Un jurado rechaza acusar a los congresistas demócratas que animaron a militares a desobedecer órdenes ilegales

El cierre del caso trajo consecuencias adicionales para algunos de los legisladores implicados, como el intento del secretario de Defensa, Pete Hegseth, de despojar del rango de capitán y de la pensión militar al senador Mark Kelly, quien respondió con una demanda contra el titular del Pentágono en enero. El jurado ciudadano decidió no avanzar con la acusación que contemplaba sanciones para seis congresistas estadounidenses que animaron a los militares a rechazar órdenes presidenciales consideradas ilegales, en el contexto de las operaciones contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.

Según publicó el diario ‘New York Times’, el panel de ciudadanos desestimó la denuncia presentada por la Fiscalía del Distrito de Columbia, a cargo de Jeanine Pirro, que perseguía un proceso formal contra los legisladores demócratas. El grupo estaba compuesto por los senadores Mark Kelly, ex capitán de la Marina, y Elissa Slotkin, antigua analista de la CIA; así como los representantes Jason Crow, exranger del Ejército; Maggie Goodlander, ex reservista de la Marina; Chrissy Houlahan, antigua oficial de la Fuerza Aérea, y Chris Deluzio, veterano de la Marina.

El origen de la acusación se remonta a una declaración conjunta de los seis legisladores, en la cual instaban a los miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses a cuestionar y, en caso de ser necesario, desobedecer instrucciones del presidente si consideraban que éstas contradecían la legalidad. Esta declaración fue emitida mientras se desarrollaban operaciones militares frente a embarcaciones sospechosas de participar en el tráfico de drogas, resultando en incidentes mortales en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico.

Según confirmó una fuente cercana recogida por el ‘New York Times’, la Fiscalía argumentó que los congresistas violaron una ley que impide interferencias con la lealtad, la moral o la disciplina de las Fuerzas Armadas. El equipo de fiscales, impulsados por las directrices de la fiscal Jeanine Pirro, buscaba responsabilizar penalmente a los legisladores bajo el supuesto de interferir en la estructura jerárquica y la operatividad militar.

La decisión del jurado se interpretó desde distintos ángulos entre los implicados. Tras conocerse el resultado, Elissa Slotkin expresó su conformidad con el desenlace y sostuvo que el proceso defendió tanto la Constitución como las libertades civiles: “Independientemente de lo que el presidente (Donald) Trump y Pirro sigan haciendo con este caso, esta noche podemos anotar un tanto en favor de la Constitución, de nuestra libertad de expresión y del Estado de derecho”. Slotkin también manifestó su oposición a la instrumentalización política del sistema judicial, en alusión al presidente Trump.

Por su parte, Mark Kelly se pronunció en términos críticos respecto a lo que calificó como abuso de poder de la administración de Trump. Según consignó el ‘New York Times’, Kelly consideró que el objetivo de Trump era “que todos los estadounidenses tengan demasiado miedo como para hablar en su contra”, y afirmó: “Lo más patriótico que podemos hacer es no ceder”. Los seis congresistas habían sido objeto de repetidas solicitudes públicas por parte de Trump, quien reclamaba penas de prisión para ellos bajo alegatos de sedición.

En el marco del mismo caso, el senador Kelly también enfrentó un proceso administrativo a instancias del secretario de Defensa, Pete Hegseth, que pretendía privarlo de su rango militar y su jubilación asociada. Esta iniciativa motivó que Kelly presentara una demanda contra el secretario de Defensa en enero, lo que agregó otra dimensión al enfrentamiento institucional provocado tras la declaración pública del grupo.

Tal como detalló el ‘New York Times’, la resolución del jurado representa un freno a los intentos de llevar a juicio a estos liderazgos legislativos, quienes cuentan con experiencia directa en las Fuerzas Armadas o los servicios de inteligencia estadounidenses. La controversia surgida por la declaración conjunta y sus consecuencias judiciales ha desencadenado un debate sobre los límites de la expresión política, el papel de los legisladores en la supervisión militar y la utilización de la justicia en el entorno político nacional.

En este contexto, la acusación formal descartada reflejaba el debate subyacente sobre la autonomía de las fuerzas armadas frente a las órdenes presidenciales, especialmente cuando se plantean interrogantes sobre la legalidad de dichas instrucciones. Los hechos denunciados involucraban, según el relato registrado por el ‘New York Times’, la intención de garantizar el cumplimiento de la normativa internacional durante intervenciones contra redes de tráfico de drogas en zonas marítimas internacionales.

La resolución del jurado ciudadano marca el final, al menos por el momento, de este episodio judicial que involucró a senadores y representantes con antecedentes militares y de inteligencia, en una confrontación abierta con la Casa Blanca y el alto mando del Pentágono, bajo la perspectiva de un posible abuso de las herramientas institucionales con fines políticos, según la visión expresada por los propios legisladores implicados y recogida por la prensa estadounidense.