
Al referirse a su secuestro en el Cauca, Aida Quilcué relató que los agresores los obligaron a bajar del vehículo, los llevaron a un lugar desconocido y les exigieron que guardaran silencio mientras esperaban instrucciones. Según contó la senadora, junto a ella también resultaron afectados sus escoltas, quienes, tras el episodio, se encuentran en buen estado de salud. Quilcué resaltó que resultó determinante la presión ejercida por la sociedad colombiana, así como la intervención del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y la Fuerza Pública, quienes contribuyeron de manera significativa a su liberación y a la de su equipo.
De acuerdo con lo publicado por la agencia Europa Press, Quilcué, integrante del partido de gobierno Pacto Histórico liderado por el presidente Gustavo Petro, advirtió sobre lo que califica como “exterminio físico y cultural” de los pueblos indígenas del sur de Colombia. En sus primeras declaraciones tras recuperar la libertad, la parlamentaria subrayó que el nivel de amenaza no solo la involucra a ella, sino que se extiende a otras autoridades, integrantes de la comunidad, jóvenes, miembros de la guardia indígena, mujeres y líderes locales. “Como dijo la Corte Constitucional, estamos ante un exterminio físico y cultural. Y los que seguimos luchando por la vida y la dignidad, estamos en riesgo”, declaró la senadora, según consignó Europa Press.
La senadora agradeció de forma enfática la labor de quienes contribuyeron a su rescate y la solidaridad recibida tanto a nivel local como nacional. Quilcué afirmó que la movilización de distintos sectores nacionales contribuyó a su liberación. “La presión hizo que saliéramos de ahí”, expresó al medio Europa Press. Atribuyó el éxito de la operación a la coordinación y respuesta conjunta entre el CRIC y la Fuerza Pública, y agradeció el respaldo social demostrado en toda Colombia durante su retención.
Según declaraciones recogidas por Europa Press, los hechos ocurrieron cuando Quilcué y su equipo viajaban desde el municipio de La Plata, en el Huila, rumbo a la ciudad de Popayán. En el trayecto, a la altura de un páramo, fueron interceptados por un grupo de hombres armados sin identificar. Los captores no se identificaron ni aludieron a pertenecer a ningún grupo específico; exigieron silencio a sus víctimas y señalaron la necesidad de esperar instrucciones por parte de sus superiores. De manera repentina, según describió Quilcué, los secuestradores abandonaron el lugar y dejaron solos a los retenidos.
El medio Europa Press contextualizó la trayectoria de Aida Quilcué, recordando su reconocimiento nacional por la defensa de los derechos humanos: en 2021 fue galardonada con el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia. Además, su carrera política ha estado respaldada por el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS). Quilcué trabajó como consejera de Derechos Humanos y paz para la UNESCO, lo que la posicionó en el ámbito internacional. Sin embargo, su exposición también la ha convertido en objetivo de amenazas: en 2022 denunció ante las autoridades haber recibido más de cien amenazas de muerte.
En relación a las situaciones de violencia político-social en la región, Europa Press reportó antecedentes graves en la vida personal de la parlamentaria. Edwin Legarda, esposo de Quilcué, falleció en 2008 a causa de disparos efectuados por soldados mientras se desplazaba en automóvil hacia Popayán. Este caso fue condenado públicamente por diversas organizaciones indígenas y por la ONG Amnistía Internacional.
El contexto en el que denuncia la senadora Quilcué su situación se da pocos días después de que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) haya admitido su responsabilidad en el atentado contra el senador Jairo Castellanos, incidente en el que murieron dos de sus escoltas, según informó Europa Press. El ELN justificó su accionar afirmando que su propósito era evitar enfrentamientos armados en la zona de Arauca, argumentando que el equipo de seguridad del senador no respetó los controles impuestos por la guerrilla.
Europa Press resaltó que las acciones violentas contra líderes políticos, defensores de derechos humanos y comunidades indígenas en el sur de Colombia evidencian un entorno de alto riesgo para quienes desempeñan labores de liderazgo social y político. La situación descrita por Quilcué refuerza el reclamo histórico de los pueblos originarios por protección ante amenazas crecientes y ataques directos que ponen en peligro su integridad física y cultural.
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