EEUU sanciona al director de la prisión nicaragüense La Modelo por violar los DDHH

Roberto Clemente Guevara, director de la prisión de máxima seguridad La Modelo en Nicaragua, y sus familiares inmediatos enfrentan restricciones de ingreso a Estados Unidos debido a acusaciones de violaciones graves de los derechos humanos. Según reportó el Departamento de Estado estadounidense, esta medida busca responder a incidentes identificados en el trato hacia un preso político en ese centro penitenciario, vinculando las sanciones a la administración del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo. El secretario de Estado, Marco Rubio, además exigió la liberación inmediata e incondicional de todas las personas catalogadas como prisioneros políticos que actualmente están en custodia en Nicaragua, conforme informó la agencia.

El anuncio, difundido este miércoles por el Departamento de Estado de Estados Unidos y recogido por el medio, subraya que la exclusión de Guevara y sus familiares de territorio estadounidense obedece a lo estipulado en la legislación vigente sobre visados. La autoridad diplomática estadounidense justificó la decisión como una herramienta para propiciar la rendición de cuentas ante los abusos que, se sostiene, han sido perpetrados bajo el actual gobierno nicaragüense. De acuerdo con las declaraciones oficiales reproducidas por diversos medios, "Estados Unidos pide la liberación inmediata e incondicional de todos los prisioneros políticos injustamente detenidos en Nicaragua".

Washington argumenta que las acciones tienen como propósito principal sentar precedente y mantener una presión sostenida sobre funcionarios que, según acusa, han participado en represalias y limitaciones al ejercicio de derechos fundamentales. El Departamento de Estado enfatizó que las sanciones aprobadas se inscriben en un conjunto más amplio de medidas que buscan responsabilizar a funcionarios y allegados al régimen de Ortega por actos considerados atentatorios contra las libertades civiles, los estándares de derechos humanos y los principios democráticos.

El comunicado divulgado por las autoridades norteamericanas señala específicamente a Roberto Clemente Guevara por lo que define como “violaciones de los derechos humanos de un preso político”, vinculando la política penitenciaria aplicada en La Modelo con prácticas de represión estatal. A través de la restricción de ingreso, la diplomacia estadounidense pretende acentuar la condena internacional frente a lo que describe como “abusos” reiterados y prácticas sistemáticas de represión, según detalló la fuente.

Por su parte, el presidente Daniel Ortega reaccionó en fechas recientes criticando de forma abierta las sanciones promulgadas por el gobierno estadounidense contra funcionarios nicaragüenses. Ortega aseguró que estas acciones forman parte de un intento por parte de Washington de apoderarse de recursos en naciones latinoamericanas y acusó a Estados Unidos de buscar “aterrorizar a los pueblos” valiéndose de “amenazas, con ladridos y mordiscos”. Esta declaración fue recogida de la respuesta directa del mandatario tras conocerse la ampliación de las restricciones y sanciones impuestas desde el exterior.

De acuerdo con la información publicada por el medio, la prisión La Modelo ha sido objeto de numerosas denuncias por parte de organismos internacionales y familiares de detenidos, quienes señalan tratos considerados como degradantes y la ausencia de garantías judiciales. La decisión de Estados Unidos de imponer sanciones en virtud de regulaciones migratorias refuerza su postura de vigilancia sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua y expande las acciones punitivas a círculos familiares de los funcionarios señalados, adoptando una perspectiva más amplia de responsabilidad.

El caso de los prisioneros políticos nicaragüenses permanece en el centro del debate internacional, pues asociaciones civiles insisten en la existencia de detenciones arbitrarias y procedimientos carentes de debido proceso. Estados Unidos, al endurecer sus políticas de visados frente a estos funcionarios y allegados, reitera su posición de rechazo a las prácticas atribuidas al Ejecutivo de Ortega y Murillo, manteniendo una presión que espera obtener resultados concretos, según consigna la información oficial y las declaraciones recientes divulgadas por el Departamento de Estado estadounidense.