HRW insta al Gobierno de Delcy Rodríguez a "desmantelar el aparato represivo" de Venezuela

La situación de las personas privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela ha recibido atención internacional tras una reciente serie de excarcelaciones. Según detalló Human Rights Watch (HRW), alrededor de 400 personas fueron liberadas a principios de enero, conforme reportan organizaciones venezolanas de derechos humanos. Sin embargo, HRW subraya que aproximadamente 600 individuos permanecen detenidos por motivaciones políticas y considera que estos gestos, aunque significativos, no modifican las estructuras que permiten la represión, reclamando transformaciones de fondo en el sistema institucional del país. La organización, expresó, además, que cualquier intento de reforma insuficiente equivaldría a una “transición simulada” que no respondería a las demandas reales de la ciudadanía venezolana.

De acuerdo con HRW, el Gobierno venezolano, ahora bajo la conducción de Delcy Rodríguez tras asumir sus funciones en enero, debe proceder al desmantelamiento total del “aparato represivo”. El comunicado, difundido por la directora de HRW para las Américas, Juanita Goebertus, urge la aplicación de reformas “reales” tanto en el sistema electoral como en el judicial, enfatizando la necesidad de cesar en el cargo al fiscal general, Tarek William Saab, por su papel central en la estructura represiva del Estado, especialmente después de las elecciones presidenciales realizadas en julio de 2024. El medio subraya que la permanencia de Saab resulta incompatible con cualquier intento serio de respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho en Venezuela.

El texto distribuido por HRW puntualiza que las autoridades venezolanas continúan manteniendo un sistema represivo encargado de las detenciones, a pesar del reciente proceso de excarcelaciones. La ONG advierte sobre el debate en la Asamblea Nacional en torno a una ley de amnistía que, bajo el análisis de HRW, no garantiza la liberación incondicional de todas las personas detenidas arbitrariamente. Juanita Goebertus declaró, según HRW, que la discusión en torno a este proyecto no debe convertirse en motivo para demorar la excarcelación ni para posponer reformas estructurales que permitan recuperar la democracia en el país. El oficialismo ha argumentado que esta legislación podría facilitar la liberación de quienes han cometido delitos a partir de 1999, pero organizaciones civiles y defensores de derechos humanos han manifestado su preocupación porque, hasta ahora, la propuesta excluye a varios reclusos y obliga a quienes sean beneficiados a aceptar hechos que refutan.

El análisis de HRW, difundido con base en datos del Foro Penal, una organización venezolana, señala la existencia de casi 19.000 personas detenidas arbitrariamente a lo largo de los últimos años. De ellas, muchas habrían experimentado torturas y tratos degradantes, sumados a la incomunicación y la falta de acceso a defensa legal. HRW asevera que los procesos judiciales masivos, realizados incluso a través de audiencias virtuales, han dejado sin garantías a los afectados. El organismo describe un panorama en el que violaciones generalizadas a los derechos humanos, entre ellas procesos penales carentes de fundamentos, se han impuesto de manera reiterada contra disidentes, periodistas y activistas, fenómeno que, según HRW, se remonta al año 2014.

La ONG responsabiliza tanto a la Fiscalía como al Poder Judicial de Venezuela, alegando que han colaborado en la persistencia de estos atropellos. HRW destaca la reforma judicial de 2004 aprobada por el entonces presidente Hugo Chávez como un punto de inflexión en la “cooptación” de los organismos que debían velar por la legalidad y la justicia. Por esta razón, la organización demanda a la administración encabezada por Delcy Rodríguez una serie de medidas para restituir la independencia e integridad del sistema judicial, eliminando toda interferencia estatal indebida.

Sobre la figura de Tarek William Saab, el comunicado de HRW es categórico al afirmar que su papel durante la consolidación del aparato represivo, especialmente después de la reelección de Nicolás Maduro, lo hace incompatible con cualquier proceso de reforma profunda. El medio indica que las denuncias de fraude en dichos comicios provenientes de la oposición y parte importante de la comunidad internacional intensificaron los señalamientos contra la administración de justicia, detallando que la presencia de Saab al frente del Ministerio Público constituye un obstáculo para el respeto a los derechos elementales de la ciudadanía.

Además de los puntos relativos a la justicia, Human Rights Watch ha reclamado cambios significativos en la organización de los procesos electorales. De acuerdo con HRW, el Gobierno debe generar condiciones que “permitan elecciones libres y justas”, lo que implica revisar la conformación del Consejo Nacional Electoral (CNE). Para la organización de derechos humanos, el actual CNE impidió la participación de candidatos opositores como María Corina Machado, y sus miembros avalaron la reelección de Maduro, lo que, según activistas y adversarios políticos, cuestiona la legitimidad de los comicios.

A lo largo del comunicado, HRW sostiene que cualquier cambio que no implique la transformación efectiva de las instituciones represivas solo beneficiaría a las autoridades venezolanas y posiblemente a los intereses del gobierno estadounidense, sin traducirse en avances materiales para los derechos del pueblo. Según consignó HRW, el impacto de los procedimientos represivos continúa manifestándose en la cotidianidad de numerosas familias venezolanas que esperan la liberación de sus allegados y la restauración de un espacio político libre para ejercer la disidencia.

El medio hace hincapié en la dimensión estructural de los desafíos que enfrentan actualmente los defensores de derechos humanos y la ciudadanía venezolana en general. HRW pone como ejemplo las detenciones arbitrarias, los tratos inhumanos y la cooptación de los poderes públicos como problemáticas que demandan soluciones de carácter inmediato, estructural y duradero.

Las demandas que HRW presenta al Ejecutivo de Delcy Rodríguez se sintetizan en la exigencia de liberar a la totalidad de los presos políticos de manera incondicional, culminar con la injerencia del Ejecutivo sobre el Poder Judicial, garantizar la independencia del sistema judicial, reformar el sistema electoral y remover a quienes, según la ONG, han conducido y perpetuado la política represiva del Estado venezolano en los últimos años.