ERC asegura que el Gobierno incluirá el catalán como prueba de arraigo en el decreto de regularización de migrantes

El Real Decreto de regularización extraordinaria que prepara el Gobierno de España contempla que las comunidades autónomas podrán definir y certificar el aprendizaje de sus lenguas oficiales para los procesos de regularización y renovación de permisos de residencia de personas migrantes. Tal como informó Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), esta incorporación implica que la acreditación en catalán, euskera y otras lenguas cooficiales formará parte de los supuestos válidos para demostrar arraigo e integración en el país, en un cambio que reconoce la dimensión lingüística y social dentro de las políticas migratorias.

Según publicó ERC, la medida aparece reflejada en el borrador del nuevo Real Decreto, que está previsto para su aprobación próximamente en el Consejo de Ministros, a partir del diálogo mantenido entre la formación catalana y representantes del Ministerio competente durante distintas negociaciones parlamentarias. ERC ha destacado que esta propuesta, defendida durante el proceso de tramitación, permite reconocer el aprendizaje y uso de las lenguas autonómicas como indicadores de integración en la sociedad, trascendiendo así los criterios administrativos y laborales que venían predominando en la concesión de la regularización extraordinaria.

De acuerdo con la información difundida por ERC, el diputado Jordi Salvador valoró que la inclusión del catalán en el decreto representa el reconocimiento de la realidad social, cultural y lingüística de Cataluña. Según sus palabras, "aprender catalán no es un trámite, es integración real", en alusión a la función social del idioma como herramienta para consolidar la pertenencia y la cohesión dentro de la comunidad autonómica. ERC planteó que la reforma permite un avance en el reconocimiento de la diversidad lingüística en el Estado y en la elaboración de políticas migratorias que buscan garantizar derechos e igualdad de oportunidades.

El medio detalló que gobiernos autonómicos como el catalán y el vasco presentaron formalmente enmiendas al borrador del Real Decreto, solicitando que el aprendizaje y la acreditación de los idiomas oficiales diferentes del castellano, como el catalán y el euskera, sea exigible como criterio en la primera renovación de la residencia de migrantes. Según el comunicado del Departament de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, la propuesta incluye que las personas regularizadas dispongan de un año hasta la primera renovación del permiso para iniciarse en el aprendizaje de estas lenguas, mientras que cada comunidad autónoma podrá establecer el modo de acreditar los conocimientos.

En Cataluña, la administración autonómica prevé integrarse en los mecanismos de seguimiento de la regularización para garantizar una oferta adecuada de cursos, así como de materiales específicos para el aprendizaje del catalán. Esta estrategia, según indicó el Departament, apunta a fortalecer la integración lingüística como vía para la cohesión social, situando el idioma como elemento central en los procesos de inclusión comunitaria de las personas extranjeras residentes en la región.

Respecto al caso del País Vasco, el Gobierno autonómico presentó una enmienda al decreto para que el conocimiento del euskera se tenga en cuenta durante el procedimiento de renovación de los permisos de residencia. La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, explicó en conferencia de prensa en Vitoria-Gasteiz el contenido y la motivación de la propuesta vasca: "Incorporar la lengua como un elemento más de cohesión, de arraigo, de sentido de pertenencia y como herramienta de una mejor y mayor integración y, por tanto, mejor y mayor cohesión social". Bengotxea subrayó que el valor otorgado a la lengua responde a la estrategia de país denominada "Jauzia gara", impulsada por el Gobierno vasco.

Según consignó el medio, la representante vasca indicó que la regularización contemplada en el marco del Real Decreto tiene un carácter extraordinario, pero desde el Ejecutivo de Euskadi plantean la necesidad de medidas de mayor alcance para la gestión estructural de las políticas migratorias. Entre estas prioridades, el Gobierno vasco ha trasladado la petición de ampliar su capacidad de intervención en política migratoria, incorporando de modo explícito la dimensión lingüística en su gestión.

La modificación que solicitan tanto el Gobierno catalán como el vasco busca aprovechar la posibilidad de que las personas que inician el proceso de regularización dispongan de un período determinado para adquirir competencias básicas en las lenguas oficiales autonómicas, en paralelo al desarrollo de otros criterios administrativos. Según publicó ERC, esta vía incluirá el reconocimiento formal del catalán, euskera y otras lenguas autonómicas como prueba de integración, situando el aprendizaje lingüístico como herramienta de cohesión social.

El borrador del Real Decreto, según difundió la formación catalana, cuenta con el objetivo de beneficiar a aproximadamente 500.000 personas migrantes, para cuya primera renovación del permiso de residencia la acreditación del conocimiento lingüístico podría convertirse en un requisito relevante. A través de sus enmiendas, las comunidades autónomas proponen que la valoración de la integración lingüística quede incorporada de manera efectiva en el Reglamento de Extranjería, modificando así tanto los procedimientos administrativos como los criterios utilizados por la Administración en los procesos de regularización de extranjeros.

La medida fue valorada desde ERC como un avance en la incorporación de la diversidad lingüística a la política migratoria del Estado, en línea con la aspiración de reforzar tanto la cohesión social como los derechos de las personas migrantes, y de asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a recursos y participación social. Según informó la formación, la iniciativa responde también a un movimiento coordinado con el Gobierno vasco, que presentó demandas similares en el marco de la tramitación del texto normativo.

Tanto la Generalitat de Catalunya como el Ejecutivo del País Vasco manifestaron su intención de participar activamente en los procedimientos de implementación y control de la nueva normativa, con el fin de asegurar una adecuada oferta formativa en lenguas autonómicas, y de ajustar los mecanismos de acreditación a las necesidades y particularidades de cada territorio. De acuerdo con ERC y declaraciones recogidas por varios medios, el enfoque persigue incorporar la lengua no solo como exigencia formal, sino como vector para la integración real, la participación y la construcción comunitaria entre la población residente en España.