El PP acusa al Gobierno de "esconderse" de la delegación de la Eurocámara para no responder de sus casos de corrupción

El descenso de España al puesto 49 del índice de percepción de la corrupción, según declaró la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del Partido Popular (PP), Carmen Fúnez, trae consigo un foco renovado sobre la transparencia institucional en el país, justo cuando una delegación del Parlamento Europeo realiza una visita específica para examinar la legislación anticorrupción y la situación del Estado de Derecho. Fúnez atribuyó esta caída en el ranking al contexto judicial actual y a los múltiples casos que, sostiene, afectan al Gobierno de Pedro Sánchez. De acuerdo con información publicada por El Confidencial, directivos del PP apuntan que este contexto ha derivado en un supuesto "desplante" por parte del Ejecutivo a los representantes europeos.

El medio El Confidencial detalló que cinco eurodiputados de la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo viajan a España con el objetivo de analizare la legislación vigente contra la corrupción y aspectos del Estado de Derecho. La visita, parte del mandato del Grupo de Trabajo sobre Democracia, Estado de Derecho y Derechos Fundamentales (DRFMG), contempla la elaboración de un informe, cuya publicación está programada para el mes posterior al fin de la misión. Según aseguró Fúnez en rueda de prensa, la negativa de miembros del Gobierno a mantener reuniones con la delegación representa un gesto que trasciende lo protocolario y supone una declaración política.

Fúnez afirmó que la actitud adoptada por el Ejecutivo “se esconde para no responder” sobre los presuntos casos de corrupción, y lo acusó de actuar con oscurantismo. Añadió que el Gobierno ha evitado de nuevo “dar respuesta a la cantidad de casos de corrupción que acosan en este momento al Gobierno de España”. Entre los asuntos tratados por la delegación europea, además del análisis de la legislación anticorrupción, figura la revisión de las “deficiencias en el Estado de Derecho y la situación de la central nuclear de Almaraz”, según trasladó Fúnez, quien advirtió sobre las consecuencias de su desmantelamiento si finalmente se concreta la intención del Ejecutivo.

La vicesecretaria del PP comparó el carácter excepcional de la visita con las realizadas previamente solo a Hungría y Eslovaquia, dos países que han estado bajo un examen reforzado por parte de la Unión Europea. Fúnez insistió en el valor simbólico de la presencia de la delegación en el país y cuestionó el estado actual de la separación de poderes y la aplicación del marco legal. Además, hizo referencia a la coincidencia temporal de la visita con informaciones sobre Borja Cabezón, adjunto a la secretaría de Organización del PSOE desde julio de 2025, quien, de acuerdo con El Confidencial, habría empleado una red de empresas administradas por testaferros para evadir el pago de impuestos. El entramado, con conexiones en Reino Unido y Costa Rica, habría tenido como propósito ocultar la identidad de Cabezón, según la misma fuente.

En paralelo, la portavoz adjunta del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, calificó la postura del Gobierno de “descortés y antidemocrática” por considerar que Sánchez habría rehuido a la delegación de la Eurocámara ante el temor a que fiscalicen los casos de corrupción relacionados con su entorno, en relación a la noticia de su “íntimo amigo”. La dirigente del PP mencionó a figuras como Ábalos, Cerdán o el hermano de Sánchez, además de Cabezón, para sostener su argumento sobre la existencia de irregularidades en la órbita más cercana al presidente del Gobierno. Álvarez de Toledo manifestó que, a su juicio, España está “en un proceso de mutación de democracia plena a democracia degradada o incluso fallida”. La misma portavoz lamentó declaraciones recientes del propio Sánchez en las que solicitó a la Unión Europea “un rearme moral”, sin aludir a cuestiones controvertidas relacionadas con su entorno personal o político.

El presidente de la Comisión de Justicia del Parlamento Europeo, Javier Zarzalejos, otro dirigente popular, criticó que ni Pedro Sánchez, ni el ministro de la Presidencia Félix Bolaños, ni el titular de Interior Fernando Grande-Marlaska, hayan accedido a reunirse con la delegación europea integrada por cinco parlamentarios encargados de evaluar la situación del Estado de Derecho en España. Zarzalejos atribuyó la decisión al Gobierno central y señaló que la reunión había sido solicitada de forma unánime por todos los grupos políticos europeos, tal como reportó El Confidencial. Opinó que, aunque altos cargos tengan numerosas ocupaciones, una misión de estas características debería figurar entre sus prioridades.

A pesar de la ausencia de una cita con el Ejecutivo, Zarzalejos aseguró, según recogió El Confidencial, que el trabajo de la misión continuará y el informe de resultados se elaborará igualmente. Destacó que las reuniones mantenidas el lunes con representantes de asociaciones de jueces y fiscales, así como con organizaciones civiles como la Fundación Mujeres, la Fundación Pedro Zerolo y la Federación de Asociaciones de Periodistas Españoles (FAPE), han resultado satisfactorias y útiles para el objetivo de la delegación.

Por su parte, la eurodiputada neerlandesa Raquel García (Renew Europe), presidenta de la misión que completan Alessandro Zana (Socialdemócratas), Assita Kanko (ECR) y Jorge Buxadé (Vox-Patriotas), declinó adelantar datos concretos sobre el contenido de los encuentros, al considerar que deben reservar las valoraciones para el informe final que deberá someterse a revisión y presentarse en el plazo de un mes.

La polémica en torno a la transparencia del Gobierno de Pedro Sánchez, la investigación de los eurodiputados y las recientes informaciones sobre presuntos entramados de evasión fiscal en el entorno socialista han intensificado el debate público sobre el nivel de transparencia y el respeto a la legalidad en el país. Representantes del principal partido de la oposición subrayan que el escrutinio de la Unión Europea sobre España adquiere con esta visita un cariz poco habitual, comparable únicamente al seguimiento realizado sobre otros Estados miembros sometidos a controles reforzados por la situación de su Estado de Derecho.