Los migrantes que accedan a la regularización podrán viajar dentro de la UE pero no residir ni trabajar

La Comisión Europea recalcó recientemente que los permisos de residencia que el Gobierno español conceda en su proceso de regularización extraordinaria no otorgan libertad total de residencia ni de trabajo en el resto de los países de la Unión Europea. De acuerdo con Europa Press, el comisario europeo de Migración, Magnus Brunner, advirtió que contar con este tipo de permiso no “es un cheque en blanco” para desplazarse y establecerse en cualquier país del bloque comunitario, enfatizando que se mantienen reglas claras que regulan los derechos de los beneficiarios en el espacio Schengen.

Tal como reportó Europa Press, los migrantes que logren la regularización podrán desplazarse como turistas por los países que integran la zona Schengen —incluidos los miembros de la Unión Europea, Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein—, pero quedarán sujetos a un límite de noventa días en un periodo de seis meses y no tendrán derechos de residencia ni de empleo fuera de España. Francisco José Rojo, abogado de Accem, explicó a Europa Press que la legislación vigente en España y en la Unión Europea solo permite que las personas con permiso de residencia español vivan y trabajen en España. “No es un permiso que permita residir y trabajar en todo el territorio de la Unión Europea. A lo que sí que tendrían derecho es a viajar como turistas”, subrayó Rojo al medio.

Europa Press detalló que, en caso de que algún beneficiario de la regularización sea detectado residiendo ilegalmente en otro país de la UE, la normativa obliga a su regreso a España, país donde se le concedió el permiso. Este control responde tanto al cumplimiento de las normativas nacionales como al interés de los socios europeos en que la aplicación de estas medidas no cause consecuencias negativas dentro del bloque.

El proceso de regularización extraordinaria ha sido impulsado por el Gobierno español y, según explicó Francisco José Rojo a Europa Press, se dirige principalmente a personas que llevan tiempo en el país y han quedado fuera de los procedimientos ordinarios de regularización, incluidas aquellas con solicitudes de protección internacional pendientes o denegadas. Rojo considera que el proceso no impactará a otros estados de la UE, ya que “es gente que su proyecto migratorio lo quiere desarrollar en España y esta medida lo que va a hacer es permitirle desarrollar este proyecto en situación de legalidad y poder acceder al trabajo en las mismas condiciones que el resto de personas que residen en España, afiliadas a la Seguridad Social y con un contrato de trabajo legal”.

Europa Press indica que otro aspecto relevante es la inminente entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo el 12 de junio de 2026, instrumento que pretende limitar los llamados “movimientos secundarios” de los solicitantes de asilo. El abogado Rojo apuntó que este pacto establece que las personas que soliciten protección internacional deben hacerlo en el primer país de la Unión Europea al que lleguen y deben permanecer en él hasta que se determine el país responsable de tramitar la solicitud. El experto negó la posibilidad de que la regularización suponga un “efecto llamada”, dado que solo podrán acceder quienes ya residan en España antes del 31 de diciembre de 2025 y acrediten una estancia mínima continuada de cinco meses al presentar la solicitud. Esto, según publlicó Europa Press, dejaría fuera a personas que lleguen al país en fechas posteriores.

El proceso de regularización sigue el marco europeo, donde la competencia en materia de extranjería corresponde a cada país miembro de la Unión. Así, el Consejo de Ministros español decidió el 27 de enero comenzar la tramitación por vía de urgencia para la regularización de más de medio millón de migrantes. Esta iniciativa surgió tras un acuerdo entre el PSOE y Podemos. Europa Press reportó que el proyecto de Real Decreto modifica el Reglamento de la Ley Orgánica que regula los derechos y libertades de las personas extranjeras en España. Aunque el texto aún no es definitivo, retoma los principios de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) respaldada por más de 700.000 firmas ciudadanas y aceptada en el Congreso de los Diputados en 2024 por todos los grupos excepto Vox, aunque su tramitación ha estado bloqueada.

La Secretaría de Estado de Migraciones, consignó Europa Press, recibió 350 aportaciones durante la audiencia pública, concluida el 6 de febrero, y actualmente estudia las propuestas remitidas para incorporarlas al texto lo antes posible y avanzar con la tramitación urgente.

El Ejecutivo español ha detallado que los principales requisitos del proceso incluyen la necesidad de acreditar residencia en territorio español antes del 31 de diciembre de 2025 y haber permanecido en el país durante al menos cinco meses de forma continuada antes de presentar la solicitud. Para probar estos periodos serán aceptados todo tipo de documentos oficiales y privados, de manera individual o conjunta. Los solicitantes de protección internacional deberán haber presentado su petición antes de esa fecha, bastando con dicha documentación.

Otro criterio fundamental será la ausencia de antecedentes penales y no representar una amenaza para el orden público. Los extranjeros que superen estas fases obtendrán inicialmente una autorización de residencia temporal en España, válida por un año. Superado este periodo, podrán optar a los procedimientos ordinarios contemplados en el Reglamento de Extranjería, lo que facilitará su integración progresiva en la sociedad y el tejido laboral.

El alcance potencial de la regularización es amplio y cubre a personas que se encuentran en España desde hace tiempo, independientemente de su nacionalidad, siempre que cumplan los requisitos señalados. Además, la medida contempla la regularización de los hijos menores de los solicitantes que se hallen en el país, quienes accederán a un permiso específico de cinco años de duración, informó Europa Press.

De acuerdo con el medio, la regularización extraordinaria que tramita el Gobierno se ajusta a los mecanismos legales nacionales y a los compromisos internacionales de España, sin vulnerar las competencias de los demás miembros de la Unión Europea. Las directrices europeas y nacionales apuntan a mantener un equilibrio entre la integración de migrantes regularizados y el control de desplazamientos a otros países del espacio Schengen, limitando su permanencia a estadías turísticas y no permitiendo nuevas residencias o empleos en otros estados, salvo España.