Tras la decisión del Tribunal Supremo, Palestine Action continúa en situación de ilegalidad de manera temporal. Según informó Europa Press, la jueza Victoria Sharp del Tribunal Superior de Justicia explicó en su fallo que la organización permanecerá bajo esta condición hasta que el Gobierno británico valore la posibilidad de interponer una apelación. El asunto surge tras el recurso legal presentado por Huda Ammori, fundadora de Palestine Action, contra la decisión gubernamental de prohibir el grupo.
De acuerdo con lo publicado por Europa Press, el Tribunal Supremo del Reino Unido declaró este viernes ilegal la medida del Gobierno que proscribía a la organización Palestine Action. Esta decisión judicial responde a la apelación impulsada por Ammori, quien celebró públicamente el fallo: "Hemos ganado", expresó mediante sus redes sociales. Ammori destacó que para el tribunal, la prohibición impulsada por el Ejecutivo resultó "desproporcionada respecto a la libertad de expresión" y señaló que "la ministra del Interior (Yvette Cooper, en ese momento) violó sus propias políticas". El tribunal ordenó revertir la restricción que pesaba sobre la organización.
Según consignó Europa Press, la ilegalización de Palestine Action se había concretado en julio de 2025, cuando la entonces ministra del Interior, Yvette Cooper (actual ministra de Asuntos Exteriores), decidió colocar al grupo en una lista que lo equiparaba con organizaciones como Al Qaeda y Estado Islámico. Bajo esa normativa, tanto la pertenencia como el apoyo a la organización podían conllevar penas de hasta catorce años de prisión. Además, la mera exhibición de símbolos, como el uso de camisetas o pancartas con el nombre de Palestine Action, era objeto de sanción con hasta seis meses de cárcel.
El medio Europa Press detalló que estas disposiciones recibieron críticas de parte de numerosas organizaciones civiles, que argumentaron que dicho enfoque resultaba excesivo y sin antecedentes en la legislación del país. Los colectivos cuestionaron la proporcionalidad de las penas establecidas y las implicancias sobre derechos fundamentales como la libertad de expresión y la protesta pacífica.
El veredicto dado a conocer por la jueza Victoria Sharp implica que, si bien la prohibición fue considerada ilegal en su forma actual, la suspensión inmediata de su aplicación no se concretará hasta que el Gobierno decida si llevará el caso a una instancia superior. De acuerdo con lo reportado por Europa Press, esta situación mantiene a la organización fundada en 2020 en un estado de incertidumbre jurídica.
Desde su creación, Palestine Action ha estado vinculada a protestas y acciones directas contra empresas que, según la organización, colaboran con la fabricación de armamento destinado a operaciones militares en territorios palestinos. Esta actividad la convirtió en objeto de atención tanto por parte de las fuerzas de seguridad como de diversas instancias gubernamentales. La reciente confrontación legal se originó cuando las autoridades británicas decidieron aplicar el máximo rigor de la legislación antiterrorista vigente para actuar contra sus miembros y simpatizantes.
El fallo del Tribunal Supremo, detalló Europa Press, gira en torno a la evaluación de la proporcionalidad de la prohibición frente a los derechos protegidos por la legislación británica y tratados internacionales en materia de libertad de expresión y manifestación. Ammori y otros integrantes de la organización consideraron, desde el inicio, que la medida gubernamental violaba no solo el derecho a la protesta, sino que también infringía las propias normas y políticas previamente adoptadas por el Ministerio del Interior.
La revocación de la prohibición tiene impacto en los precedentes jurídicos respecto a la penalización de la pertenencia y apoyo a grupos políticos o activistas dentro del Reino Unido. Europa Press indicó que la decisión del tribunal ofrece un marco de referencia para futuros casos relativos a la aplicación de leyes antiterroristas en contextos de activismo político.
El Gobierno, por su parte, cuenta con un plazo determinado para decidir si apelará el fallo. Hasta tanto no se resuelva esa instancia, la condición legal de Palestine Action permanece en manos de las autoridades judiciales y políticas.
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