
En solo cuatro meses, la variación en el valor de las reservas de bitcoin de El Salvador generó una disminución de 272 millones de dólares, equivalente a 230 millones de euros, respecto al máximo alcanzado en octubre de 2024. Según informó el medio, esta pérdida refleja el impacto que los movimientos en el precio de la criptomoneda han tenido sobre los fondos públicos gestionados por el gobierno centroamericano, que adoptó el bitcoin como moneda oficial en 2021.
El medio detalló que el país centroamericano posee en la actualidad 7.564 bitcoins, con un valor de mercado de 518 millones de dólares. Este cálculo se desprende del registro realizado por la Oficina Nacional del Bitcoin, responsable de supervisar la estrategia gubernamental de adquisición de bitcoin a diario. La estrategia reflejó un crecimiento en la cantidad de criptomonedas retenidas por el Estado, ya que el pasado 6 de octubre se contaban 6.341 bitcoins, aunque, en ese momento, la cotización llevaba a un valor total de 790 millones de dólares, correspondiendo a 668 millones de euros, es decir, un monto superior al actual pese a la menor cantidad de monedas.
El bitcoin cotiza este martes en 67.051 dólares, muy por debajo de su máximo reciente en Bolsa, que había alcanzado los 126.080 dólares. De acuerdo con los datos consignados, esto representa una contracción del 45% desde el pico más reciente de la criptomoneda. Este descenso en el precio incidió directamente en el valor de las tenencias estatales en El Salvador, lo que genera un impacto significativo en las reservas públicas vinculadas a este activo digital.
El Salvador se convirtió en septiembre de 2021 en el primer país que reconoció al bitcoin como moneda de curso legal. De acuerdo con los datos publicados, el gobierno inició su involucramiento en el mercado cripto con la compra inicial de 400 bitcoins, como parte de una política destinada a incorporar innovaciones tecnológicas y diversificación financiera. En ese contexto, la administración creó la Chivo Wallet, una billetera electrónica gubernamental diseñada para facilitar pagos tanto en dólares como en bitcoin, instrumentando la interoperabilidad entre ambas monedas dentro del territorio nacional.
El desempeño del bitcoin en los últimos meses reavivó las advertencias del Fondo Monetario Internacional sobre los riesgos asociados a la utilización de activos digitales en la gestión de las finanzas públicas. Según consignó el medio, el FMI ha sostenido a lo largo de este periodo una posición crítica y ha condicionado parte de su asistencia financiera al país centroamericano a la limitación de exposiciones y riesgos vinculados al bitcoin. El último acuerdo de financiamiento entre ambas partes, suscrito en diciembre de 2024, comprometió al FMI a otorgar un préstamo de 1.400 millones de dólares, traducidos en 1.186 millones de euros, mientras subrayó la necesidad de robustecer los controles y la transparencia en la gestión de inversiones relacionadas con criptomonedas.
El incremento en la acumulación de bitcoins por parte del Estado salvadoreño no logró compensar la depreciación registrada desde los máximos históricos. Aunque la cantidad total de activos digitales en poder del país aumentó, la valoración global disminuyó de manera significativa a consecuencia de la caída de precios en el mercado internacional. Esta situación generó un debate nacional e internacional sobre la conveniencia de mantener como política pública una exposición relevante a activos financieros de alta volatilidad.
La decisión gubernamental de adoptar el bitcoin como moneda de curso legal y mantener una política de compras diarias expuso las reservas del Estado a fluctuaciones pronunciadas en el valor de mercado de la criptomoneda. Según publicó el medio, la acumulación de activos digitales por parte de El Salvador no solo afectó las reservas financieras del país, sino que también provocó repercusiones en las negociaciones con organismos multilaterales y en las evaluaciones de riesgo de agencias internacionales.
Las advertencias del Fondo Monetario Internacional incluyeron la recomendación expresa de reducir la exposición del sector público a los vaivenes de las criptomonedas, condicionando la continuidad de los desembolsos crediticios a la adopción de medidas destinadas a limitar los riesgos asociados. El enfoque del FMI refleja preocupaciones por la estabilidad financiera y por los posibles efectos adversos en las cuentas públicas del país, a raíz de la alta volatilidad de los activos digitales. El medio detalla que la relación entre el gobierno salvadoreño y el organismo multilateral se volvió más estrecha y exigente desde la implementación de estas políticas.
La política de adquisición de un bitcoin al día, impulsada por la Oficina Nacional del Bitcoin, generó interrogantes en torno a los criterios de inversión y la planificación financiera de largo plazo del Estado. Conforme señaló el medio, analistas y observadores locales e internacionales ponen el foco en la sostenibilidad de este tipo de estrategias, ante la posibilidad de experimentar nuevas caídas de precios u otros episodios de volatilidad asociados al mercado de criptodivisas.
La experiencia reciente de El Salvador con el bitcoin se inscribe en un contexto global en el que las criptomonedas experimentan oscilaciones bruscas y en el que los organismos internacionales recomiendan prudencia a los gobiernos que evalúan incorporar este tipo de activos a sus portafolios oficiales. El seguimiento de los resultados por parte tanto de los entes reguladores como del Fondo Monetario Internacional continúa, ya que el desempeño futuro de la criptomoneda podría incidir nuevamente en la salud financiera del Estado y en sus relaciones con los acreedores multilaterales.
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