Thaci denuncia “contradicciones” de Fiscalía y niega plan criminal para controlar Kosovo

Guardar

La Haya, 11 feb (EFE).- La defensa del expresidente kosovar Hashim Thaci sostuvo hoy ante el Tribunal Especial para Kosovo (TEK) que la Fiscalía ha incurrido en “contradicciones” y no ha probado la existencia de un "plan criminal" en el Ejército de Liberación de Kosovo (UCK) para “ganar y ejercer control sobre todo Kosovo” mediante crímenes de guerra y de lesa humanidad.

En su alegato final este miércoles, el abogado de Thaci, Luka Misetic, calificó el caso de “internamente incoherente” y aseguró que “no había ese control de mando, ni hay prueba creíble de que se interpretaran los comunicados (del UCK) como una política para cometer crímenes contra personas consideradas obstáculo para un supuesto plan de tomar el control de Kosovo”.

Thaci, que ha seguido la sesión con aspecto serio y escuchando con atención las intervenciones usando la interpretación a través de sus auriculares, es -insistió su abogado- “inocente” de los cargos de persecución, detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y asesinatos de opositores, crímenes que le imputa la Fiscalía y por los que pidió una pena de 45 años de prisión.

El letrado subrayó que la acusación considera al exjefe del Estado Mayor del UCK, Bislim Zyrapi, un “testigo creíble”, y señaló que éste, en su testimonio, confirmó que “no tenía conocimiento de ninguna política del Estado Mayor dirigida contra supuestos colaboradores ni de participación alguna de Hashim Thaci en tal política”.

Y Zyrapi, según la defensa, lleva dos décadas manteniendo “una versión consistente”: que no hubo órdenes del Estado Mayor sobre detenciones hasta finales de noviembre de 1998 y que esas detenciones eran gestionadas por los comandantes de zona.

Sin embargo, en opinión de Misetic, la Fiscalía “intenta restar valor a su prueba exculpatoria alegando que no pertenecía al supuesto círculo interno de los acusados y que no tenía la confianza plena de todos los miembros del UCK”.

El letrado lamentó que la Fiscalía pretende que el tribunal acepte una tesis en la que un supuesto "plan criminal" habría pasado inadvertido para altos funcionarios internacionales, países de la OTAN que intervinieron en 1999 y para el propio jefe del Estado Mayor del UCK, mientras a la vez considera que el plan se transmitía a niveles inferiores a través de comunicados y declaraciones públicas.

En ese punto, Misetic consideró que hay “una contradicción central” en el argumento de la Fiscalía, puesto que esta sostiene que el UCK tenía un sistema centralizado de mando y control, capacidad de emitir órdenes vinculantes y de imponer disciplina, pero, subrayó, a la vez sostiene que la vía para comunicar esa supuesta política criminal fue pública, órdenes “que los soldados tenían que obtener a través de los medios”.

Para la defensa, si existiera un "plan criminal" conjunto, se habría transmitido mediante órdenes internas y comunicaciones directas, algo que, asegura, la Fiscalía no ha mostrado, y rechazó que la existencia de centros de detención pruebe por sí misma un "propósito criminal".

El abogado sostuvo así que la Fiscalía no ha demostrado que Thaci ejerciera un control real sobre las direcciones política y de comunicación del UCK, ni que redactara o supervisara comunicados o declaraciones públicas que sustentaran el supuesto "plan criminal".

Los equipos de la Fiscalía y la defensa pronuncian esta semana los alegatos finales en el proceso en marcha que enfrenta a Thaci y a otros exdirigentes del UCK ante el TEK por crímenes presuntamente cometidos durante y después del conflicto de 1998-1999 en Kosovo.

Junto a Thaci, enfrentan cargos Kadri Veseli, expresidente del Parlamento kosovar y líder del Partido Democrático de Kosovo PDK; Rexhep Selimi, jefe del grupo parlamentario opositor Vetevendosje; y Jakup Krasniqi, presidente del consejo nacional del partido Iniciativa Socialdemócrata. Todos se han declarado inocentes de todos los cargos.

El TEK está integrado en el sistema judicial kosovar, pero tiene sede en La Haya para proteger a los testigos, garantizar la independencia judicial y la integridad de pruebas esenciales. EFE