El 'número dos' de Bukele afirma que éste tiene el apoyo necesario para romper el "candado constitucional"

El vicepresidente Félix Ulloa sostiene que la legitimidad de Nayib Bukele para competir nuevamente proviene del respaldo popular, enfatiza que cambios constitucionales reflejan la voluntad general y defiende la continuidad de políticas de seguridad pese a críticas internacionales

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Durante una intervención ante la prensa organizada por la agencia EFE en Casa América, en Madrid, Félix Ulloa afirmó que el respaldo popular hacia la gestión de Nayib Bukele legitima la continuidad del mandatario salvadoreño en el cargo, incluso frente a los cambios realizados en la Constitución para permitir la reelección. Según informó EFE, Ulloa sostuvo que “el 91,9% de los salvadoreños está apoyando su gestión”, y enfatizó que la decisión de modificar las normas constitucionales para dejar sin efecto el límite de reelección responde a la voluntad mayoritaria expresada en las urnas y en las encuestas.

El medio EFE detalló que el vicepresidente Ulloa defendió la postura de que Bukele no se encuentra “reelegiéndose” por iniciativa personal, sino siguiendo lo que considera el mandato popular. El vicepresidente remarcó que tanto la llegada inicial de Bukele al poder como el control de la Asamblea Legislativa fueron fruto de la aprobación ciudadana. “El pueblo dice, ‘tú me estás dando lo que yo quiero’, entonces te voy a dar otra oportunidad”, argumentó Ulloa al explicar la lógica detrás de la modificación constitucional. Según el criterio del vicepresidente, estos cambios reflejan procesos propios de sociedades democráticas, donde los ciudadanos pueden tomar decisiones “de manera libre, directa y segura”.

De acuerdo con lo consignado por EFE, Ulloa relativizó el valor de las críticas que han generado estas reformas, principalmente la controversia sobre la reelección indefinida. El vicepresidente anticipó que Bukele podrá presentarse a nuevos comicios dentro de un año y justificó esta posibilidad con la afirmación: “Si no, defraudaría al pueblo”. Su intervención incluyó cuestionamientos a los medios de comunicación que han señalado presuntas inconsistencias legales en la reforma constitucional. Según su planteamiento, la determinación de permitir una segunda reelección y, eventualmente, más periodos consiste en “abrir las puertas” para que Bukele se postule cuantas veces la ciudadanía lo decida a través del voto, explicando: “Se puede presentar, pero si la gente no lo vota, ¿cuántos se han presentado en varios países de América Latina y no salen electos?”.

El medio EFE también informó que Ulloa expuso el argumento de que la legitimidad del régimen político salvadoreño se refleja en la alta aceptación del régimen de excepción vigente. Este mecanismo, instaurado desde el 27 de marzo de 2022, ha permitido la detención de cerca de 100.000 personas presuntamente relacionadas con pandillas, de las cuales 8.000 han sido liberadas tras comprobarse que no guardaban relación con acusaciones formales. Ulloa aseguró ante la prensa que “el 96% quiere que continúe” el régimen de excepción y se preguntó: “Entonces, ¿por qué quitarlo?”

Respecto a las denuncias sobre violaciones a derechos humanos en el marco del estado de excepción y las más de 7.000 quejas recibidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos —incluyendo detenciones arbitrarias, casos de tortura y más de 400 fallecimientos bajo custodia—, el vicepresidente minimizó la gravedad de estas cifras y consideró que la muerte de personas en centros de detención ocurre en sistemas penitenciarios de todo el mundo, según reportó EFE. Para Ulloa, algunos incidentes pueden deberse a empleados estatales particulares que cometen abusos, aunque negó que se trate de una directriz institucional, pese a los señalamientos de ONG y organismos internacionales.

En cuanto al alcance del régimen de excepción, Ulloa manifestó que no ha habido impacto sobre derechos públicos fundamentales desde la aprobación de la medida. Según explicó a EFE, el régimen afecta solo dos garantías constitucionales: la ampliación de la detención sin cargos de 72 horas a quince días y la intervención de la correspondencia privada.

Durante la comparecencia, Ulloa también cuestionó a los profesionales de prensa que han puesto el foco en la situación de los reos en El Salvador en vez de destacar otros aspectos, como el crecimiento del turismo, según consignó la agencia. Citó al periodista exiliado Óscar Martínez, quien sostiene que en El Salvador uno de cada 57 ciudadanos se encuentra en prisión sin haber tenido un juicio justo. Ulloa reprochó que los medios, a su juicio, mantienen una agenda política específica y negó la existencia de persecución a periodistas ni que comunicadores hayan abandonado el país por temor a represalias por cubrir o investigar la relación del gobierno de Bukele con las pandillas.

El vicepresidente señaló que quienes han dejado El Salvador pertenecen, en su opinión, a sectores que “se les acabó el negocio de negociar la información de la violencia”, tomando como ejemplo el caso del medio El Faro. Ulloa acusó a diversos periodistas salvadoreños de haber mantenido vínculos con pandillas, argumentando que documentaron delitos a través de sus reportajes y “no los denunciaron a la Fiscalía”, lo cual —aseguró— podría constituir un delito de comisión por omisión. Añadió que son estos periodistas los que han buscado eco internacional para sus denuncias.

Tal como puntualizó la agencia EFE, los señalamientos de Ulloa se suman a una larga serie de controversias sobre los cambios constitucionales en El Salvador y el impacto de las políticas de seguridad del Ejecutivo, cuya continuidad goza, según datos citados por Ulloa, de fuerte respaldo popular pese a los cuestionamientos internacionales.