Igualdad estudia establecer un perímetro de seguridad para evitar concentraciones antiaborto en clínicas

El Ministerio de Igualdad estudia la posibilidad de establecer un perímetro de seguridad para evitar concentraciones antiaborto en el entorno de las clínicas.

"Desde el Instituto de las Mujeres estamos estudiando la posibilidad de establecer un perímetro de seguridad en el entorno de las clínicas para evitar la radicación, la ubicación de estas entidades y asociaciones abortistas que lo único que pretenden es coaccionar, hostigar y limitar el derecho de las mujeres. Estamos trabajando y desde luego estamos preocupadas", ha asegurado la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

Así lo ha puesto de manifiesto en la sesión de control de este miércoles en el Congreso de los Diputados, en respuesta a la pregunta de EH Bildu sobre el acceso de los centros sanitarios que practican interrupciones voluntarias del embarazo.

En concreto, la diputada Isabel Pozueta, de EH Bildu, ha recordado que, en diciembre, un juzgado de Vitoria absolvió a 21 personas de grupos antiabortistas "acusadas de coacciones y hostigamiento" hacia las mujeres que acudían a una clínica.

"Los poderes públicos deben asegurar una protección reforzada frente a cualquier forma de presión, intimidación, señalamiento, acoso o interferencia que pueda condicionar directa o indirectamente el ejercicio libre y autónomo de la decisión de cualquier mujer, así como el acceso efectivo a una atención sanitaria digna, confidencial y libre", ha indicado.

En este sentido, la ministra ha señalado que están trabajando para blindar el derecho al aborto en la Constitución, en el artículo 43, así como para garantizarlo en los hospitales públicos, porque es "la mejor manera de evitar el hostigamiento y la coacción de las mujeres". Además, ha añadido que están valorando "nuevas medidas", como el perímetro de seguridad en las clínicas.

Precisamente, Sumar ha registrado en la Cámara Baja una proposición de ley en la que propone modificar el artículo 172 quarter del Código Penal, que regula el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, para prohibir concentraciones antiaborto en un "perímetro de seguridad" de 200 metros de las clínicas.

La propuesta modifica la Ley Orgánica 10/1995 para ampliar el actual delito de acoso frente a clínicas. En concreto, incorpora expresamente la prohibición de realizar concentraciones, manifestaciones, vigilias, rezos colectivos o actos de presencia dentro de ese radio de 200 metros cuando tengan como finalidad obstaculizar el ejercicio del aborto.