiento fiscal para acreditar la legitimidad de esas funciones. Además, Góngora expresó que el equipo defensor no coincide con la resolución de prisión preventiva y que han apelado formalmente la decisión, procedimiento que deberá ser considerado por los vocales de sala en una etapa posterior.

La detención de Delgadillo, que tuvo lugar el lunes anterior a la audiencia, se vincula principalmente con estos supuestos actos de usurpación, habiendo la Fiscalía centrado parte de su argumentación en documentos concretos firmados en nombre de la vicepresidencia de YPFB. Por su parte, la defensa insiste en que la documentación demuestra que la acusada tenía la habilitación necesaria, por lo que sostiene que la privación de libertad preventiva carece de fundamento material suficiente.

De acuerdo con lo publicado por 'El Deber', la implicancia del denominado caso 'Botrading' permanece en el trasfondo de la causa, pues el proceso de compra de combustibles con presunto sobreprecio forma un contexto relevante en la investigación, aunque el foco principal actualmente recae sobre la presunta irregularidad en la certificación de funciones. Las repercusiones de este caso se extienden más allá de la situación personal de Delgadillo e involucran a la gestión de recursos y la transparencia institucional en YPFB, organismo estratégico para el sector energético boliviano.

Delgadillo reiteró, tras la notificación del auto judicial, que su desempeño en el cargo siempre se ajustó a los procedimientos legales y normativos vigentes en la empresa estatal. Además, remarcó que la decisión de imponer prisión preventiva responde a factores externos al proceso probatorio y recalcó la existencia de una estrategia legal activa para revertir la medida adoptada por la autoridad judicial.

De momento, la continuidad de la investigación estará determinada por las futuras resoluciones de los tribunales en torno a la apelación presentada por la defensa. El caso seguirá en curso durante el periodo de prisión preventiva, mientras tanto, las diligencias de la Fiscalía y la intervención de todas las partes procesales se extenderán en procura de clarificar los hechos atribuidos e identificar posibles responsabilidades administrativas y penales vinculadas a la dirección de YPFB, tal como reportó 'El Deber'.