
Entre las propuestas incluidas en su más reciente informe, el Fondo Monetario Internacional (FMI) sugiere que China debe transformar su modelo económico para priorizar el fortalecimiento del consumo interno y disminuir su dependencia de las exportaciones. Según detalló el FMI en el informe anual 'Artículo IV' dedicado al país asiático, dicho giro en la política económica debería ir acompañado de una drástica reducción de las subvenciones y ayudas estatales a la industria, recortando estas medidas en torno a dos puntos porcentuales del producto interior bruto (PIB), lo que significaría reducir los incentivos actuales prácticamente a la mitad.
El FMI subraya que el coste fiscal de los subsidios industriales en China se sitúa en torno al 4% del PIB, nivel que se mantiene estable desde hace años y que supera ampliamente el registrado en otras grandes economías. De acuerdo con el organismo, las ayudas estatales otorgadas por Pekín a sectores industriales prioritarios, especialmente manufacturas de alta tecnología, toman distintas formas, incluyendo subvenciones directas, ventajas fiscales y condiciones favorables de acceso al crédito. Para poner estas cifras en contexto, el FMI señala que en la Unión Europea, el conjunto de estos apoyos no alcanzó el 1,5% del PIB en el año 2022.
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Junto con los subsidios tradicionales, el FMI agrega que la política industrial china emplea mecanismos adicionales, como regulaciones comerciales, medidas de control y facilidades para acceder a financiación pública, impulsando con ello sectores considerados estratégicos por el gobierno. De acuerdo con el análisis del FMI, si bien estas políticas pueden estimular la innovación y la autosuficiencia, así como corregir algunas disfunciones del mercado y ayudar a que industrias emergentes aprovechen economías de escala, también generan costes significativos en el ámbito fiscal y de eficiencia económica.
El informe alerta que el uso prolongado y generalizado de estos subsidios está desembocando en una mala asignación de los recursos dentro de China, una situación que podría haber recortado el nivel potencial del PIB en torno a un 2%. Según publicó el FMI, al incentivar una producción industrial superior a la demanda interna, el país se ve empujado a volcar ese excedente en los mercados exteriores, apoyando su crecimiento en la exportación de bienes manufacturados que reciben ayudas estatales.
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El FMI advierte que este modelo económico ha profundizado los desequilibrios internos en China y está produciendo repercusiones a escala internacional. La combinación de una oferta industrial que crece rápidamente gracias a los incentivos estatales y una demanda doméstica débil fomenta que crezca la dependencia de China de las exportaciones manufactureras. El resultado, según explicó el FMI, es un aumento de la presión a la baja sobre los precios de exportación, así como una mayor preocupación entre los socios comerciales del país por el exceso de capacidad y su impacto en la competencia global.
Las tensiones comerciales que genera esta situación podrían derivar en la adopción de nuevas medidas proteccionistas por parte de otros países, lo que amenazaría las exportaciones chinas y ampliaría las diferencias en la cadena de suministro global. El FMI sostiene que reducir las medidas de apoyo industrial y promover una mayor transparencia en torno a su uso ayudaría no solo a corregir distorsiones en la economía doméstica de China sino también a atenuar los efectos adversos a nivel internacional.
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Entre las recomendaciones más directas incluidas en el informe, destaca el planteamiento de los técnicos del FMI respecto a la necesidad de disminuir en aproximadamente dos puntos porcentuales del PIB el volumen de subsidios y beneficios fiscales, medida que, según afirma el organismo en sus propias palabras, "reduciría la mala asignación de factores, aumentaría la productividad y reduciría los costes fiscales". El FMI también llama la atención sobre el esfuerzo reciente del gobierno chino para enfrentar la llamada "involución", fenómeno descrito como una competencia excesiva basada en el descenso de precios, si bien considera que la estrategia "antiinvolución" precisa mayor claridad y un renovado conjunto de incentivos que limite la sobreinversión de los gobiernos locales.
El organismo hace hincapié en que el modelo económico chino enfrenta obstáculos crecientes. Entre ellos, resalta los límites del consumo interno, atribuidos en parte a la prolongada crisis en el sector inmobiliario y a una red de protección social considerada débil. Esto ha mermado la disposición de los hogares chinos a gastar, incrementando las presiones deflacionarias y reforzando la dependencia de la economía nacional respecto a la demanda exterior. El FMI recalca que "China no puede contar con un aumento cada vez mayor de las exportaciones para impulsar un crecimiento duradero en los próximos años", e indica que la principal prioridad en la agenda política del país debe consistir en propiciar una transición hacia un patrón de crecimiento sustentado en el consumo interno.
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De acuerdo con el FMI, aunque Pekín ha flexibilizado su política fiscal para el año 2025 y ha tomado medidas que van en el sentido correcto, aún existe margen para reforzar tanto el consumo como la demanda doméstica. El informe propone que China adopte un paquete integral de políticas macroeconómicas, en el que se combine un estímulo fiscal adicional con una mayor flexibilidad a nivel monetario y cambiario, factores que contribuirían tanto a llevar la inflación a rangos aceptables como a disminuir la dependencia del sector externo.
En relación a la composición del gasto público, el FMI sugiere modificar el enfoque y rebajar la inversión pública destinada a apoyar sectores específicos. Esta reconfiguración permitiría un mayor protagonismo a las fuerzas del mercado y liberaría recursos presupuestarios que podrían orientarse a fortalecer la protección social y atender la contracción experimentada en el mercado inmobiliario, incluyendo programas de apoyo a los compradores de viviendas en desarrollo.
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Finalmente, el FMI insiste en que fortalecer la red de seguridad social debe convertirse en un objetivo central de la política fiscal china para restaurar la confianza de los consumidores y favorecer una mayor propensión al gasto, concluyendo que solo mediante una combinación de reformas y cambios en la estructura de incentivos la segunda economía más grande del mundo podrá responder de forma sostenible a los desafíos domésticos e internacionales que enfrenta actualmente.