El Congreso aprueba la ley de multirreincidencia de Junts con apoyo de PSOE, PP, Vox y PNV y el rechazo de Sumar

El proyecto legislativo impulsado por Junts se registró en el Congreso en marzo de 2024 y atravesó un prolongado periodo de estancamiento en la Comisión de Justicia antes de recibir impulso definitivo, tras la ruptura de negociaciones entre Junts y el Gobierno. De acuerdo con la información publicada por el medio original, la reforma quedó finalmente aprobada por el Pleno del Congreso, contando con los votos de Junts, PSOE, PP, Vox, PNV y UPN, y se dirige ahora al Senado para completar su tramitación.

La iniciativa legislativa tiene como objetivo endurecer las sanciones contra quienes incurran de forma repetida en hurtos y estafas, reformando tanto el Código Penal como la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Según consignó el medio, la nueva regulación permitirá imponer multas de entre uno y tres meses cuando el valor de lo sustraído no supere los 400 euros, penalizando de forma más severa a quienes registren al menos tres condenas previas por delitos similares, en cuyo caso la pena podrá ascender a prisión de uno a tres años.

Durante el debate en el Pleno, la diputada de Junts Marta Madrenas argumentó frente a la cámara que la ley "nace del territorio, no de los despachos", tras un periodo prolongado de dilaciones y interrupciones en su tramitación. Madrenas defendió que la reforma representa un avance para combatir la impunidad y la calificó de herramienta útil tanto para jueces como para fiscales y cuerpos policiales.

Desde el Partido Popular, la portavoz parlamentaria Cuca Gamarra criticó con dureza la dilación previa en la tramitación del texto, interpretando el aumento de penas para la reincidencia en hurtos como una manera de dejar claro que "reincidir en España ya no sale gratis" y que la rentabilidad del delito debe desaparecer. La diputada del PP vinculó además el fenómeno de la multirreincidencia con la necesidad de enviar mensajes disuasorios a quienes decidan "venir a delinquir" en el país.

Por parte del Partido Socialista, el diputado Francisco Aranda advirtió sobre el riesgo de asociar inmigración y delincuencia, subrayando que "equiparar inmigración con delincuencia" implica "un discurso muy peligroso". Aranda recalcó que el Gobierno mantiene una visión distinta al punitivismo, explicando que el Ejecutivo actúa "desde la óptica de un Gobierno de izquierdas".

La aportación de Vox se centró en la intervención de Juan José Aizcorbe, quien calificó la reforma como "necesaria, pero no suficiente". Aizcorbe celebró que la realidad de la delincuencia habitual acaba por imponerse sobre las abstracciones jurídicas y sostuvo que el objetivo debe centrarse en evitar que España se perciba como un entorno de impunidad para multirreincidentes.

El portavoz adjunto del PNV, Mikel Legarda, defendió también la reforma sobre la base de que la legislación anterior resultaba "ineficaz" ante los comportamientos reiterados, generando la percepción social de que "por una puerta entra y por otra salen" quienes cometen hurtos y estafas.

En contraste con este bloque de apoyo, Sumar formalizó un rechazo frontal al endurecimiento de penas para la multirreincidencia. El portavoz de Interior de Sumar, Enrique Santiago, denunció que la reforma penaliza especialmente a "delincuentes de poca monta", mientras que "hay impunidad con los fuertes", y alertó de que el resultado de tales medidas proporciona mayor fortaleza a posiciones políticas de ultraderecha. En un sentido similar, Podemos también tildó la propuesta de "populismo punitivo". Bildu, con la intervención de Jon Iñarritu, consideró que el incremento de penas constituye el recurso típico de un modelo penalista ante el fracaso en la prevención y expresó su escepticismo sobre la utilidad de aplicar penas severas en casos de delitos leves.

ERC optó por la abstención tras llegar a un acuerdo con el Gobierno para incrementar la plantilla judicial en Cataluña en 180 nuevos jueces. La diputada de ERC Pilar Vallugera puntualizó que "la realidad no se cambia a golpe de Código Penal y Ley de Enjuiciamiento Civil", atribuyendo a la Administración de justicia la incapacidad para proporcionar una respuesta efectiva y ágil a los ciudadanos.

Dentro de los cambios introducidos mediante enmiendas debatidas en el Congreso, la reforma prevé, además del aumento de penas, la consideración particular de ciertas modalidades de hurto. De acuerdo con lo publicado en el medio original, la sustracción de dispositivos móviles u otros aparatos con datos personales integrará un agravante en la sanción, con la excepción de robos de terminales nuevos en tiendas. Otra de las modificaciones acordadas incorpora la posibilidad de sancionar de modo más severo los actos de estafa cuando se utilice engaño suficiente para inducir error, tomando en cuenta factores como el monto defraudado, el perjuicio económico para la víctima, las relaciones entre el afectado y el autor o los métodos empleados.

Asimismo, una enmienda consensuada con PSOE y PNV establece la opción de imponer medidas cautelares, como la prohibición de acudir a determinados lugares, municipios o regiones, o de aproximarse o comunicarse con ciertas personas, según la gravedad de cada caso.

Una modificación adicional, incorporada mediante enmienda oral por acuerdo de PP, PNV y Junts, contempla penas de prisión de uno a cinco años en los supuestos denominados de 'petaqueo', que abarca el apoyo logístico a narcolanchas. Estas penas se aplicarán a aquellos implicados en la adquisición, depósito, transporte o suministro de combustibles líquidos destinados a actividades ilícitas, en contra de la legislación vigente.

El medio detalló que la tramitación parlamentaria de la reforma se extendió durante cerca de dos años, con períodos de inactividad interrumpidos por la reactivación del expediente legislativo al producirse bloqueos en la negociación con Junts. El acuerdo logrado con el PSOE para reactivar la iniciativa legislativa supuso que, en apenas una semana, la Comisión de Justicia concluyera el debate y la reforma saliera adelante en el Pleno.

Esta ley llega tras un proceso caracterizado por distanciamientos entre las principales formaciones políticas, especialmente dentro del propio Ejecutivo, donde Sumar, junto a otros socios parlamentarios de izquierda como Bildu, BNG, Compromís y Podemos, manifestó de forma reiterada su desacuerdo con las nuevas medidas punitivas. Por el contrario, las formaciones de centro y derecha han interpretado el texto como una respuesta a la percepción social de impunidad frente a la reincidencia en hurtos y estafas.