Asunción, 3 jun (EFE).- La Fiscalía de Paraguay abrió este miércoles una causa penal para investigar un presunto perjuicio patrimonial al Estado, relacionado con un supuesto uso de fondos públicos para financiar la difusión en redes sociales de una campaña de desprestigio contra periodistas y políticos del país, algo que el Gobierno ha rechazado.
El fiscal general Emiliano Rolón dispuso la conformación de un equipo que investigará "denuncias relacionadas con un supuesto perjuicio patrimonial al Estado mediante la contratación y difusión de contenidos comunicacionales ajenos al interés público", indicó el Ministerio Público en un comunicado.
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La apertura de esta causa penal se produjo tras la denuncia presentada por los diputados opositores Raúl Benítez, Adrián Vaesken, Mauricio Espínola y Rocío Vallejo.
El Ministerio Público informó que también tomó en cuenta otra denuncia presentada por el ciudadano Hugo Javier Portillo, quien señaló "que recursos públicos destinados a programas de asistencia social habrían sido desviados para financiar campañas sistemáticas de hostigamiento digital contra periodistas y figuras públicas".
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En declaraciones a EFE, Benítez advirtió que la Fiscalía debe "deslindar responsabilidades y llegar al fondo" de este caso para "saber si con dinero público se estuvo financiando esta campaña de desprestigio" contra periodistas, medios de comunicación y políticos disidentes.
El opositor refirió que la denuncia surgió tras las publicaciones del medio local ABC Color que mencionan que la página 'Despierta Paraguay' promovía campañas de hostigamiento contra la prensa y políticos a través de la agencia colombiana Digimarketing SAS, que -dijo- "pagaba la pauta" en esa cuenta.
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Benítez aseguró que "la primera sospecha" de que el Gobierno presuntamente estaba financiando las campañas fue que Digimarketing también pautó varios anuncios en redes sociales relacionados con programas sociales como 'Hambre Cero', de alimentación escolar y 'Ché Róga Pora' para el acceso a viviendas.
Además, "los atacados" en las redes sociales son personajes "que no están alineados" con la Administración de Peña, añadió.
"Si el Gobierno de Peña ha utilizado fondos públicos, ha utilizado instituciones públicas, para atacar periodistas y medios de comunicación, el primer mensaje que podemos entender que está detrás es ese intento de censura", advirtió.
Por otro lado, dijo que ABC Color encontró una "posible conexión" del número de teléfono de un funcionario del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) con la página denunciada.
En respuesta a la investigación periodística, el Mitic indicó el 27 de abril en un comunicado que "el Estado paraguayo no mantiene ni ha mantenido contrato, acuerdo ni relación alguna con la empresa mencionada".
El Mitic argumentó que "cualquier persona puede promocionar enlaces públicos" como videos y otros contenidos desde cuentas propias "sin autorización del Estado".
En otro comunicado del 12 de mayo, la institución aseguró que "ninguno de los contenidos mencionados fue pautado con fondos públicos". EFE
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